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El texto que sigue a continuación es el capítulo de Introducción del libro de investigación periodística titulado “Mackentor, crónica de un saqueo (Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado)”, cuya autoría me corresponde y que será publicado próximamente.
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“Ahí vienen los de Mackentor”, dicen que decían ingenieros y contadores de las grandes empresas constructoras que operaban en los años 50, 60 y 70 cuando llegaban con sus propuestas y ofertas a las licitaciones. Era una expresión de respeto, pero también de temor, porque la compañía de Natalio Kejner no descansaba en acuerdos o pactos preexistentes, ni en el origen de nadie para cimentar su destino.
Por eso, todos en Mackentor –y fuera de ella- creyeron que iban a lograrlo. Hoy, todos todavía se preguntan cómo diablos terminaron como terminaron: sin un centavo, perseguidos y sin justicia.
La de Mackentor es la fotografía de un sueño particular, el de un sector de la burguesía nacional anterior al golpe de Estado de 1976 que no tuvo descendencia. Una crónica de vida y obra de hombres y mujeres que no midieron obstáculos en ese camino y que luego sobrellevaron su martirio.
Natalio Kejner, el principal accionista de Mackentor.
Natalio Kejner y sus socios –las familias Ramis, Paván, Manassero, Zambón y Sargiotto, entre otras- hicieron un pacto de hierro que les permitió levantar una de las principales compañías constructoras de Argentina: reinvertir las ganancias. “Vamos a hacer una gran empresa para hacer las grandes obras del país. Acá no van a ganar mucha plata, pero van a vivir bien”, les prometía Kejner a quienes convocaba. Con ese fuego construyeron carreteras, diques, puentes, acueductos y silos donde antes no había nada. Literalmente fue así. El país de mediados del siglo pasado era meseta, selva o campo salpicado por parajes y pueblos; o bien ciudades con escasa o nula infraestructura. A esa inmensidad ayudaron a darle vida.
Son también la cara de un fallido experimento burgués que se propuso construir capacidad y tamaño económico sin asociarse con las compañías transnacionales. Quisieron protagonizar el desarrollo argentino y perdieron. Florecieron en menos de dos décadas y a mitad de los ’70, su primavera terminó abruptamente. Tanto por su derrota frente a Supercemento, un grupo económico concentrado y asociado al capital extranjero, como por la dictadura de 1976, que los secuestró, encarceló, saqueó y persiguió.
Kejner consideraba que debía haber empresas argentinas que fueran artífices del desarrollo económico, un paso que debía pasar por producir los insumos clave y realizar las obras de infraestructura que el país requería para crecer con autonomía.
José Bel Gelbard. Foto: Gentileza Página/12.
Kejner, el principal accionista de Mackentor, no conoció personalmente a José Bel Gelbard, ni participó de la Confederación General Económica (CGE), pero su pensamiento económico tuvo muchos puntos de contacto con el que fuera ministro de Economía de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón. Ambos veían como esencia el auxilio del Estado en sus negocios, el lobby con la dirigencia política como sostén principal de su existencia como clase, y la necesidad de construir una burguesía autónoma de Estados Unidos. A partir de allí, aparecían algunas diferencias: Kejner consideraba que debía haber empresas argentinas que fueran artífices del desarrollo económico, un paso que debía pasar por producir los insumos clave y realizar las obras de infraestructura que el país requería para crecer con autonomía. Detrás de ese objetivo se jugó la vida. En Gelbard no se conoce, en cambio, un pensamiento tan radical. Para Kejner, la transformación económica no pasaba necesariamente por la adhesión al peronismo, sino por la construcción de una burguesía local capaz de hacerse cargo de producir y hacer obras. Esto es, un sector que liderara un proyecto propio de desarrollo económico a partir de su volumen y capacidad, donde el Estado cumpliera el rol de potenciar esa dinámica. “Los empresarios brasileños siempre tuvieron el acompañamiento de sus gobiernos para crecer fuera de sus fronteras. Nosotros, no”, decía este ingeniero, hijo de almacenero. Quizás por eso no formó parte de ninguna acción colectiva, política u organizacional, no fue funcionario ni quiso serlo, no se afilió a ningún partido político, y sólo se dedicó a timonear su particular proyecto empresarial. Mackentor fue inoculada con su objetivo; cada obra sirvió para acumular capital y crecer en escala, reinvirtiendo las ganancias. La receta funcionó hasta chocar con la burguesía asociada al capital extranjero y con el Estado Terrorista.
A diferencia de los grupos Graiver y Aluar (el primero liderado por David Graiver, propietario de Papel Prensa y varios bancos en Argentina y el exterior; y el segundo, levantado por la familia Madanes y José Bel Gelbard para producir aluminio, un insumo industrial clave y estratégico), con ellos no hubo justicia y aún hoy, cuatro décadas más tarde, la siguen reclamando. Eran diferentes. Su experiencia permite entender el país de antes de 1976 y el país actual a partir de conocer cómo operaban los que ganaron. También es un ensayo sobre las frustraciones argentinas y los intereses económicos a los que beneficiaron Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Mackentor fue una constructora con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Un montaje que persiguió otros fines. Nunca se les pudo probar vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
Un recorte del diario La Voz del Interior de 1977, dando cuenta de la operación militar.
