Amnistía Internacional Argentina anticipó este domingo, que presentará un “recurso extraordinario federal” para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) se pronuncie sobre un fallo de segunda instancia de la Justicia Federal de Salta que le concedió legitimidad legal para accionar contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a un grupo de personas que alega representar los derechos del “niño por nacer”.
“Amnistía Internacional presentará un recurso extraordinario federal para que la Corte rechace la demanda”, adelantó a Télam la directora ejecutiva de la organización internacional de derechos humanos en la Argentina, Mariela Belski, quien consideró que “era previsible que se diera una avanzada conservadora cuestionando la ley”.
De esta forma, se refirió a un fallo dictado por mayoría por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que le concedió a un grupo de personas la legitimidad que reclamaban en una declaración de inconstitucionalidad planteada contra la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo, en representación de los “niños por nacer”.
“Hasta el momento, el Poder Judicial había rechazado consistentemente casi todas las causas entendiendo que quienes se presentan lo hacen bajo una figura jurídica que no tiene respaldo legal como es la representación colectiva de las personas por nacer”, indicó Belski.
En este marco, consideró “fundamental que la Corte acompañe su propia jurisprudencia sobre el derecho a interrumpir legalmente un embarazo y las decisiones que desde la sanción de la norma ha emitido el Poder Judicial alrededor del país sobre la falta de legitimación de este colectivo, que pretende anular a las mujeres e impedir que ejerzan sus derechos humanos, incluido el acceso a un aborto legal”.
En este sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina consignó que “esta demanda contra el Estado nacional pide, como las que ya fueron rechazadas por inadmisibles, que se declare inconstitucional la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, y advirtió que “bajo esa figura se pretende reeditar en el Poder Judicial el debate que ya se resolvió en el Congreso”.
Además, entendió que “la demanda también emite un mensaje preocupante porque reinstala un entramado violento en contra de las mujeres que deciden no continuar con un embarazo” dado que “no solo pide la suspensión de la ley sino que además solicita que se ordenen la adopción de medidas que podrían implicar violencia contra las mujeres”.
No obstante, aclaró que el reciente fallo de la Cámara Federal salteña “no tiene ningún efecto sobre la vigencia de la Ley 27.610 en todo el país”.
En una resolución dividida de fines de agosto pasado y difundida el pasado viernes, el tribunal federal de segunda instancia en Salta entendió que la legitimación amplia que prevé la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para la tutela de esos sujetos alcanza a la defensa de los derechos del “niño por nacer”.
“La ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo significó una conquista para las mujeres y el reconocimiento de sus derechos en línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Fue aprobada por el Congreso después de un debate amplio y participativo. Esta demanda ya fue rechazada por inadmisible por el juez de primera instancia. La Cámara debería haber confirmado esa decisión”, planteó la representante de Amnistía Internacional en la Argentina.
En este sentido, sostuvo que “la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda representar al colectivo de personas por nacer en contra de los derechos de las mujeres es contraria a la Constitución Nacional porque viola el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo, como así también el principio de división de poderes”.
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