La CGT Córdoba criticó la política económica del gobierno del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), y las medidas instrumentadas por el gobierno provincial de Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba), respecto a los acuerdos salariales y el funcionamiento del Estado. En esa línea, llamó a “resistir estas políticas que claramente agreden a los trabajadores formales, a los de la Economía Popular, a sus familias y a todos los habitantes de nuestra Patria que están desocupados; que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza o que subsisten en la indigencia”.
Con la firma del estatal José Pihen, el documento de la CGT Córdoba, se solidariza con todos los trabajadores que ya están perdiendo su fuente de trabajo y sus derechos; y con los que muy probablemente los pierdan y con sus organizaciones.
También declara “su disposición a seguir trabajando por la unidad del Movimiento Obrero y a participar en los espacios de lucha y resistencia que los trabajadores construyan en defensa de sus intereses”.
Explica el documento cegetista que “si los anuncios formulados en la campaña electoral resultaban preocupantes, su advertencia de que padeceremos en forma inminente una estanflación, sumado al tenor de las medidas anunciadas, no dejan lugar a dudas sobre el rumbo elegido. Y el costo que tendrá para los trabajadores activos, Jubilados y de la Economía Popular”.
Agrega que “el desmantelamiento de la estructura del Estado, en áreas sensibles y fundamentales destinada a garantizar un piso mínimo de acceso a los más elementales derechos como Salud y Educación para los sectores más humildes de la sociedad, que hoy son la mitad de los habitantes de nuestra Patria, muchos de los cuales han votado a este presidente, promueven nuestro total rechazo”.
Sigue diciendo que “los efectos prácticos de esas políticas han aparecido de inmediato: profundización de la ya desbocada inflación acumulada en el último año, con un alza incontenible de los precios, en particular de los alimentos”.
Detalla que “(hay) despidos y suspensiones en el ámbito privado, especialmente en la construcción y la industria, mientras se anuncia que se producirán despidos y se desconocerán los acuerdos salariales logrados en el Estado Nacional. Sumado a una fuerte presión a las provincias y municipios para que adopten las mismas medidas”.
Precisa más adelante que “de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional es evidente que el recorte de gastos buscado surge en un 44% de los trabajadores activos (impuesto a las Ganancias, suba de tarifas, destrucción de la obra pública, congelamiento de salarios en el Sector Público). Y más del 50% lo pagarán los jubilados y los trabajadores de la Economía Popular”.
“En suma: al ajuste lo pagarán las mayorías, en beneficio del poder económico de las minorías encumbradas en el poder político”, afirma la CGT en su pronunciamiento.
Recuerda que “todo lo que ya vivimos en los ´90, incluida la estatización de la deuda privada de los importadores, todo ello garantizado con una fuerte represión a la protesta social”.
EN LA PROVINCIA
Resalta la CGT que “en Córdoba, el Gobierno provincial -al igual que los de otras provincias y los de varios municipios- ha anunciado que no respetará los acuerdos salariales firmados con los gremios que representan a sus trabajadores. Y que podrían seguir el ejemplo del Gobierno Nacional, cesanteando a contratados o dejando sin efecto pases a planta”.
Denuncia, además, que “hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para resolver algunas urgencias: como garantizar el funcionamiento de la Salud Pública en la temporada de verano; o de los Casinos Provinciales afectados por falta de personal, incumplimiento de promociones y ascensos pendientes”.
Finalmente, plantea que “(el gobierno de la Provincia) mostró su pensamiento al rebajar de nivel al Ministerio de Trabajo y convertirlo en Secretaría”.
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