El Quebrachal se parece a un pueblo perdido en medio del campo, pero es un barrio que quedó desencajado del mapa, al este de la ciudad Córdoba. Para ir de una casa a otra hay que andar más de cien metros por calles barrosas sin numeración, atravesando descampados y grandes extensiones con hortalizas. El miércoles 29 de marzo, mientras en el Senado de la Nación se aprobaba por unanimidad la ley que autorizaba el uso medicinal del cannabis, el cabo Leandro Oscar González, de la Patrulla Rural Este de la Policía de Córdoba, ingresaba sin orden judicial a un terreno de la calle Las Alforjas, que tenía la tranquera abierta. Dijo en su declaración que un vecino le había señalado allí a “dos personas que no eran de la zona”. A él le pareció sospechoso.
Los extraños eran Nicolás Gencarelli y Daniel Skrameda, dos chicos de Buenos Aires que habían llegado a Córdoba para aprender a cultivar marihuana y fabricar aceites caseros. En ese campo de poco más de una hectárea vive Brenda Chignoli, una reconocida activista a favor del cannabis medicinal. Su casa de tres ambientes, de ladrillo pelado y piso de cemento, está rodeada por cientos de plantas de marihuana que crecen entre el monte nativo, con las que fabrica aceites y extractos demandados por pacientes de varias provincias.
El campo de Brenda ya había sido visitado por la Policía en 2013. Esa vez no hubo causa judicial pero –cuenta– se llevaron 800 plantas. Ahora la fuerza pública llegó en plena cosecha. González vio las plantas y pidió refuerzos. Al rato el campo se llenó de policías, incluso federales. Lo que González no sospechaba es que esa intromisión (que podría ser considerada ilegal, ya que llegó sin orden judicial y no estaba realizando una persecución, como autoriza el código de procedimiento) iba a provocar un dominó de reclamos de pacientes, que obligaron a la Justicia Federal de Córdoba a adoptar una medida histórica, a favor de quienes acuden al cannabis para tratar sus dolencias.
Los policías estuvieron 20 horas en el lugar. Se fueron a las 11 del día siguiente, llevándose 250 plantas, flores que ya habían sido cosechadas, una colección de semillas estabilizadas, extractos y más de un litro de aceite fraccionado en goteros, cada uno con el nombre de un paciente.
Uno de esos goteros, tenía el nombre de Magali Trujillo.
ENCUENTRO CON LA JUSTICIA
Cuando en Nancy Ávila vio en los diarios de Catamarca que la Policía de Córdoba había secuestrado plantas y aceites de la propiedad de una cultivadora, supo que se venían días difíciles para su familia. Su hija Magalí, de 14 años, tiene síndrome de West y usa el aceite fabricado por Brenda desde hace un año. Al frasco gotero que estaba sobre la mesa de luz le quedaban pocas gotas. Agarró sus cosas, preparó a su hija, pidió plata prestada y viajó a Córdoba.
Una vez que llegó, buscó a Brenda y juntas fueron al despacho de Gustavo Vidal Lazcano, el fiscal del Juzgado Federal N°2 de Córdoba. Nancy entró gritando: “Soy una narcotraficante. Vengo a entregarme a la justicia”. Pedía algo que parecía imposible: que la Justicia le entregue el aceite secuestrado como en una causa por infringir la Ley Nacional de Estupefacientes. Nancy y Magalí pasaron el día de despacho en despacho por el edificio de Tribunales Federales. Muchos funcionarios judiciales vieron a la cara por primera vez a quienes tiene que acudir a terapias paliativas cuando la farmacología fracasa, aun a riesgo de pagar con causas penales esos tratamientos.
En el piso 12 las recibió la Defensora Oficial, Mercedes Crespi. Ese mismo día presentó un escrito solicitando al Juzgado N°2 que restituya el aceite a su dueña. Acompañó el documento con la historia clínica Magali, donde constan sus mejoras desde que comenzó a usar el aceite. También hacía notar que la familia de la niña contaba con medicina para dos días más. “Estamos en un momento de transición sin que se reglamente la nueva ley de cannabis medicinal, pero esa transición no la puede pagar Magalí con su salud”, dijo la defensora.
Al mismo tiempo, dos pedidos similares ingresaron al juzgado. El de Brenda Chignoli, que reclamaba sus aceites, y el de otras 40 familias de la provincia de Catamarca, representados por la abogada Andrea Morales Leanza. El fiscal Vidal Lascano no se opuso en ningún caso. Sólo restaba esperar la resolución del juez.
Brenda Chignoli con el gotero de Magalí restituido. Archivo / Sebastián Salguero.