Entre ejecutivos, empleados y familiares, la dictadura secuestró y detuvo a 30 personas en Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y Buenos Aires. Cuatro de sus directivos recuperaron la libertad casi cuatro años después, mientras que Natalio Kejner fue perseguido, incluso después de 1983, en plena democracia. Cuatro abogados relacionados con el síndico de la empresa –el abogado Gustavo Roca- fueron secuestrados y permanecen desaparecidos desde 1976. La acción culminó con la destrucción patrimonial de la firma.
Los grupos de tarea que asolaron el país en aquellos años, solaparon su acusación justamente detrás de la figura de Gustavo Roca, quien había sido defensor de presos políticos en los años 60 y 70, y uno de los principales denunciantes en Estados Unidos, en septiembre de 1976, de las violaciones a los derechos humanos. Su denuncia sumó elementos para que al año siguiente, el presidente norteamericano Jimmy Carter, decidiera suspender la venta de armas a la Argentina. Roca –quien se exilió en España en 1976- tenía dos enemigos acérrimos: Luciano Benjamín Menéndez y el juez federal cordobés Adolfo Zamboni Ledesma. Al igual que a Gelbard, lo obligaron a permanecer fuera del país, en su caso, hasta el 30 de diciembre de 1983.
La realidad es que durante el primer semestre de 1977, la dictadura llevó adelante una serie de intervenciones en el terreno de las relaciones económicas para favorecer a grupos afines, dirimir sus internas políticas o simplemente, apropiarse de bienes:
La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo.
>Primero fue el secuestro de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y la cúpula y empleados de ese Grupo en marzo de 1977 para desapoderarlos de todos sus bienes.
>Unos días después, el primero de abril, a las 10.30 de la mañana fue secuestrado Edgardo Sajón, secretario de Prensa y Difusión de la presidencia del dictador Alejandro Agustín Lanusse entre 1971 y 1973 y en ese momento gerente técnico del diario La Opinión de Jacobo Timerman. Sajón aún permanece desaparecido. El 15 de abril, le tocó el turno al propio Timerman, que salvó su vida por la presión de Estados Unidos y la influyente comunidad judía de ese país. El periodista compartía parte del paquete accionario de Editorial Oltra y Talleres Gráficos Gustavo y Javier con el banquero David Graiver, cabeza del grupo Graiver. Según afirma Maria Seoane, en su libro “El burgués maldito”, Graiver financiaba La Opinión con dinero de Montoneros y para pagar los favores que le debía a Gelbard. El 25 de abril fue el turno de la familia Madanes, con la intención de avanzar sobre Aluar (Aluminios Argentins), pero Manuel Madanes, el socio del ex ministro de Perón en Aluar y Fate -fabricante de neumáticos- estaba de viaje en el exterior. Entonces, el Ejército secuestró a su esposa, Matilde Matrajt, a Duilio Brunello, ex interventor de Córdoba y vicepresidente del Partido Justicialista en el gobierno de Isabel Perón, y a José Luis García Falcó y José Ramón Palacio, hombres de confianza de Gelbard. Semanas más tarde, ya en el mes de mayo, sería detenido Lanusse, liberado poco después, por haber facilitado en 1971 que Aluar quedara en manos de Madanes y Gelbard. A su vez, un comando del almirante Eduardo Massera intentó asesinar sin éxito a Gelbard y su mano derecha en la CGE, el dueño de Embragues Wobron, Julio Broner, en Venezuela. Simultáneamente, fue intervenida Aluar, aunque luego, la familia Madanes pudo maniobrar y quedarse con la administración del gigante industrial patagónico.
El 25 de abril Mackentor fue ocupada militarmente con el plan de sacarle la millonaria obra del Segundo Acueducto Villa María – San Francisco y favorecer a la constructora Supercemento, propiedad en ese momento de Julián Astolfoni, Filiberto Bibiloni y el Grupo Macri.
>El 25 de abril Mackentor fue ocupada militarmente con el plan de sacarle la millonaria obra del Segundo Acueducto Villa María – San Francisco y favorecer a la constructora Supercemento, propiedad en ese momento de Julián Astolfoni, Filiberto Bibiloni y el Grupo Macri.
El dictador Jorge Rafael Videla junto a Menéndez, en uno de los juicios por crímenes de Lesa Humanidad.
