Por Emilio Ruchansky (*). La posible devolución de aceites por parte de la justicia cordobesa podría convertirse en una decisión inédita en Argentina. La ley de cannabis para uso médico no fue promulgada aún y tras ese paso administrativo faltan 60 días para que el Ministerio de Salud de la Nación la reglamente. Mientras tanto, cientos de personas están desamparadas ante la persecución policial. Existe una figura aplicada desde el ámbito administrativo, conocida como “uso compasivo”. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) permite desde hace algunos años la importación de Sativex, una extracto natural de cannabis, y también del aceite Charlotte’s Web para casos de epilepsia infantil bajo esta figura.
VER POR PRIMERA VEZ, LA JUSTICIA PODRÍA DEVOLVER ACEITES CANNÁBICOS SECUESTRADOS.
La Convención Internacional de Estupefacientes de 1961 permite los usos científicos y médicos del cannabis, sin embargo, es a partir de esos vericuetos legales que hoy se permite acceder a una terapia alternativa cuando fallan los medicamentos de la farmaindustria. La retórica prohibicionista de demonización del cannabis, de la adormidera y el arbusto de coca bloqueó las posibilidades de usos caseros de estas plantas utilizadas ancestralmente para tratar diversas dolencias. De esta manera, muchas personas enfermas o sus familiares terminaron de rodillas pidiendo, justamente, se les permita “un uso compasivo”.
La devolución de estos aceites caseros podría emparentarse con una decisión crucial de la Cámara Federal porteña, cuando en 2006 revocó el procesamiento de una usuaria medicinal. Por entonces, los camaristas sostuvieron, que “en definitiva, no podría reprochársele no haber sacrificado su salud individual para privilegiar el complejo de intereses por el que, se ha sostenido, se conminó con sanción penal la conducta que llevó a cabo, y en base al cual se intenta regular la tenencia de sustancias peligrosas para la salud pública castigando a todo aquel que se sustraiga al poder de policía de salubridad que ejerce el Estado”.
El derecho a la salud está por encima de los intereses punitivos de la ley de drogas, declarada inconstitucional en 2009 mediante el fallo Arriola. Cuando desde el activismo cannábico se insistió en incorporar la figura del cultivo solidario y el cultivo cooperativo se intentaba dar un piso de legalidad a una práctica comunitaria y humanitaria. El bloque oficialista en el Congreso siguió las órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación de bloquear esta posibilidad. Es paradójico que no podamos cultivar una planta para poder mejorar nuestra salud o la de nuestros seres queridos.
¿Cuál es el delito de querer dejar de sentir dolor? ¿Cuáles serán los intereses inconfesables del área de seguridad para inmiscuirse en un tema de salud? En varios estados norteamericanos y en Canadá se permite el autocultivo con fines paliativos, bajo regulación estatal. El miedo uniformado tal vez provenga por la discusión que se viene: la de entender que la regulación del cannabis, para cualquier uso, es una medida sanitaria y que la puerta de entrada a las drogas “duras” no es el cannabis sino el dealer, como ya demostraron en Holanda al permitir los coffeshops para separar el porro de la heroína. Lo mismo intenta Uruguay al segmentar el mercado de la pasta base.
Evidentemente, las fuerzas policiales y sus socios judiciales y políticos que hoy “regulan” la venta de drogas serían los principales perdedores si se dan estas discusiones, por eso, cuando no pueden agregar confusión al debate, intentan limitarlo lo más posible. La idea es clara: la caja no se toca.
* Periodista y autor de Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición: Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay.
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