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Jubilados más pobres, trabajadores precarizados y democracia de baja calidad

El vicegobernador Manuel Calvo durante una sesión de la Legislatura (Foto / Archivo).

El debate legislativo que vino a modificar el sistema previsional de Córdoba, recortando jubilaciones y pensiones, trae a la superficie las tensiones que surcan nuestra provincia.

Ante que nada debemos saber que un sistema previsional es un “pacto intergeneracional” que implica que las jóvenes generaciones sostienen a los que ya dejaron de trabajar y merecen disfrutar de un descanso.

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Nuestra Caja de Jubilaciones es una orgullosa sobreviviente de la Córdoba del siglo pasado: diversa económicamente, con industria liviana, agroindustria, turismo, y un sector público nacional y provincial que realizaron grandes inversiones en desarrollo, educación e infraestructura. Es por eso que siempre me he opuesto a su armonización con el sistema nacional.

Por esta razón, las últimas reformas jubilatorias vienen a redefinir ese “pacto intergeneracional” de una manera gravosa para quienes se jubilarán en el futuro.

¿A qué se debe esa redefinición? En primer lugar, a que el modelo neoliberal, que se aplica desde la década del noventa en nuestra provincia, impulsa relaciones laborales precarias que carecen de aportes previsionales y de estabilidad laboral, situación que disminuye la cantidad de aportantes al sistema y un empobrecimiento de la clase trabajadora activa. En segundo lugar, promueve el endeudamiento en dólares del Estado con el sector financiero que, ante una devaluación brusca como la que sucedió desde mediados del año pasado, desestabiliza las finanzas provinciales. Este “juego de pinzas” de las políticas económicas neoliberales nos lleva a tener más trabajadores activos sin derechos y con salarios bajos y a tener jubilados y jubiladas con menos haberes, es decir más pobres.

Otro aspecto que desnuda el debate de la ley previsional es nuestra baja calidad democrática. Los cordobeses fuimos testigos de cómo se sanciona una ley: proyecto de ley que se conoce el mismo día, debate exprés, ciudad cerrada y sin consultar ni siquiera a un centro de jubilados. En solo 10 horas, el gobernador Juan Schiaretti sancionó una ley que modificó las condiciones de vida de 100 mil personas.

La reforma de la constitución provincial del año 2001, que creo la unicameral, estableció un sistema de representación que garantiza una mayoría de legisladores para el oficialismo que no guarda proporcionalidad con la cantidad de votos obtenidos; además unificó la duración de los mandatos con el de gobernador y elimino las elecciones de medio término para renovar la cámara.

Esta situación provoca en los hechos que el gobernador de Córdoba tenga durante toda su gestión, mayoría legislativa, y que además su gobierno no sea sometido a una valoración de medio término por parte de la ciudadanía. Puede por tanto impulsar las leyes que desee asegurando su aprobación., puede en tiempo exprés aprobar desde la Ley de “presupuesto” hasta designar a quien le plazca como miembro del Tribunal Superior de Justicia.  En consecuencia, la Constitución blinda al Poder Ejecutivo de las demandas de aquellos que se sienten perjudicados por sus decisiones.

Esto es así porque la Constitución Provincial fue reformada bajo la influencia del pensamiento neoliberal, muy a la chilena, que limita la participación popular y el ejercicio de la soberanía popular y en consecuencia tiene pocos contrapesos que limiten las facultades del Poder Ejecutivo.

La nueva ley previsional es hija de estas circunstancias y eleva a la superficie nuestras tensiones. Por un lado, emerge una sociedad cordobesa plural, diversa y tolerante, que promueve debates democráticos y exige el reconocimiento de nuevos derechos, como los derechos de las mujeres, la defensa del ambiente, del trabajo y la lucha contra la pobreza. Por otro lado, tenemos una Constitución que se parece poco a esa sociedad que emerge, ya que sus herramientas institucionales son un obstáculo para que las demandas populares tengan un canal de expresión y sobre todo para que puedan influir en las decisiones de los gobernantes.

Para tener una sociedad con más y mejor democracia debemos reformar y mejorar nuestra constitución; caso contrario el pueblo solo opinara cada cuatro años y tendremos más episodios como la sanción de la ley previsional, que redefinen el pacto intergeneracional que antaño nos enorgullecía, y que solo nos propone un futuro de jubilados más pobres, trabajadores precarizados y democracia de baja calidad.

* Juan Pablo Ruiz es abogado.

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