La diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos, Córdoba) presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente, conocido como “Ley Alfonso”.
“El proyecto es un homenaje a Alfonso (Oliva) y una caricia para todas esas personas que están atravesando una enfermedad incurable o un padecimiento crónico con un sufrimiento tan insoportable como innecesario”, explicó Estévez sobre la iniciativa.
Detalló que “busca garantizar a todas las personas que se encuentran o puedan encontrarse en el futuro en esta situación, la libertad de elegir una buena muerte. El Estado no puede obligar a las personas a atravesar el final de su vida en condiciones de sufrimiento inhumanas. Por el contrario, debe respetar su autonomía de la voluntad y proteger su dignidad humana”.
Los principales puntos del proyecto presentado por la diputada kirchnerista son los siguientes:
-“Se incluye la prestación de ayuda para morir dignamente en el Programa Médico Obligatorio y en el Programa de Garantía de Calidad de la Atención Médica”.
-“La prestación se puede producir en dos modalidades: la administración directa al/a la paciente de una sustancia por parte de un/a profesional de la salud competente; o la prescripción o suministro al/a la paciente por parte de un/a profesional de la salud competente de una sustancia, de manera que este/a se la pueda auto administrar”.
-“Para poder recibir la prestación el/la paciente debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; tener nacionalidad argentina o residencia permanente no inferior a un año, tener mayoría de edad y ser plenamente capaz; y solicitar la prestación de manera libre, voluntaria e informada. En los casos que el/la paciente sea declarado/a incapaz o no pueda manifestar su voluntad, sólo se le dará curso a la prestación si existe directiva anticipada”.
-“En el proceso interviene un/a médico/a responsable, un/a médico/a consultor/a que no pertenece a la misma institución que el/la primero/a, y una consejería conformada por psicólogos/as y psiquiatras, quienes deben certificar la situación del paciente, su voluntad de morir dignamente y su plena capacidad para tomar la decisión”.
-“Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los/as profesionales de la salud, en los mismos términos que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
-“Se crea una Comisión Nacional de Evaluación y Control con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y proteger los derechos de los/as pacientes”.
Según relató Estévez, la iniciativa comenzó a elaborarse en el año 2018 a partir de un compromiso asumido por la diputada con Alfonso Oliva, un jóven cordobés que padecía E.L.A. (esclerosis lateral amiotrófica), que falleció en 2019. El proceso de redacción del proyecto contó con el asesoramiento del médico Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en bioética, y de la abogada Marisa Herrera, especialista en derecho civil.
La iniciativa también fue suscripta por las diputadas nacionales Mara Brawer, Carla Carrizo, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Cecilia Moreau, Florencia Lampreabe y Jimena López.
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