Juntos por el Cambio (JxC) denunció este jueves que el Gobierno provincial intenta reducir la capacidad de control del Tribunal de Cuentas con un proyecto que envió a la Legislatura para modificar la actual ley 7630 que rige el funcionamiento de ese organismo. Todo indica que la iniciativa tendrá un tratamiento express por parte del oficialismo. Cabe recordar que, en las elecciones provinciales del pasado 25 de junio, JxC derrotó al PJ en la elección de tribunos de cuentas y, por ello, tendrá mayoría en el organismo que controla los gastos de la Provincia (2 tribunos opositores y 1 del PJ). En ese comicio fue electo gobernador Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba) y en la nueva Legislatura, a partir del 10 de diciembre, las dos coaliciones principales tendrán la misma cantidad de legisladores.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes los legisladores de la UCR, María Elisa Caffaratti y Marcelo Cossar, y los electos tribunos de cuentas Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, ambos del Frente Cívico.
Leiva, una dirigente del riñon del senador nacional Luis Juez, definió el punto de vista político de la oposición respecto a la iniciativa del oficialismo: “El proyecto presentado tiene como único objetivo eliminar el control del gasto público que es lo que nos corresponde por la constitución provincial. La tarea del Tribunal de Cuentas es controlar el gasto público. El gobernador Juan Schiaretti quiere blindar al gobernador electo Martín Llaryora y a sus ministros, sencillamente para que la oposición no los controle”.
Agregó que “nos están diciendo con esa ley qué, cómo y cuándo vamos a poder controlar. Nos están sacando atribuciones. Diría que es un golpe institucional”.
Mientras que Corvalán advirtió que “tenemos que preguntarnos ¿por qué quieren sacar este proyecto? Si lo mejor es que los cordobeses sepamos cómo se gasta y en qué se gasta el dinero público. Queremos aportar transparencia para que sepamos en qué se gasta el dinero de los contribuyentes de nuestra provincia. La verdad es que no imaginábamos que esto pudiera pasar”.
Detalló luego que “nos eliminan el control de la compra de combustible de la flota oficial, de las contrataciones directas, de la compra de pasajes aéreos al exterior. ¿A dónde se quieren ir? ¿Con quiénes se quieren ir? Ni el kirchnerismo se animó a tanto”.
Por su parte, el legislador Marcelo Cossar (UCR) explicó que en la ley actual quedan excluidos del control preventivo “sin perjuicio del contralor posterior (…) Los actos que dispongan gastos en personal. (…) Los actos que autoricen gastos que por razón del monto puedan efectuarse por el procedimiento de contratación directa. (…) y Los actos que autoricen contrataciones con Organismos del Estado y Sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los Estados Provinciales o Municipalidades”.
Ahora, según detalló Cossar, en el artículo 19, la iniciativa oficial, introduce y deja fuera del “control preventivo del tribunal” (previo a su erogación), entre otros, a los siguientes actos:
-El punto 2 referido a “contrataciones directas”. Dice textualmente. “Los actos que autoricen gastos que por razón del monto puedan efectuarse por el procedimiento de contratación directa hasta diez (10) veces en suministro, y hasta veinte (20) veces en obra pública del índice 1 (actualmente de 150.000 pesos cada unidad, lo que pondría el límite en 1,5 millones para suministro y en 3 millones de pesos para obra pública) dispuesto por la Ley de Presupuesto General.
-Luego, en el punto 3, aparecen “(…) Los actos administrativos que dispongan gastos en conceptos de subsidios o ayudas económicas cuando el importe autorizado sea de hasta cinco (5) veces el índice 1 por la Ley de Presupuesto General (750.000 pesos con los valores actuales)”.
-Mantiene en el punto 4) “Los actos que autoricen contrataciones con organismos del Estado, Sociedades de Economía Mixta y toda otra persona jurídica reconocida por el ordenamiento legal vigente, en las que tenga participación el Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales”. Si bien ya está en la actual normativa, la particularidad es que toda contratación intra-Estado en sus diferentes niveles no tienen control. A la par, que sigue sin haber control sobre las agencias.
-El punto 5) introduce “(…) Los actos administrativos dictados por los funcionarios del Ministerio de Salud en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto N° 402/14, su Decreto modificatorio N° 15/2016 o aquel que en el futuro los modifique y/o sustituya, en la medida en que se mantenga vigente el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional”.
-El 6) suma a los “Gastos en combustible en vehículos de flotas oficiales”.
-El 7) agrega la “compra de pasajes aéreos para viajes oficiales al exterior”.
-Mientras que el 9) adiciona a los “ajustes por variación del tipo de cambio por contrataciones con actos administrativos previamente visados por el Tribunal de Cuentas donde se especifiquen dichos pagos”.
Por otra parte, en el artículo 50, sobre “Examen de rendición de cuentas”, se permite la presentación de “pruebas indirectas” para respaldar gastos. LA redacción expresa lo siguiente: “El Tribunal de Cuentas podrá aceptar como comprobantes respaldatorios del gasto pruebas indirectas (evidencia fotográfica, certificaciones de personal idóneo, evidencia testimonial, entre otros), cuando la naturaleza del gasto o las circunstancias específicas lo puedan justificar”.
Finalmente, apunta que se crea con el artículo 15°, “El Servicio Administrativo Financiero (que) estará a cargo de una Dirección de Administración, conforme lo determina la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público No Financiero. (…) Es facultad de los titulares de los Servicios Administrativos requerir el retiro sin intervención de las actuaciones puestas a consideración del tribunal, lo que procederá sin más trámite, remitiendo el mismo a la repartición solicitante”.
LEGISLADORES DE LA UCR: “ESTE PROYECTO PRETENDE RELAJAR LOS CONTROLES
El bloque de legisladores Juntos-UCR denunció que “el oficialismo quiere tratar nada más y nada menos que el proyecto de ley que modifica el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el órgano de control de toda la administración provincial, cuya mayoría le pertenece a la oposición a partir del 10 de diciembre por decisión del voto de los cordobeses”.
Plantea que “lo hace a 30 días de finalizar el mandato del gobernador Juan Schiaretti”, y afirma que “es un proyecto que nace viciado en las formas y con una actitud visiblemente oportunista, evasivo, ya que el oficialismo se encontrará en minoría en apenas un mes y no le cabe atar de manos a quienes, por voluntad popular, tienen la facultad de controlar al próximo gobierno”.
Luego advierte que “este proyecto pretende desarmar la autoridad de jerarquía constitucional que representa el Tribunal de Cuentas y relajar los controles. Si querían modificar la ley, lo que debía hacerse era sumar más controles, no relajarlos, hacerlos más incisivos a favor de los cordobeses”.
Por último, afirma que “esperábamos otra cosa del gobierno provincial. Una despedida de estos 24 años con señales favorables a la calidad institucional de la provincia. Y no. No pudo ser”.
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