El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) repudio a los actos del Intendente, Martín Llaryora (PJ), y sus funcionarios “de coartar ilegítimamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras del área de Educación de la Municipalidad de Córdoba”.
A través de un comunicado de prensa, el SUPEM detalla que “las acciones intimidatorias y de persecución se concretaron el 18 del corriente. En la oportunidad se obstruyó y limitó la posibilidad de que los trabajadores puedan informarse en asambleas deliberativas y resolutivas convocadas desde la Gremial de Educación de nuestro Sindicato y con el fin de tratar y evaluar sobre las distintas situaciones que hacen a las actuales condiciones de trabajo”.
Entre los temas sobre los cuales los maestros y personal auxiliar docente debían tomar resolución se encuentran los de “seguridad; precarización laboral a través de la figura fraudulenta de becarios; vacunación; incorrecta liquidación de haberes; boleto educativo; infraestructura; y conectividad”.
Dice el SUOEM que “es en ese contexto y contradiciendo el espíritu de libertad, autonomía y democracia sindical que gobierna nuestro régimen jurídico laboral y en especial la Ley de Asociaciones Sindicales Ley 23551, que regula el derecho a reunión y asambleas, el director de Gestión, Luís Franchi, requirió a las directoras de los establecimientos educativos “listas de agentes” que han adherido a las asambleas, con indicación de nombre completo, DNI, cargo y tumo del agente”.
Apunta el gremio, que “este acto Intimidatorio, ilegal e ilegitimo de pedir Información sobre datos personales de los docentes, se suma a los sistemáticos entorpecimientos concretados en el marco del retomo a la presencialldad, y constituyen claramente violencia laboral contra los trabajadores que incansablemente han garantizado y garantizan la escolaridad de los sectores más postergados”.
Sigue diciendo el SUPEM que “pretenden acallar al sector cuya planta es, a su vez, el sector más feminizado de toda la Municipalidad, con la aviesa intención de impedir que denunciemos la grave desprotección a la que se expone a cada uno de los compañeros que asisten e trabajar sin contar con la seguridad mínima y necesaria para dar cumplimiento a sus funciones”.
Finalmente, reclaman que el municipio cese “con toda practica persecutoria, que avasalle derechos legítimos y genere un factor adicional de estrés a todo el contexto de vulnerabilidad en el que actualmente deben llevar a cabo sus tareas los docentes de las escuelas municipales”.
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