BUSCO MI DROGA
El viernes 7 de abril, Sanchez Freytes –un juez conocido por sus medidas conservadoras– sorprendió firmando un falló en el que ordenó que se le restituya el aceite de CBD a Nancy Avila, para que continúe con el tratamiento de su hija. La resolución, aclaró el juez, tiene carácter de “excepcional”, hasta que se reglamente la ley de cannabis medicinal. “El derecho no puede resultar insensible al dolor y el sufrimiento humano –escribió en la resolución-. Se presenta el caso de una situación en la que ciertas normas penales conspiran contra la posibilidad de un adecuado ejercicio y goce de derechos individuales”.
La entrega del gotero se hizo el sábado, en el edificio de la Policía Federal. “Esto es histórico. Quedará como el día en que la Policía le entrega droga a las narcotraficantes, o sea, a nosotras”, dijo Nancy, cuando recibió de manos de dos oficiales un sobre con sellos judiciales, que contenía su gotero. En la sede policial, Sergio Moyano, cultivador y pareja de Chignoli, dijo que ese acto significaba un “blanqueo” para los cultivadores. “Magalí llegó a la Justicia a pedir su aceite de la mano de un cultivador, no de otra persona. Y es un punto de referencia, porque la nueva ley no permite el autocultivo, es una ley para importar aceites de las grandes droguerías extranjeras”, dijo Moyano.
La resolución de Sánchez Freytes no fue tan excepcional. El 21 de abril, Brenda recuperó dos frascos de 360 centímetros cúbicos, para poder continuar con su tratamiento. En la puerta de Tribunales, dijo que “es una victoria contra la farmaindustria. Estos aceites se nos van a acabar y los importados no nos sirven. ¿Por qué no podemos hacer nuestra propia medicina?”.
Todavía quedan en poder del Juzgado Federal N°2 unos 20 frascos con rótulos y una botella de un litro de aceite, que no fue fraccionada. Varias familias de Catamarca y Tucumán los reclaman. “La situación es apremiante y los usuarios han tenido que recurrir nuevamente a la medicina tradicional, con lo que eso conlleva”, señala médico Emiliano Molas Anello, encargado de realizar el acompañamiento clínico de los tratamientos dirigidos por Chignoli en Catamarca.
EN CATAMARCA
En medio de vacío legal, se está dando el proceso más interesante desde que se realizó el operativo policial. Y el lugar, es Catamarca. Allí, cultivadores, la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo trabajan para dar una respuesta –al menos provisoria– a quienes eligen recurrir al uso sanitario del cannabis para mejorar su calidad de vida. El Juzgado Federal N°2 de Córdoba acordó entregar los aceites incautados al Ministerio de Salud de Catamarca y para eso, el organismo entregó a la justicia una lista de pacientes con sus respectivas historias clínicas. La mayoría de esos nombres coincide con los rótulos que tenían los frascos el día que fueron allanados.
El 27 de abril por la tarde, el ministerio entregó cinco frascos a cinco familias. Uno de esos frascos, tenía el nombre de una mujer de apellido Rivero, paciente con cáncer, que murió esperando su frasco. Su estado de salud era delicado y su familia había decidido empezar un tratamiento alternativo, pero no llegó. Otras familias siguen esperando que el Juzgado haga las pericias químicas a los frascos y decida enviarlos al ministerio.
“Nuestro problema no termina aquí, porque tenemos dosis para 20 o 30 días. ¿Después que hacemos? No sabemos cultivar y el aceite importado es caro, en muchos casos no nos sirve?”, dijo Nancy.
En los intersticios legales, Chignoli y Moyano comenzaron a buscar salidas para cultivar en Catamarca, con el amparo de las autoridades provinciales, para garantizar aceites en el corto y mediano plazo, hasta tanto la ley se reglamente.
El 27 de abril, el mismo día fueron devueltos los aceites en Catamarca, y casi un mes después del operativo policial que desencadenó todo, el fiscal Vidal Lascano imputó a Chignoli por el delito de “siembra y cultivo de estupefaciente”. La medida muestra la “esquizofrenia” del sistema judicial, que por un lado te protege y por el otro te sanciona. El propio fiscal sostiene que actuó obligado por el “principio de legalidad” y consideró que los imputados serán sobreseidos. O quizás actuó empujado por la cultura criminal de la Justicia argentina, que antepone siempre la persecución penal a al derecho a la salud. “Involuntariamente, estamos siendo pioneros de algo importante. Nos estamos adaptando a la realidad”, cerró el fiscal.
Este artículo fue publicado en la revista THC.
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