La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió que en el juicio que se lleva a cabo por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado durante un operativo policial en la localidad cordobesa de Paso Viejo en 2020, “se estarían vulnerando derechos de las víctimas, testigos y familiares”, luego de que uno de los jueces del tribunal fue denunciado por presuntos maltratos.
El magistrado apuntado es Ricardo Py, integrante del tribunal de Cruz del Eje que lleva a cabo el debate, quien, de acuerdo a la denuncia, “hizo todo lo posible para intimidar a los jóvenes, que también son víctimas”.
“En reiteradas ocasiones levantó la voz, los acusaba de hacerlos perder el tiempo por no poder entenderlos o les decía de manera severa que se ‘sienten bien'”, señaló la presentación.
A raíz de ello, la Secretaría de DD.HH. comunicó en un hilo de Twitter que “advirtió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que en el juicio oral por el asesinato de Joaquín Paredes se estarían vulnerando derechos de las víctimas, testigos y familiares”.
“Esta situación pone en serio riesgo la legalidad misma del juicio, además de generar situaciones propias de violencia institucional cuando justamente se está juzgando ese tipo de conductas”, señalaron desde la secretaría.
Y añadió que este organismo “se ha presentado ante el Tribunal Oral como Amicus Curiae y ‘veedora’, acudiendo en ese carácter a todas las audiencias que se están llevando a cabo en los Tribunales de Cruz del Eje”.
Tras hacerse pública la denuncia y la reacción de la Secretaría de DD.HH., desde el entorno de Paredes aseguraron que en la audiencia de hoy “la actitud del juez Py ha sido totalmente distinta”, por lo que agradecieron el acompañamiento ya que “ha tenido sus buenos resultados”.
“Observamos una serie de acciones que evidencian que este dispositivo judicial no se encuentra especializado en materia de infancias y adolescencias”, habían anticipado desde el colectivo que acompaña a las víctimas de Paso Viejo.
En tanto, en la audiencia de este miércoles siguieron las testimoniales de testigos, lo que tendrá continuidad mañana, mientras que para el viernes está pautada la inspección ocular en el sector donde se produjo el hecho.
El tribunal, además de Py, está integrado por los jueces Ángel Francisco Andreu y Javier Rojo, más los jurados populares.
Los imputados sometidos a juicio son Maykel Mercedes López (25), el único detenido como presunto autor de los disparos mortales; Iván Alexis Luna (26); Enzo Ricardo Alvarado (29); Jorge Luis Gómez (34); Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27); y Daniel Alberto Sosa Gallardo (43).
Según la investigación, López llegó al juicio como acusado de ser el autor del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Paredes (15), mientras que Luna está imputado de las “lesiones graves” del amigo del fallecido; Sosa Gallardo solo enfrenta cargos por “amenazas calificadas”, y Alvarado, Gómez y Aliendro por “omisión de los deberes” y “disparo de arma de fuego calificado”.
La fiscal Fabiana Pochettino estuvo a cargo de la instrucción.
De acuerdo a la acusación, la madrugada del 25 de octubre de 2020 un grupo de policías se trasladó hasta la plaza de Paso Viejo, una localidad de unos mil habitantes, luego de ser alertado sobre una reunión de jóvenes en ese lugar mientras regía el aislamiento.
Cuando los efectivos llegaron al lugar se produjo una discusión con los jóvenes que, de acuerdo a la pesquisa, derivó en una balacera por parte de los policías, quienes efectuaron al menos siete disparos.
De los peritajes realizados surgió que cuatro balazos se realizaron con el arma del agente Luna y tres con la de López, y que uno de estos últimos impactó en Paredes y le provocó la muerte.
Mientras que otro de los disparos, presumiblemente de Luna, se incrustó en el brazo de uno de los amigos de Paredes, un adolescente de 15 años, en ese entonces, que debió ser asistido en un centro de salud pública.
Según el requerimiento de elevación a juicio, “cinco efectivos, encabezados por el sargento Gómez, descendieron de los rodados, que quedaron con los motores y luces encendidos, con la finalidad de echar a los jóvenes del lugar haciéndolo de forma violenta y rodeándolos a pocos metros de distancia, consintiendo todos con su accionar la producción cualquier daño y cualquier resultado”.
Siempre de acuerdo a la acusación, Aliendro, llevó sus manos a la escopeta que portaba, al tiempo que les decía a los jóvenes que se retiraran del lugar.
Ante esa actitud, los chicos comenzaron a discutir con el personal policial hasta que Aliendro “habría efectuado al menos uno o dos disparos al aire con cartuchos antitumulto compuestos con poliproyectiles o postas de goma”.
Luego, López y Luna, “sabiendo que actuaban en grupo y con la autorización del personal policial de mayor jerarquía en el lugar, haciendo abuso de su condición de miembros de la fuerza de seguridad” y “aportando al plan común de darle muerte a cualquiera de los jóvenes presentes, tomaron sus armas de fuego reglamentarias provistas por la fuerza y a una distancia no mayor a los 18.79 metros, efectuaron en toda dirección al menos siete disparos”, señaló la elevación a juicio.
EL CRIMEN DE JOAQUÍN
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> Con información de TÉLAM.
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