La Confederación General del Trabajo (CGT) Córdoba pidió a los senadores nacionales que representan a la Provincia, Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio), Carmen Álvarez Rivero (Pro, Juntos por el Cambio) y Alejandra Vigo (PJ, Hacemos Unidos por Córdoba) el rechazo de la Ley Bases, que se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación. La nota enviada a los legisladores nacionales cordobeses lleva las firmas de la cosecretaria general de la central obrera, Ilda Bustos (Gráficos) y de los consecretarios generales, Andrés Colazo (Jockey), y Federico Cortelletti (Judiciales).
La central obrera plantea su enérgico rechazo a la iniciativa del gobierno nacional “por considerarlo inconstitucional, inconducente y perjudicial para los intereses del país y del pueblo argentino”.
El documento plantea “la preocupación por la posibilidad de delegar facultades extraordinarias al presidente de la Nación, lo cual podría afectar el equilibrio de poderes establecido en la Constitución y poner en riesgo la estabilidad democrática del país”.
También critica “la orientación del proyecto de ley, que parece favorecer únicamente a los grupos económicos poderosos en detrimento de los derechos laborales conquistados a lo largo de la historia. Se denuncia la precarización laboral propuesta para los empleados públicos y se alerta sobre las medidas que afectarían negativamente a las mujeres en su acceso a la jubilación y a otros beneficios sociales”.
Afirma, además, que “es inaceptable que se trate a los empleados públicos como un problema a eliminar, toda vez que la Constitución Nacional garantiza la “Estabilidad del Empleado Público” (art. 14 bis). Sin embargo, la ley que va a ser analizada por Uds., somete a dichos servidores a vejaciones inaceptables, de aceptar cualquier destino o vivir el tormento de 12 meses en los que, si no consigue reinsertarse, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”, (art. 11 “Bases”)”.
Denuncia que “todos y todas que la Constitución asegura que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, (art. 14 bis), y en esta ley aún no aprobada, resulta que a los empleadores de trabajadores que estuvieron “en negro”, ahora designados como “informales”, se les condonaran las multas por ese trabajo no registrado (Título IV “Bases”). O sea que se pretende otorgar un beneficio a las patronales que no respetaron derechos laborales, más aún: supuestamente se aspira al absurdo que con normas de este tipo los empleadores ahora mejoren la registración de trabajadores y se creen nuevos empleos. Nada nuevo, el mismo dislate que ya se ensayó con la reforma laboral encarada en nuestro país en la década del noventa del siglo pasado, que no sólo no mejoró, sino que empeoró los niveles de empleo, culminando ese experimento con la mayor tasa de desempleo que haya tenido nuestro país, del 21,5 % en 2002”.
Señala que “la ley “Bases” modifica también para peor las posibilidades de un altísimo porcentaje de mujeres, que no podrán jubilarse a los 60 años –por falta de aportes—de patronales que las mantuvieron en la informalidad y recién podrán acceder a la “Prestación Universal al Adulto Mayor” -conocida como PUAM- a partir de los 65 años y cobrarán un 20 % por ciento menos que la jubilación mínima”.
Luego de cuestiona el Fondo de Cese Laboral y la extensión del periodo de prueba, resalta que “se busca también la inconstitucional posibilidad de eliminar el derecho laboral de cuajo, promoviendo el fraude laboral al crear la figura de “colaboradores”, que carecerán de toda protección. A la sazón se busca reinstalar el impuesto al trabajo denominado “ganancias”.
Por último, apunta que “se desarma y discrimina gravemente a las industrias nacionales, hiriéndolas de muerte al crear un régimen de privilegio denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”. Con beneficios inéditos en términos tributarios, aduaneros y cambiarios, se les da estabilidad normativa por 30 años. Entre otros privilegios, no pagarán el IVA, el impuesto a las ganancias se les rebaja al 21 %, en vez del 35 % que pagan nuestras empresas. Tampoco pagarán Ingresos Brutos y no deben abonar derechos de Importación. Todo sin articular en absoluto con la industria nacional. (…) A su vez, a las empresas que extraigan y comercialicen el petróleo y el gas natural no se les exige garantizar el abastecimiento nacional, se les permite exportar todo lo que deseen y cobrar lo expendido en el mercado interno a valores internacionales siendo que es nuestra energía”.
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