“Los hombres jamás se sienten satisfechos, y una vez conseguida una cosa, no están contentos con ella, sino que desean otra” (Maquiavelo).
La cita del ideólogo florentino del Renacimiento, principal teórico del poder, cabe como anillo al dedo del gobernador Juan Schiaretti. El cordobés entiende la lógica del poder con toda claridad. Igual que la entendió su socio José Manuel De la Sota. Por eso, el peronismo cordobés y sus aliados temporales sostienen el poder provincial desde 1999, sin interrupciones y sin dobleces. Lo que no han podido coronar es a causa de factores exógenos, como la crisis de la Convertibilidad de 2001/2002.
Durante los comicios de 2019, Schiaretti “pactó” con el ex presidente Mauricio Macri la división de Cambiemos entre el radical Mario Negri, el más “amarillo” de los radicales, y el ex intendente, Ramón Mestre. A cambio, no brindó nunca su apoyo al Frente de Todos que impulsaba la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a quiénes, disfrazado de “zorro”, sólo liberó de sus ataduras a un sector “minoritario” del PJ, el que encabezan el senador Carlos Caserio y el intendente de Villa María en uso de licencia, Martín Gill. Resultado: la fórmula de Hacemos por Córdoba venció en la provincia y en la capital, donde dividido, Cambiemos entregó el único gobierno desde el que podía conformar una oposición con “posibilidades”. Por el otro lado, Macri volvió a vencer en Córdoba con claridad y Fernández, si bien hizo una buena elección teniendo en cuenta los antecedentes, apenas atrajo a un tercio del electorado.
Al control de la Justicia que ya tenía, le sumó, luego de aquellos comicios, los dos tercios de la Legislatura provincial, con lo que desde diciembre de 2019 tiene la discrecionalidad de sacar o poner a cualquier juez o fiscal de la provincia.
Sin o con poca incidencia legislativa y sin el manejo de grandes administraciones (la UCR, por ejemplo, sólo gobierna ciudades medianas como Jesús María, Río Tercero o Bell Ville), la oposición política de tierra adentro es raquítica y, por el momento, carece de capacidades suficientes para cuestionar semejante acumulación de poder real. Dentro de ese contexto, la Legislatura ha sido convertida por la gestión provincial en una escribanía para dar fe de la juridicidad de sus actos y posesiones. Siempre tuvo ese matiz, pero nunca al nivel del presente.
Tampoco es un problema para Schiaretti la versión del peronismo albertista y kirchnerista. Los primeros –Caserio y Gill- actúan como bisagra del vínculo Provincia-Nación y los segundos hacen un “seguidismo” funcional a la estrategia del PJ cordobés. Ni siquiera abrieron debate en el caso Vicentin, donde existía una oportunidad de diferenciación del discurso y el posicionamiento político entre los grupos peronistas y, por lo tanto, de apertura de un espacio de desarrollo propio. La unidad en la diversidad que impone Schiaretti se produce por debajo de la superficie, con militantes de todos los sectores empleados en las distintas funciones de los gobiernos provincial y municipal. Es decir, unos y otros, por acción, omisión o conveniencia, atan su suerte a la del gobernador.
Pero como bien señala Maquiavelo, el Príncipe no desea sólo una porción del poder, sino a todo el poder. Dentro de ese esquema, Schiaretti da pasos, desde 2018, para demoler a las únicas (y solitarias) estructuras sindicales que por su tamaño, incidencia económica en el sector público y valor simbólico en el imaginario social, pueden abrir alguna grieta en el poder en un eventual choque o crisis.
En EPEC avanzó sobre el Convenio Colectivo, los salarios y la influencia sobre el manejo de la empresa, con un típico ajuste neoliberal. Para lograrlo le tiró todo el peso del poder (político y judicial) a Luz y Fuerza, hasta arrinconarlo junto a la foto de Agustín Tosco y si bien la estructura del sindicato se mantiene, su capacidad de acción ha sido “maniatada”.
El intendente de la capital cordobesa, Martín Llaryora.
Martín Llaryora (PJ), el intendente de la capital provincial, siguiendo otra máxima de Maquiavelo, saltó sobre la yugular de los sindicatos municipal y de choferes de colectivos: “No hay nada más fácil de alcanzar como aquello que el enemigo cree que tú no puedes intentar”, decía el florentino. A los dos les ha bajado sus salarios en plena pandemia y los ha obligado a negociar una paz “impropia”, azuzando el miedo a los despidos y el hambre. Y si eso no resulta suficiente, dirigentes y trabajadores deben lidiar con causas penales por movilizarse durante la cuarentena.
Parece increíble, pero Córdoba tiene una proporción de causas penales contra sindicalistas que debe ser récord mundial. No hay dirigente sindical de los gremios adversarios del gobierno que no haya viajado hasta tribunales para estampar su huella digital en algún expediente.
Nadie que busque el poder absoluto le hace bien a una sociedad. Pero algo diferente no depende de un acto voluntario del Príncipe. Requiere de la existencia de una fuerza contraria, que por su potencia y deseo de poder, imponga una necesidad de negociación a quien gobierna. Ese acto consciente es el que parece estar debilitado entre todos los que no forman parte del circuito de poder oficial.
Mientras, Schiaretti avanza y “limpia” el territorio de potenciales adversarios. Se sabe, las crisis pueden alentar rebeldías, pero para que no sean un suicidio requieren de estructuras y liderazgos para que puedan coronar en un cambio de ciclo. Hoy, los argentinos estamos parados sobre una doble crisis: económica y sanitaria. El ataque de las gestiones provincial y municipal sobre los derechos y salarios de municipales, choferes, lucifuercistas y recolectores de residuos va, entonces, en esa dirección, independientemente del color y conductas de sus dirigentes.
Sin embargo no es el único objetivo: también, cada avance sobre el “cuco” sindical, ha buscado sacudirse el “control” de los trabajadores sobre la marcha del Estado y sobre la posibilidad de que estos impongan un rumbo distinto a la gestión pública. El primer término de la oración apunta a los “negocios” que siempre existen al calor de cualquier estructura económica; y el segundo, a la disputa por una sociedad más igualitaria.
Dicho de otro modo, sin control político, judicial o sindical, sólo es esperable una sociedad más débil y sumisa; un menor desarrollo y crecimiento económico; una mayor desigualdad social; y también, una creciente corrupción.
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