El calvario de Mackentor comenzó un día de fiesta, el 30 de octubre de 1972, cuando ganó la licitación para construir el segundo acueducto Villa María – San Francisco. Para llevar adelante la obra, levantó la segunda fábrica de caños de Hormigón Armado Pretensado (HAP) del país, rompiendo de ese modo el control monopólico que Supercemento tenía en ese sector. Con la ayuda de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), que impedía con trabas administrativas y económicas la evolución de la obra en territorio cordobés, Supercemento aprovechó el ahogo financiero de Mackentor para adquirir la fábrica de caños en 1975. Luego, en 1977, como producto de la intervención militar de la firma, Astolfoni y Macri se quedaron con la obra del acueducto. A precios de 1973 era un negocio de unos 9 millones de dólares. En 1978 los italianos se la adjudicaron con un presupuesto de más de 24 millones de dólares. Casi 40 años más tarde, aún no se conoce su precio final porque una causa judicial por perjuicios económicos se tramita aún en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
La caída de Mackentor actuó como ejemplo para el resto del empresariado, una imagen de lo que no podía ser. El tamaño de Mackentor, que había realizado obras por un monto de 50 millones de dólares entre 1970 y 1975, y su organización e ideario, no podían ni debían prosperar. Un ejemplo más, que revela que el golpe cívico-militar de 1976 estuvo asociado a la imposición de un proyecto económico que promovió y desarrolló una estructura productiva concentrada, con su secuela de desnacionalización y exclusión social. Demuestra además cómo en el país funcionó un capitalismo de “amigos” (sin distinción de gobiernos democráticos y dictatoriales) y, de modo lateral, confirma un saber de la economía: que si en un sector del mercado una empresa adquiere posición dominante, ésta transfiere sus propias condiciones al Estado y a los demás actores económicos de ese espacio, afectando el desarrollo general de la economía y el interés público. Supercemento fue el ejemplo de ello.
Natalio Kejner salvó su vida porque en agosto de 1976 escapó a Venezuela. Regresó a fines de 1984, cuando cesó el pedido de captura internacional que pesaba sobre él. Su pecado había sido desafiar los acuerdos de las grandes compañías del sector de la construcción y el Estado y crecer con su propio modelo empresarial: acciones repartidas entre personal directivo y capataces, reinversión permanente de ganancias y propuestas competitivas para las obras a realizar. Este modo se diferenció del que aplicaba la gran burguesía argentina, basado en la máxima extracción de beneficios al Estado -un procedimiento que garantizaba colonizando con funcionarios propios las estructuras del Estado-, y llevando buena parte de esos recursos a posiciones de renta inmobiliaria o financiera al exterior.
Pese a los esfuerzos de sus fundadores por reflotarla, Mackentor quebró en 2001, luego de perder en 1996 un juicio contra el Estado Nacional, en el que demandaba una reparación por los daños y perjuicios sufridos a causa de las intervenciones (primero, militar, y más tarde, judicial) y condicionamientos legales que se extendieron hasta fines de 1984.
Una imagen del juez Adolfo Zamboni Ledesma. (Archivo).
Luciano Benjamín Menéndez y el ex presidente Jorge Rafael Videla (que dio vía libre a la operación y ordenó el congelamiento de todos los fondos existentes en las cuentas bancarias de la empresa y sus socios), fueron los dos principales responsables militares. La Justicia Federal resolvió en 2012 encuadrar este caso y la investigación judicial correspondiente, como “delito de lesa humanidad”. La causa penal fue agregada al mega-juicio de La Perla, el segundo campo de concentración más grande de la dictadura, y sus responsables militares condenados.
Los empresarios involucrados en estos hechos, Julián Astolfoni, Franco Macri y Filiberto Bibiloni, nunca fueron investigados por la Justicia y siguieron haciendo sus negocios.
[MURIÓ EL GENOCIDA MENÉNDEZ]
–Con la muerte del hombre que lo pergeñó ¿muere también el pacto de silencio?.
–Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.
–“Cachorro”, el dictador que murió en soledad y sin poder cumplir su sueño de perpetuidad.
–El represor que amaba las flores.
–Murió el genocida Menéndez, uno de los jerarcas de la última dictadura cívico-militar.
–El general no estuvo solo, tuvo como socios a muchos jueces y empresarios argentinos.
–La Corte confirmó la condena a perpetua de Menéndez por el crimen del obispo Angelelli.
–Para el tribunal, Otero Álvarez no estaba obligado a denunciar violaciones a los derechos humanos.
–Murió Víctor Martínez, el hombre que negociaba con la dictadura y terminó siendo vicepresidente.
–Murió Eduardo César Angeloz, el radical que hizo campaña con un lápiz rojo.
–Complicidad civil con la dictadura: dos condenas y dos absoluciones de funcionarios judiciales.
–Juicio de los Magistrados: En 1990 la CIDH ya hablaba de complicidad entre Justicia y dictadura.
–En Inglaterra murió Charlie Moore: Requiem para un hombre invisible.
–Yanicelli cobra una jubilación de $52.335,31 y sigue siendo policía.
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