El intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
La licitación para poner en marcha el Servicio Público de Higiene Urbana llega precedida de un despilfarro monumental. A fines de 2011, la estatal CRESE, que recolectaba los residuos, barría las calles y enterraba la basura cobraba 37,2 millones de pesos por mes. En enero de 2018, si se suman las facturas de Cotreco (88,3 millones de pesos), Lusa (61,7 millones), el Esop (Ente Municipal de Servicios Públicos, 88,2 millones de pesos) por el barrido, y la CRESE residual (36 millones) por el enterramiento, la Municipalidad de Córdoba pagó 274 millones. Esto es un 636 por ciento de incremento en relación al comienzo de la prestación tercerizada en un período en el que la inflación fue de 294%. Como los salarios se incrementaron en el mismo lapso 299%, la pregunta de los millones es a dónde fue a parar el resto de la factura.
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En los servicios de recolección y barrido, la media del costo laboral (salarios y cargas sociales y previsionales) ronda el 60% del total, por lo que los egresos en la cuenta de los trabajadores no han sido el eje del incremento de los costos del servicio -ya que su evolución fue equivalente a la inflación-, lo que implica una menor dinámica de crecimiento de este rubro respecto a la facturación total (636%). De este modo, como señala el concejal peronista Esteban “Tito” Domina, el servicio de recolección pasó de tener una incidencia del 12/13% del presupuesto municipal a alrededor del 19%.
Otra costado del asunto es el de la cantidad de trabajadores. La CRESE entregó una planta de personal de 1.200 trabajadores a fines de 2011 y en la actualidad, según la Municipalidad de Córdoba, el servicio, en total, se presta con 1853 trabajadores, esto es un 54% más que en 2011. Probablemente una parte de ese incremento sea observable, pero el núcleo del problema es la política de higiene urbana y la aceptación acrítica de la cultura del consumo creciente: el resultado es que crece el tonelaje de residuos que se recolectan y no hay un planteo serio de reducir, recuperar y reutilizar una porción del total. Ese concepto político y cultural, funciona con aumento de la planta de personal y de recursos tecnológicos y, también, con una aspiradora apuntando a las finanzas de los gobiernos locales. Sin embargo, el aumento de personal señalado tampoco explica la suba fabulosa de los costos que pagan los cordobeses. Una simple operación matemática para entenderlo: si la CRESE hubiera tenido en 2011 esos 1853 empleados, el costo laboral hubiera rondado los 34,4 millones mensuales (60%), que sumado a un costo de operación y equipamiento de 40%, hubiera agregado 23 millones más, arrojando un total de 57,7 millones mensuales. Si esa cifra es multiplicada por 3 (un 300%), se llegaría a un monto actual de 173,1 millones, 100 millones menos por mes que la factura final de enero de 2018.
Semejante ineficacia de la gestión municipal sólo es comparable al despilfarro ambiental diario en Piedras Blancas, un relleno sanitario totalmente colapsado. En cifras, Córdoba sólo recupera y recicla unas 4 mil toneladas anuales, un 0,5% del total producido por los cordobeses. Si el sistema funcionara, por ejemplo, igual que en Rosario, una ciudad equivalente en cantidad de habitantes y actividad económica que Córdoba, donde se recicla y recupera el 23,5% de los residuos que se generan, se hubieran enterrado 181 mil toneladas menos cada año. En los seis años que lleva el actual esquema en la capital cordobesa, hubiera permitido una reducción de 1,1 millones de toneladas. La meta en Córdoba, entonces, no ha sido “basura cero” como se trabaja en las ciudades y países con conciencia ambiental, sino “basura 100%”.
El enterramiento de Piedras Blancas, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Este último, es un factor estructural, que disminuye el costo de operación de la recolección y también de la disposición final. Sólo en el enterramiento, el ahorro hubiera sido de 8,5 millones mensuales, 97 millones al año (el costo a enero fue de casi 560 pesos por tonelada).
Otro determinante es el tamaño del ejido urbano de la ciudad: Córdoba tiene una superficie de 576 km2 contra los 179 de Rosario, por eso el presupuesto total de Rosario para este servicio en 2017 fue de 1600 millones de pesos y el de Córdoba alcanzó los 3327 millones. Aquí se suma, además, la falta de planificación: la capital cordobesa en lugar de densificarse sigue extendiendo su mancha urbana, incrementando el costo de los servicios públicos, entre ellos el de recolección y barrido. Dicho de otro modo: más cuadras para servir, más caro es el presupuesto.
Y el otro componente es el que impone la sociedad de consumo: más generación de residuos a partir de un mayor consumo de productos encarecen la cuenta final de la comunidad. Aquí se potencian las desigualdades, dado que el 20% de la parte más alta de la pirámide de ingresos produce una cantidad equivalente de basura a la que genera el otro 80%.
Lamentablemente, la carencia de una política de higiene urbana por parte del municipio, ha permitido un incremento de costos sin demasiada explicación de al menos 1200 millones de pesos anuales, una parte de los cuales fue a parar en los bolsillos de las empresas prestatarias, lo que equivale a 923 pesos anuales por habitante. Eso, sin contar el daño ambiental por el enterramiento del 99,5% de los residuos generados y la huella de carbono producida por toda la operación.
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