Durante los cuatro años del gobierno nacional anterior hubo un intento de avanzar en un proceso de flexibilidad laboral que nos hubiera hecho retroceder como mínimo cien años en materia de derecho laboral en nuestro país.
Principalmente se apuntó a avanzar sobre derechos y conquistas adquiridas del movimiento obrero argentino.
Se buscó estigmatizar esos derechos y conquistas, etiquetándolos con la palabra privilegio, para intentar dividir, y poner a parte de la población en contra de aquellas actividades que tienen condiciones dignas de trabajo (derecho garantizado en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Córdoba).
Si en la Argentina existen privilegios, no son justamente de los activos, de los pasivos o de los sectores vulnerables. Los privilegios en la mayoría de los casos, se ven en la política.
De todas maneras, si hubo algo en lo que se pudo avanzar sobre la clase trabajadora argentina, en su sector mayoritario, fue en la materia salarial.
Existen gremios, que a pesar del tipo de gobierno nacional que esté transitoriamente en el poder (cumpliendo su mandato), han mantenido siempre una lucha contundente y firme en defensa del poder adquisitivo de quienes representan, como camioneros y La Bancaria, entre otros. También hay sindicatos que tuvieron paritarias que, en su mayoría, no superaron la inflación. Otros directamente no tuvieron paritarias. Y hay casos de sindicatos que hace uno, dos y hasta tres años que no tienen paritarias.
¿Acaso esto es producto de esta nefasta política de flexibilización laboral? ¿Esto es producto de un Estado que permite violaciones sistemáticas de derechos laborales que se encuentran garantizados por nuestra propia Constitución Nacional? ¿Es a consecuencia del error de estrategias de las conducciones sindicales para defender el salario de sus representados? ¿Es a causa de la complicidad de ciertas conducciones sindicales, con la patronal o con los gobernantes de turno?
Cada trabajador, cada trabajadora, cada jubilado y cada jubilada de ese gremio sacarán sus propias conclusiones.
Lo que hay que resaltar, es que los sindicatos entre otras de sus funciones, deben luchar por paritarias y salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores que están afiliados, sin poner excusas o “peros” para hacerlo. Para eso (entre otras cosas), se postularon y ganaron una elección.
El Estado, a través del Ministerio de Trabajo, debe intervenir frente a este tipo de situaciones haciendo cumplir la Constitución Nacional y las leyes laborales vigentes, y no consintiendo abusos por parte de empleadores, que no durante un año, sino durante dos o hasta tres años, no han acordado paritarias dignas con la o las organizaciones sindicales de la actividad (estatales o privadas).
Pues en un país como el nuestro donde la inflación es de dos dígitos, ¿cómo puede hacer la familia de un trabajador o una trabajadora para subsistir con salarios de hace uno, dos o tres años atrás? Esta situación irregular, termina sumergiendo en la pobreza a miles de trabajadores, por esa razón se espera que, en un gobierno nacional sobre todo peronista, esto se acabe.
Son muchos sindicatos, los que ante la falta de intervención efectiva del Ministerio de Trabajo, han debido judicializar su reclamo por paritarias (Metrodelegados, Suteba, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, entre otros), obteniendo todos ellos fallos favorables. Si bien existe jurisprudencia favorable para aquellos sindicatos, que deban acudir a la Justicia en esta materia, es importante que el Ministerio de Trabajo, intervenga frente a esos casos para evitar que el reclamo salarial en esta Nación en muchos casos, si o si termine en los pasillos de tribunales.
El salario tiene carácter alimentario. El salario digno tiene protección en la Constitución Nacional y en las leyes argentinas.
Es función de los sindicatos defender el poder adquisitivo de los activos y por ende de los pasivos.
Es función del Estado, a través del Ministerio de Trabajo, hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes a empleadores y sindicatos.
En la Argentina no debe haber casos de actividades estatales o privadas sin paritarias frente a una inflación anual de dos dígitos, que lleva más de una década siendo padecida por todo un pueblo.
El salario garantiza al trabajador y a su familia, cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud, educación, transporte, recreación, entre otras cosas (todos derechos garantizados por la ley).
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
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