En un país enojado con la palabra Estado, con un presidente que se autopercibe Topo, con el fin de destruir al Estado desde adentro, las soluciones de moda, que se promueven para todos los temas, consisten en abrir el portón de la vida regulada por la Ley, las instituciones y la colaboración para ingresar a la selva del mercado y el individualismo. En ese camino, el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet (Pro), carga sobre las espaldas y bolsillos de sus vecinos el costo de resolver la inseguridad en la localidad que gobierna. Ni más ni menos que en eso consiste su proyecto de cerrar calles con portones por las noches, para impedir el libre tránsito (circulación) de delincuentes y ciudadanos. Es decir, utiliza una herramienta de “guerra” primitiva que no diferencia entre amigos y no amigos.
Por cierto, la iniciativa viola derechos constitucionales y, encima, su aplicación debe ser pagada por las víctimas de este experimento conservador destinado, además, al fracaso, porque la inseguridad de Villa Allende no es un problema local, sino metropolitano y nacional. En este contexto, Cornet trata de avanzar bajo la actitud pasiva y de “no injerencia” del gobierno provincial.
El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet (Pro). (Foto: Gentileza).
Hay que recordar que la Provincia viene impulsando la descentralización de la seguridad, para lo cual estableció un marco legal (la Ley 10954) en la que aparecen las llamadas guardias ciudadanas y las empresas de seguridad privada como partes del sistema de seguridad, al punto que, bajo determinadas condiciones que establece la norma, estos nuevos “jugadores” pueden utilizar, por ejemplo, “armas no letales”. Se trata, en los hechos, de una política que, entre sus objetivos, persigue en términos parciales, la municipalización y privatización de la seguridad.
Dentro de las funciones del Estado, la protección de las personas y sus derechos -entre ellos de la propiedad- es una de sus funciones principales. Los liberales constitucionalistas del siglo XIX, impusieron dentro de la Constitución Nacional y luego esto se traslado a las cartas magnas de los estados provinciales, que el uso de la fuerza es delegado por los ciudadanos en el Estado. Se trata de un principio ordenador del funcionamiento de la sociedad y del Estado. La incorporación de estos actores implica abandonar la idea de totalidad que abarca este concepto. En las provincias, dentro de este marco de ideas, es la Policía quien realiza la tarea de preservar el orden y la seguridad. Para ese fin y sólo para eso, se le permite hacer uso de la fuerza, para preservar el orden público.
Con el nuevo criterio puesto en marcha, se debilita esa condición doctrinaria, porque habilita que parte de las tareas reservadas para las fuerzas de seguridad sean desarrolladas por organizaciones ajenas al control público (empresas de seguridad privadas) o dispersas en unidades pequeñas (como los municipios, cuyas reglas de control no tienen densidad y profundidad equivalente a las de la Provincia o la Nación).
Se trata también de un concepto neoliberal que tiene sus alcances en todos los planos, pero que básicamente, en el tema de este artículo, consiste en privatizar espacios territoriales y urbanos -la expresión de esto son los countries y barrios cerrados, que surgen a partir de la liberación del desarrollo urbano a los intereses del capital inmobiliario, primo hermano del financiero-; y la reducción del Estado como actor político y empresario y la descentralización de sus actividades -la Dictadura y el menemismo lo hicieron con la educación, la salud y las empresas de servicios-. Lo que está sucediendo en el caso de Córdoba es la aplicación similar -no idéntica- de esta misma concepción en el tema de la seguridad.
Aquí subyace otra cuestión: Con el presidente ultraderechista Javier Milei, llegaron al poder estatal las grandes corporaciones globales y los intereses y políticas de Estados Unidos. Esta nueva hegemonía busca, entre otras finalidades, abrir las fronteras del Estado-Nación en términos económicos y de circulación de capitales; garantizar la extracción de los enclaves económicos -hidrocarburos, minería, y agricultura industrial-; y desarmar, desarticular y minimizar las capacidades estatales actuales y futuras, para que la Nación no pueda llevar adelante políticas autónomas o con algún grado de ella.
Tanto las principales fuerzas políticas como el empresariado cordobés están impregnados de un fuerte pragmatismo, por lo que el movimiento de desarrollar un sistema de seguridad de este tipo es armónico con estas ideas dominantes. Enfrentar la inseguridad con el modelo clásico -mejorando la Policía, dándole más atribuciones, equipamiento, formación, tecnología, controles, etc.- lleva ineludiblemente a “agrandar” el Estado y utilizar más recursos. Sería ir en la dirección contraria del ciclo iniciado por el gobierno de ultraderecha.
El modelo económico puesto en marcha por el gobierno nacional, si se consolida, más temprano que tarde va a asfixiar a las provincias y va a implosionar los modelos de “Estado de bienestar” y servicios con algún grado de calidad de los distritos que aún los tengan. Por ese motivo, la clase política y empresaria local trata de adelantarse a esta situación.
Además, las hipótesis de conflicto del gobierno nacional, en línea con Estados Unidos, son artificiales. Por ejemplo, se intenta poner al narcotráfico en la categoría de terrorismo y desde allí romper las clásicas fronteras entre seguridad y defensa, introduciendo al Ejército dentro del esquema de seguridad. El propósito, con esta teoría, es el control social y político, no la obtención de orden y seguridad. Es también la simplificación de la acción del Estado, con una fuerza flexible, preparada para algunas amenazas de seguridad interior -no para todas-, pero no de la seguridad externa. Ese esquema implica, además, la pérdida de valor y capacidad de acción de las fuerzas de seguridad y la aparición de actores “privados” o fuerzas “no regulares” (las regulares son el Ejército, Policía, etc.). Es, otra vez, la reducción del Estado.
