El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envío este martes a la Legislatura provincial un proyecto que reforma el sistema de seguridad de la Provincia. Entre otros puntos, prevé la formación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (Policías municipales) y la incorporación de las empresas privadas al sistema de seguridad. Los efectivos de las policías municipales y las compañías privadas podrán utilizar armas no letales en el ejercicio de sus tareas.
También propone la creación de seis nuevas fiscalías antinarcóticos y de 12 nuevas fiscalías criminales; y la puesta en marcha de un plan de desarme, que incluirá “el pago por cada arma que los vecinos entreguen”.
La iniciativa, que lleva las firmas de los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y de Justicia y Trabajo, Julián López, brinda “el marco jurídico necesario para la implementación de un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”.
También impulsa la creación de un Instituto que “asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba – COPEC, creado en 2008”.
Los puntos principales del proyecto:
-Las municipalidades y comunas pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia (Policías municipales). Explica que las policías locales serán auxiliares de la Policía de Córdoba. Los efectivos podrán usar armas no letales y entre sus funciones se encuentran, “las de disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales”.
-“Se podrán contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales”, señala el texto de la propuesta oficial. Agrega que “en los casos previstos en la reglamentación de esta ley, las empresas prestadoras de servicios de seguridad que así lo requieran, podrán obtener autorización para el uso de dispositivos no letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia”. La norma establece que “el personal autorizado al uso de armas no letales debe ajustar su conducta a los protocoles de uso de la fuerza y otros específicos sobre la materia, dictados o a dictar a tales fines”. También define que “los servicios de las empresas prestadoras de seguridad también podrán ser requeridos por clubes, sindicatos o gremios que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos y recreativos”.
-El proyecto de ley fija “la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest. Esta medida, alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, legisladores y tribunos, los ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados”.
-Se crearán seis nuevas Fiscalías Antinarcótivos en las localidades de Villa Dolores, Carlos Paz, Bell Ville, Marcos Juárez, Cruz del Eje y la ciudad de Córdoba. Además, se dotará de presupuesto a la ya existente en la ciudad de San Francisco.
-Se crearán 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba y se crea la figura de auxiliar de los servicios de seguridad, colaboradores que desarrollarán tareas específicas.
-Se exigirá que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos, etc. estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia. La propuesta, dice el proyecto oficial, “permitirá aumentar rápidamente la capacidad de vigilancia en las ciudades, agilizando el acceso a videos como posibles pruebas de delitos en investigaciones”.
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