El tribunal presidido por el juez Falcucci, al centro. No dictó condenas en la causa Pino Cano. (Foto: Mariano Paiz).
El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Córdoba finalizó ayer, sin ninguno de los imputados condenados. El Tribunal Oral Federal N°1 decidió declarar inocentes de todos los cargos a los militares Víctor Pino Cano, Luis Alberto López y Enrique Pedro Mones Ruiz, que llegaron acusados de haber participado del fusilamiento de 13 presos políticos que habían sido retirados de la Unidad Penitenciaria 1 de barrio San Martín, en 1976, para ser aniquilados en falsos intentos de fuga. Si bien ya se habían dictado absoluciones en juicios de lesa humanidad en Córdoba, este es el primer caso donde no hay condenados.
El fallo, en principio, no causó demasiadas sorpresas puesto que los fiscales Maximiliano Hairabedian y Facundo Trotta habían pedido condena perpetua en sólo un hecho para Pino Cano, absolución para Mones Ruiz y 12 años de prisión para López. Incluso, la querella que representa a Familiares de Desaparecidos e Hijos en Córdoba había solicitado absoluciones. Los tres imputados habían sido sobreseídos por estos mismos hechos antes de 2010, durante el Juicio Videla. La Cámara Federal de Apelaciones resolvió revocar esos sobreseimientos y elevar a juicio. Esa diversidad de opiniones hacía que para las partes sea más complejo acusar.
“No nos sorprendió el fallo, había antecedentes en los que el Tribunal había fallado de igual manera en casos similares. De todas maneras, nosotros consideramos que existen elementos para condenar en algunos casos, por lo que analizaremos los fundamentos y eventualmente la posibilidad de apelar”, dijo el fiscal Facundo Trotta a ENREDACCIÓN.
En la misma línea, el abogado Claudio Orosz, que representó a Familiares de Desaparecidos e Hijos Córdoba: “Salvo que surgiera algo en la audiencia, y eso no ocurrió, no me daba la impresión de que pudiéramos tener certeza para acusar. Estamos en el marco de un proceso de justicia: cuando hay pruebas, hay condenas, cuando no hay pruebas hay absoluciones. Si no seríamos igual que los genocidas”.
UN JUICIO DISTINTO
En cuanto el presidente del TOF 1, Julián Falcucci, terminó de leer el veredicto, la pequeña sala de audiencias del segundo piso se llenó de un silencio incómodo. Un grito de Rosario Rodríguez, esposa de Pablo Balustra, uno de los fusilados, cortó el silencio: “¡Treinta mil compañeros desaparecidos!”. “Presentes”, contestaron todos.
A menos de dos metros, estaba ex subteniente del regimiento de Infantería Aerotransportada, Luis Alberto López, el único de los acusados que siguió el juicio desde la sala en Córdoba. Los otros dos imputados la observaban por videoconferencia. Luego López se retiró caminando, libre, y cruzó entre el gentío compuesto mayoritariamente por familiares de víctimas, sin que nadie lo agreda, ni le dediqué un solo insulto. Era la primera vez que López enfrentaba un juicio por crímenes contra la humanidad, a diferencia de sus otros dos colegas, que ya fueron condenados por otros hechos.
Afuera, Rosario Rodríguez dijo a ENREDACCIÓN: “Hicimos lo que se pudo. Nosotros vinimos por verdad y justicia. Y si no hay pruebas no hay verdad”. Entre lágrimas, con la voz cortada, la mujer dijo que guardaba “una esperanza de una condena” y por eso se quebró cuando escuchó la lectura del veredicto.
“Pero no me sentiría bien si alguien va preso por algo que se me ocurre sólo a mí. Son contradicciones que tengo y que anoche me acompañaron sin dejarme dormir, no daba más de los nervios, pero me tranquiliza pensar que hicimos todo lo que pudimos”, dijo.
Pablo Alberto Balustra había quedado hemipléjico tras una paliza feroz recibida en uno de los pabellones, por parte del personal del Ejército. El 11 de octubre de 1976 fue trasladado junto a Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto. Todos fueron asesinados y presentados ante la sociedad como víctimas de un tiroteo en en un falso intento de fuga.
SIN FECHA DE JUICIO
El calendario judicial 2017 tiene dos causas por delitos de lesa humanidad pendientes. Uno es el que acaba de culminar, como desprendimiento del juicio Videla, de 2010. El otro juicio también es un desprendimiento de aquel caso, en el que se juzgó los fusilamientos de 31 presos políticos del penal de San Martín, en 1976. Es conocida como la causa “de los magistrados” y tiene como imputados a cinco ex jueces, fiscales y defensores oficiales acusados de encubrir las torturas y las ejecuciones de los detenidos.
Se trata de la “causa maldita” de la justicia federal cordobesa. Desde que el expediente fue iniciado, en septiembre de 2007, al menos una decena de funcionarios judiciales cordobeses decidieron apartarse o fueron recusados por “amistad íntima” con los acusados. Por eso el tribunal se conformó con jueces de otras provincias: José Quiroga Uriburu, de La Rioja, y Juan Carlos Reynaga, de Catamarca.
El juicio debía comenzar el próximo 27 de abril, pero, como adelantó este medio hace un mes, nuevamente fue postergado. Esta vez, la razón es que el juez Reynaga no podrá hacerse cargo esa fecha, ya que se encuentra en pleno juicio por el Operativo Independencia” en Tucumán.
Falcucci, juez que llevará adelante el juicio contra los magistrados, pero encabezando el Tribunal Oral 2, pidió hace tres semanas a la Cámara Nacional de Casación Penal que nombre otro juez para poder cumplir con la fecha de inicio. La Cámara designó a la jueza santafesina María Ivonne Guadalupe Vella pero, según pudo saber ENREDACCIÓN, la magistrada rechazó la designación aduciendo que también tenía “mucho trabajo” en su tribunal.
Ahora, desde el tribunal, confirmaron que seguirán esperando que la cámara designe un juez, pero, aclaró una fuente, “lo que es seguro es que el 27 no empezamos”.
waldo.cebrero@enredacción.com.ar
Más vías de contacto:
Redacción: [email protected]
Lectores: [email protected]
Equipo de Investigación: [email protected]
