El Juzgado Federal N° 2 debe resolver los pedidos de 40 pacientes. El fiscal dio un dictamen favorable y la Defensoría Publica realizó una presentación. Sánchez Freytes analiza “con buena voluntad” el caso, aunque es complejo ya que no hay normas claras.

Nancy Ávila, la mamá de Micaela, una de las pacientes que utilizan medicina cannábica, y Brenda Chignoli, en un despacho de Tribunales. Foto: Sebastián Salguero.

Un caso sin precedentes en la jurisprudencia argentina es analizado por estas horas en el Juzgado Federal N°2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes. El juez debe resolver -a mas tardar el viernes- sobre dos pedidos formales (un dictamen de la Fiscalía Federal y un pedido por intermedio de la Defensoría Pública Oficial ante la Cámara) de usuarios terapéuticos de cannabis que solicitan la devolución de aceites, que fueron secuestrados en un operativo policial. Aunque la Ley de cannabis medicinal aprobada hace una semana aún no fue reglamentada, la resolución judicial podría ser favorable a los pacientes que acuden a estas terapias paliativas cuando la farmacología tradicional fracasa. Sería una decisión inédita.

VER LA CAJA NO SE TOCA.

Uno de los pedidos, fue realizado el miércoles por la defensora oficial Mercedes Crespi, en representación de Magalí Trujillo, la niña catamarqueña que padece epilepsia refractaria y usa dosis de CBD y THC para controlar las convulsiones. En el escrito, deja asentado que la familia de la niña cuenta con medicina hasta el viernes, lo que la obligaría a cortar el tratamiento si no consigue más dosis. Un pedido similar hicieron otras 40 familias de la provincia de Catamarca, representados por la abogada Andrea Morales Leanza, quien presento un completo informe con historias clínicas al Juzgado para que sean adjuntadas al expediente del operativo policial. El martes, el fiscal Federal Gustavo Vidal Lazcano le dijo a ENREDACIÓN que hizo lugar al pedido de los usuarios y no opuso ninguna objeción para que esos aceites sean restituidos. Ahora debe opinar sobre el pedido de la Defensoría, aunque todo hace pensar que mantendrá su posición.

El juez cuenta con tres días para dictar una resolución a partir del dictamen fiscal y uno de ellos tiene fecha del martes. Lo lógico, sería que Sánchez Freytes resuelva en el mismo sentido que lo hizo el fiscal, puesto que no existe conflicto.

Los ciudadanos que realizan el pedido estaban a la espera de los aceites producidos por la activista y dosificadora Brenda Chigoli, quien el mismo día que era aprobada la ley, fue “visitada” por la fuerza policial en su quinta de Villa Esquiú. Los uniformados secuestraron 215 plantas, flores de marihuana, extractos y frascos de aceites rotulados con los nombres de los pacientes. También fueron detenidas tres personas, entre ellas Guliano Salvatore, hijo de Brenda, el único de los detenidos que quedó imputado por “siembra y cultivo para producir estupefacientes”, una figura leve de la ley nacional de drogas estipula en su artículo 5°. Ayer al mediodía, Salvatore recuperó la libertad.

QUÉ PASA EN EL JUZGADO

En el piso quinto de la Torre de Tribunales ayer el movimiento era arduo. Según explicaron fuentes del juzgado, Sánchez Freytes se encuentra analizando el caso “con buena voluntad para resolver el conflicto”, pero aún no emitió una resolución. Busca, según pudo saber este medio, la figura legal que permitiría devolver los aceites, ya que aún no está reglamentada la ley. Una opción sería a través del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca, y ya hay negociaciones en ese camino. Esto es porque la ley establece que el Ministerio de Salud debe garantizar el aprovisionamiento, pero a través de la importación, ya que la norma no habilita el cultivo ni la producción casera.

“Aunque estamos en un momento de transición sin que se reglamente la nueva ley, esa transición no la puede pagar Magalí con su salud. Considero que los aceites tiene que ser devueltos porque el derecho a la salud es supremo a otros”, dijo a ENREDACCIÓN la defensora oficial ante la Cámara de Apelaciones de Córdoba, Mercedes Crespi. Ella fue quién tomó el caso cuando Nancy Ávila, mamá de Magalí, viajó a Córdoba porque se había quedado sin medicación.

“La justicia está para resolver problemas. No importa que haya una ‘zona gris’ de la ley. Si estuviéramos en zonas blancas o negras no tendríamos problemas. Estas cosas ponen incómodos a los jueces porque no hay regulaciones claras”, dijo Crespi, pero consideró que, aunque no haya sido reglamentada la ley, busca “hacer valer la voluntad de los legisladores que la votaron y el derecho constitucional que garantiza la salud de Magalí”.

Si finalmente el juez decide restituir los medicamentos, se trataría de un caso único que muestra un cambio cultural en la jurisprudencia al poner el derecho a la salud por delante de la persecución penal del cultivo y el uso de derivados de la marihuana.

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