Los acusados en el Juicio a los Magistrados por su papel en la dictadura militar. Foto: Sebastián Salguero.
Balzac en La Comedia Humana muestra con fina ironía como era la vida social en la Francia de la Restauración Napoleónica (1830-1870). En esa galería de retratos sociales aparecen los “Jueces del Poder” como seres marcados por el oportunismo político y sus actos como solo fachadas y apariencias de Justicia.
Esta descripción de Balzac sirve para entender lo que pasa con la Justicia argentina en el 2017. Los datos de las encuestas realizadas en los últimos 20 años por encargo del Colegio de Abogados de Córdoba y de la Asociación de Magistrados muestran una aguda desconfianza de la sociedad en la Justicia. Y la causa principal de este malestar social, es sin duda la desigualdad ante la Ley y la impunidad que gozan los Delitos del Poder.
Los Jueces del Poder se caracterizan por tener un fino olfato político para protegerse y a ese objetivo subordinan sus actos de Justicia.
El ejemplo máximo de los Jueces del Poder se dio durante el Terrorismo de Estado y el caso más vergonzoso fue sin duda el del Juez Federal de Córdoba que libraba “Oficios de consulta” al general Luciano Benjamín Menéndez en forma previa a sus decisiones judiciales (Caso Mackentor).
Los Jueces del Poder se caracterizan por tener un fino olfato político para protegerse y a ese objetivo subordinan sus actos de Justicia.
Hoy en Córdoba se están juzgando a esos Jueces del Poder de Menéndez. Y aquí se sabrá si la Justicia Federal de Córdoba quiere y puede juzgarse a sí misma. Porque debe saberse que las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba con los crímenes de lesa humanidad no se agotan ni terminan en 1983. Después de llegada la democracia, la Justicia Federal de Córdoba continúo silenciando la verdad histórica y rechazando todos los reclamos de las víctimas del Terrorismo de Estado.
Es así que en el “Caso Birt” ante la CIDH los sobrevivientes de La Perla y de la UP1 debieron denunciar al Estado Argentino por actos ilegales de los jueces federales de Córdoba que les negaban sistemáticamente todo derecho de Justicia.
Estos son hechos históricos que acreditan con valor de prueba judicial que las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba se continuaron después de 1983. Y prueba además de las violaciones por parte de la Justicia Federal de Córdoba de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre DDHH. Debemos suponer que estos hechos integran la prueba en la Causa de los Magistrados. Son los Casos Birt Guillermo y otros N° 10.288, 10.310, 10.436, 10.496 y Kejner-Ramis, P 610 e Informe n°3/15.
En ambos casos, ante la CIDH, se denuncia al Estado Argentino por los actos judiciales cumplidos en Córdoba en relación con los sobrevivientes de la UP1 y de La Perla. Estos sobrevivientes que comparecen ante la CIDH y logran allí lo que los Jueces Federales de Córdoba les negaban son 57 ciudadanos. Entre ellos están Enrique Asberg, Luis Adolfo Prol, Jorge De Breuil, los hermanos Canizo, y los hermanos Giuliani, Lucho Pihen, Baronetto, Eva Zamora de Pihen, Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Hernán Orduna, Bernardo Bártoli, Guillermo Birt.
Este fue el primer caso de Argentina que abre una Solución Amistosa en la CIDH. La Solución Amistosa que sería la base legal de toda la legalidad reparatoria en Argentina por violaciones a Derechos Humanos. En ese caso ante la CIDH yo soy el defensor de las víctimas con el patrocinio de Jonathan Miller, Alejandro Garro, Juan Méndez, Washington Office on Latin America y America’s watch y Robert Goldman.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de Agosto del 2017 ha firmado un comunicado de prensa por la cual aplaude la decisión de los Tribunales Federales de Mendoza por la cual se condena a Jueces Federales y Fiscales Federales de Mendoza que colaboraron con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar. Reconoce la Comisión que hubo una conducta sistemática del Poder Judicial argentino de colaboración con el Terrorismo de Estado.
Este juicio a los magistrados federales de Córdoba será creíble como un verdadero acto de justicia en la medida que se pronuncie con toda claridad sobre cuál fue la real dimensión de las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba con el Terrorismo de Estado antes y después de 1983.
*Juan Carlos Vega ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN.
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