CORNET CREE QUE VILLA ALLENDE NO ES EL GRAN CÓRDOBA
La propuesta del intendente Cornet parte de la idea de que Villa Allende no es parte del Gran Córdoba y el gobierno provincial, al mirar para otro lado, deja que evolucione un experimento peligroso, que es la fragmentación de la seguridad.
Los problemas de seguridad de esta importante ciudad de la región metropolitana de Córdoba son producto de muchos factores, pero, sobre todo, hay que buscar el origen de muchos de ellos en su pertenencia a una geografía común. Cornet cree que cerrando calles y aislando por algunas horas a la localidad, puede detener el accionar de la delincuencia. Se equivoca.
La delincuencia no es sólo una categoría individual, que se produce como consecuencia de decisiones personales alejadas de la “moral y las buenas costumbres”. Hoy es también una categoría colectiva y atada a la existencia de negocios muy redituables. Para que ese accionar se consume, el accionar delictivo requiere de un contexto social, cultural y económico favorable. Por citar algunos de esos factores, que son muchos y de largo tiempo, hay que listar a la pobreza; la falta de crecimiento y desarrollo económico; la ruptura y empeoramiento de los vínculos personales y sociales; la falta de “futuro” personal; y, en la coyuntura actual, la crisis económica disparada por el gobierno libertario en el último año. El Estado ya no controla todo el territorio, hay barrios donde la seguridad y las necesidades son resueltas por las organizaciones delictivas. El ejemplo, es que la Policía sólo entra a algunas zonas cada tanto a efectuar algún allanamiento, pero el resto del tiempo, muchas veces durante meses, es tierra de nadie (o mejor dicho, de las organizaciones delictivas). Todo ello es el caldo de cultivo general que desemboca luego en robos y violencia urbana.
Pero lo general, no es lo particular. En la Capital provincial y el Gran Córdoba existen negocios delictivos con escala, como el narcotráfico y el robo de neumáticos, autos y celulares, por citar algunos de ellos. El espacio del accionar delictivo es la Capital, las localidades vecinas y sus casi 2 millones de habitantes. De otro modo: sin mercado no hay delito. Converge en esa línea, que es evidente que en la Provincia hay facilidades para “blanquear activos”, como es el sistema de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Muchos de los “narcos” rosarinos fueron detenidos en Córdoba y tenían propiedades y actividad económica declarada aquí.
En Villa Allende ocurren muchos robos. Los hay de día y de noche. Los hay pequeños e importantes y violentos. Acciones en las que se puede observar que, por una cuestión de logística, los delincuentes vienen de otras localidades, y episodios que parecen tener la marca de lo local. Si la Policía de la Provincia actuara con una planificación metropolitana y no por localidades, por ejemplo, los cierres de calles se sustituirían con retenes policiales y durante las 24 horas. Ocupar el territorio no es sólo poner más policías parados en la vereda para que los vean, es, entre otras acciones, poner policías en movimiento en las zonas calientes, investigar, y definir las tipologías delictivas y actuar sobre ellas. Frente a la movilidad del delito, se requieren respuestas inteligentes, muchas veces masivas, muchas veces quirúrgicas, con uso de tecnología y de personal entrenado para intervenir. Lo contrario a lo que está en marcha. Los delitos, en la mayoría de los casos, se guían por “sentido común”: Van donde hay menos riesgo y más valor para obtener. Por eso, como los antiinflamatorios, luego de enfrentada la inflamación, el Estado -con escuelas, deportes, salud, etc.- tiene que recuperar el territorio perdido. De lo contrario, el problema va a reaparecer todo el tiempo.
Por lo pronto, hay que saber que de este drama no se va a salir ni mágica ni fácilmente. Hacia adelante, a todo lo dicho, hay que sumarle la apertura económica, la desregulación jurídica y de la actividad económica, la reducción o eliminación de controles estatales y el crecimiento de la desigualdad social. No alcanza la famosa “mano dura” para terminar con este asunto.
Desde el costado de la planificación de la seguridad, tampoco aparece como acertado el camino elegido, dado que la escala de los negocios determina el volumen de la acción. A más pequeña, fragmentada y dispersa la respuesta, mayor la incapacidad para resolver el drama que se trata de enfrentar. Parece claro que la propuesta del intendente de Villa Allende es insuficiente para el tema que quiere solucionar y es claro, también, que la Provincia debería imaginar otro rol que mirar lo que sucede desde el Centro de Control de las Cámaras de TV en la Jefatura. La seguridad es un tema muchísimo más complejo que jugar al juego del policía y el ladrón.
MÁS INFORMACIÓN
VER Ataques a la libertad de circulación y el municipio de Villa Allende.
VER [LA HORA DEL FERNÉ] Exceso de “fascismo en sangre” o una joda para Capusotto.
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JustiniNo Montenegro
17 febrero, 2025 a 09:07
Cuando éstos incerbibles den el ejemplo de no tocar lo ajeno solito se acomoda Y sepan leer todas las ordenanzas como corresponde y aserlas cumplir todo es mas fácil