La seguridad brindada en los accesos al predio durante el festival del año pasado, aún no ha sido pagada a los policías. Foto: Gentileza Cadena 3.
La seguridad del Festival de Doma y Folklore de Jesús María se vio comprometida hasta último momento debido a la insólita mora de exactamente un año en el pago de los servicios adicionales a los policías que prestaron servicio en la edición del año anterior.
La cancelación de sólo una parte de la deuda con el personal policial se dio recién la semana pasada, cuando se pagaron los servicios prestados por los casi 200 policías que habían cubierto dentro del predio del festival.
El pago se precipitó luego de que la superioridad policial de la Departamental Colón (con cabecera en Jesús María) percibiera el malestar de los subordinados y ante la posibilidad cierta de que hubiera negativa a prestar el servicio. “Trascendió que iba a haber una lluvia de carpetas médicas”, comentó a este medio una fuente con llegada a la Jefatura Policial y que siguió de cerca las alternativas.
Fue un pago parcial el que descomprimió de algún modo esa posibilidad que por momentos fue concreta. De cualquier modo, la cancelación sólo cubrió a quienes habían prestado servicio puertas adentro, una erogación que ya había sido cubierta en su momento por la Comisión que organiza el evento cultural y que la Policía no había liquidado debidamente.
“Trascendió que iba a haber una lluvia de carpetas médicas, por eso se hizo un pago parcial de esta manera, para garantizar el servicio”, señaló una fuente con llegada a la Jefatura.
Sin embargo, ni si quiera para este grupo fue completo el pago, apuntó la misma fuente. En primer lugar porque no todos cobraron. Y en segundo, porque se abonaron adicionales por 8 horas, cuando la casi totalidad trabajó 12. “Lo que se hizo fue repartir una partida, pero que no alcanzaba para cubrir todo. Por eso los pagos fueron parciales”, agregó.
Incluso, la liquidación no fue realizada por recibo de sueldo, según apuntó la misma fuente con llegada directa, sino que “te hacían firmar unas planillas como que recibías el dinero y listo”.
Y en la liquidación de la Departamental Jesús María, esos pagos aparecen liquidados como de Seguridad Ciudadana (el Municipio o la misma fuerza policial) y no como servicios privados (la Comisión del Festival).
Ni siquiera esa suerte tuvieron los más de 200 que en el festival anterior cubrieron destinos por fuera del predio, ya sea en los controles o en las inmediaciones. “A esa gente todavía le adeudan la totalidad”, detalló por su parte René Zabala, secretario general de la Unión de Policías y Penitenciarios de Córdoba (UPPAC), hasta ahora el único gremio policial con reconocimiento de la Justicia Federal.
La participación institucional de la Policía de Córoba sí se realizó, con la presencia y las destrezas de la División de Caballería.
OPCIONALES PERO COMPULSIVAS
Los servicios adicionales son un mecanismo que utiliza la fuerza policial y también las entidades públicas o privadas para contar con un servicio extra de seguridad por el cual se paga un monto a valores prefijados. Por definición, los adicionales son optativos, es decir, es una posibilidad que el agente posibilidad tiene para engrosar su salario.
Sin embargo, según apunta el propio Zabala, en esta ocasión las adicionales terminan siendo “compulsivas, ya que el trabajador policial se ve impedido de rehusarse a prestar un servicio”.
Se le agrega a esto el hecho de que la mayoría de los uniformados cubren entre cuatro y cinco noches seguidas del festival, con turnos que arrancan a las 17 horas y se extienden hasta las 7 de la mañana, para luego volver a empezar a las 17. “Imaginate si al tipo que laburó así, le pagás recién al año, y le reconocés sólo ocho horas de todo lo trabajado. Es entendible el malestar”, puntualizó Zabala.
Uno se podría preguntar adónde es que recurre un trabajador policial al que le adeudan semejante liquidación durante más de un año. En realidad no hay muchas alternativas. El sistema de adicionales está coordinado por una dirección en la Central Policial, pero cuenta con oficinas descentralizadas en cada una de las departamentales. El jefe de adicionales de cada departamental depende directamente del jefe de la departamental, a quien está subordinado. Esto hace que cuando un policía pretenda reclamar por una falta de pago como la de Jesús María, termina enfrentándose a su superioridad, lo cual “lo pone bajo la condición muchas veces extorsiva de sufrir recargos, traslados o sanciones”, señala el titular de la UPPAC.
“Imaginate si al tipo que laburó así, le pagás recién al año, y le reconocés sólo ocho horas de todo lo trabajado. Es entendible el malestar”, puntualizó René Zabala, titular del gremio policial.
A esto se agrega que una proporción importante de los más de 400 efectivos que cubren la seguridad del Festival, dentro y fuera del predio, son cadetes de la Escuela de Policía, “a quienes hacen figurar como efectivos policiales de seguridad, y son personal que ni siquiera cobra la adicional porque no están habilitados para recibir remuneración”, agrega Zabala. “Son utilizados dentro del mismo esquema de precarización que se aplica para cubrir este tipo de eventos”, sostuvo.
Para el gremialista, tanto el jefe de la Departamental Colón, comisario Daniel Barrera, como el Jefe de Policía, comisario Gustavo Vélez “tienen que bregar para que proteja la situación económica de los subordinados, disponiendo que no se brinde el servicio de adicionales hasta tanto no se regularice la deuda del año pasado”.
La misma fuente recordó la necesidad de la defensa gremial de los uniformados, al señalar que en la actualidad los policías “se ven imposibilitados de hacer un reclamo por derecho administrativo y por el trabajo realizado, ya que se encuentran condicionados ante la superioridad por posibles sanciones o traslados, lo que los pone bajo un estado permanente d explotación laboral”.
El área de prensa de la Policía de Córdoba fue consultada por ENREDACCIÓN para la realización de este informe, pero no se recibió respuesta.
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