La jueza federal Sandra Arroyo Salgado enfrenta una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” en sus funciones, tras ordenar detenciones y allanamientos considerados “arbitrarios” e “ilegales” en una causa impulsada por el diputado oficialista José Luis Espert.
La acusación, presentada por los diputados de Unión por la Patria (UP) Mariano Recalde y Vanesa Siley, señala irregularidades en el manejo de una investigación contra cinco militantes peronistas acusados de dejar un pasacalle y bosta frente al domicilio de Espert.
La causa, respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es cuestionada como parte de una política de “caza de brujas” contra opositores al gobierno de Javier Milei. Los denunciantes sostienen que las detenciones de los militantes —cuatro mujeres y un hombre— son desproporcionadas, ya que el hecho imputado, de ser cierto, “como máximo podría representar una contravención municipal”. Sin embargo, los acusados fueron alojados en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, incomunicados, en condiciones que no se condicen con la gravedad del supuesto delito.
Entre los detenidos se encuentra Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, arrestada el 27 de junio. Abaigar recibió el beneficio de “prisión domiciliaria” a raíz de problemas de salud que no pueden ser tratados en el sistema penal, pero la medida todavía no se había efectivizado este viernes.
También está Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de UP en Quilmes, miembro de La Cámpora y secretaria general del PJ local, cuya detención fue acompañada por allanamientos en su domicilio y oficinas municipales.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, criticó duramente a Arroyo Salgado, acusándola de participar en un esquema de “persecución a la militancia política” impulsado por el gobierno nacional.
Los otros detenidos son Aldana Muzzio (45 años), Candelaria Montes (24 años) y el único hombre, Iván Díaz Bianchi (22 años), empleado administrativo. Los cinco permanecerán en prisión al menos hasta la próxima semana, cuando la Cámara Federal de San Martín revise las órdenes de detención dictadas por la jueza, a pedido de Espert y ejecutadas por fuerzas de seguridad bajo el mando de Bullrich.
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