Desde hace años, el servicio de transporte público automotor en casi todas las ciudades de la República Argentina, está padeciendo el funcionamiento irregular de un servicio de transporte de personas ilegal, a través de aplicaciones no habilitadas desde el Estado.
Esto está provocando severos problemas económicos (a nivel recaudatorio), laborales, y pone en peligro miles de fuentes de trabajo.
Ante este cuadro de situación inaceptable, hay municipios con decisión política como el de Huerta Grande, en donde se prohibió el funcionamiento de Apps de transporte de personas que no sean taxis o remises. La iniciativa, de la que participé, fue impulsada por la concejal Natalia Ariza y se convirtió en la Ordenanza -N° 1551/2024.
En la Ciudad de Córdoba rige la Ordenanza 13394 (modificación del art. 181 de la Ordenanza 12468 Código de Convivencia Municipal), en donde se imponen sanciones cuando un viaje sea concertado por medio de una Central, Agencia o Aplicación no habilitada. Creo que esta Ordenanza es insuficiente e ineficaz (podríamos decir que no aborda en forma contundente y efectiva, la prohibición de las apps ilegales).
El más evidente ejemplo de ello, es que basta ingresar a las páginas web de los principales medios de comunicación de Córdoba, a Facebook, YouTube, incluso en pantallas de los principales shoppings de nuestra ciudad, para ver que en la cara de las autoridades municipales, pero también en la cara de los propios taxistas y de remiseros, estas apps hacen permanentemente publicidad de su pleno funcionamiento local e invitan asimismo a personas, a sumarse para brindar este servicio ilegal de transporte de personas.
Esto constituye toda una provocación no solo a las autoridades municipales, sino principalmente a todos los taxistas y remiseros cordobeses. En otras ciudades, se está empezando a abordar este flagelo. Hay algunas, en las que los representantes legislativos se resisten a legislar en defensa del transporte público automotor local (evidentemente poniéndose de lado de intereses extranjeros, por encima de intereses nacionales).
Hay que ir a hablar personalmente con cada concejal de cada localidad de Argentina para que se exprese de qué lado está: ¿del de los taxis y de los remises o de las apps ilegales (en su gran mayoría extranjeras)? En esto no pueden existir grises. O se defienden los intereses de la Patria o se defienden intereses que van en contra de la propia Patria y en especial, de los trabajadores nacionales.
Desde el propio Estado, se debe proteger la actividad legal de transporte de público automotor de pasajeros llevada adelante por taxis y remises, y que se encuentra regulada mediante la normativa pertinente.
Es necesario advertir, que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la Ley, sin habilitación, y que sea publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; generan una clara competencia desleal en relación a los taxis y remises, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad, no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados), no tienen radio, GPS, botón de pánico, ni inspecciones municipales, cualquiera se sube o se baja del auto, evaden impuestos, tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, y terminan, en definitiva, tercerizando como así precarizando laboralmente la actividad de taxis y remises.
Además, no cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas serían responsables solidarios, por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros. Tampoco tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales.
La dirigencia política no puede ser más indiferente a este tema. El servicio que brindan taxis y remises, funciona por dentro de la Ley. El servicio que brindan las apps no habilitadas, funciona por fuera de la Ley.
Excepto que haya representantes legislativos que apoyen la fuga de capitales, la evasión tributaria, la precarización laboral al máximo, la competencia desleal, y que deseen fervientemente la pérdida de todas las fuentes de trabajo del sector del taxi y del remis y la desaparición de ambas actividades, no debería haber un solo Concejo Deliberante en toda nuestra Nación, que no decida prohibir este servicio ilegal hasta tanto el Congreso Nacional sancione una Ley que los regule (principalmente que los obligue a pagar impuestos, y a tener a sus trabajadores en relación de dependencia conforme lo fijan las leyes laborales, entre otras cosas más).
No hay más tiempo para excusas, para distracciones, para seguir mirando hacia otro lado. Los Legisladores locales tienen la obligación de representar en serio al pueblo que los votó, dando soluciones a las distintas necesidades existentes. Esta es una de ellas. Si no lo hicieron, que Dios y la Patria se los demanden.
* Carlos Cafure es abogado laboralista.
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