El gobierno provincia prorrogó el contrato de la ex Kolektor, ahora denominada Servicios y Consultoría. S.A. y CIA. de Gestión, Administración y Fiscalización S.A. – Unión Transitoria, por 48 meses. Es decir, que se extenderá hasta 2025.
El polémico contrato es “para la provisión de los servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.
Cabe recordar que el contrato original (2017 – 2021), contemplaba la posibilidad de prórroga. Esa opción es la que está ejerciendo ahora el gobierno de Juan Schiaretti.
En ese sentido, la Ley 10.556 y su anexo señalan en la cláusula tercera que “(…) El comitente (el gobierno) se reserva el derecho de prorrogar el contrato, cuando razones de servicio así lo indiquen, hasta un plazo máximo de 48 meses”. El gobernador Schiaretti y su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, utilizaron la variante de máxima.
De acuerdo a dicho convenio, la empresa percibe el 1,8% de los recursos en caso de que no aumente la recaudación sobre el año base y puede obtener hasta el 3,3% en caso de mejorarla. Así, en 2018, la provincia recaudó 145.765 millones de pesos (a valores de 2020), por lo que el 1,8% de ese período fue de 2623 millones de pesos. En 2019, como producto de la crisis recesiva que vivía el país, los ingresos tributarios totalizaron 128.364 millones, por lo que la ex Kolektor embolsó 2310 millones. En 2020, con la pandemia y la crisis sanitaria, volvieron a caer los recursos impositivos de origen provincial, esta vez a 122.346 millones de pesos. Así la empresa recaudadora sumó 2202 millones de pesos.
La resolución oficial fue adoptada mediante un decreto con la firma del Gobernador Juan Schiaretti que en sus considerandos menciona un informe de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sobre el cumplimiento del contrato y los compromisos asumidos por la Unión Transitoria al mes de marzo de 2021.
En ese informe, se expide “positivamente a su respecto, y destacando, entre otros aspectos, que las inversiones propuestas se han cumplido en los montos comprometidos anualmente, que el trabajo realizado puede valorarse favorablemente, que la respuesta de la contratista ha sido adecuada en calidad y cantidad, que se observa un cumplimiento de las metas y que se ha brindado un adecuado servicio”.
Detalla el decreto, que esta evaluación positiva fue ratificada por “las diversas dependencias del Ministerio de Finanzas (Registro General de la Provincia, Dirección General de Catastro, distintas áreas de la Dirección General de Rentas, Fiscalía Tributaria Adjunta, Dirección de Gobierno Electrónico y Dirección de Inteligencia Fiscal), en relación a la mejora de la calidad de la atención ciudadana, la eficiencia en la prestación de servicios y las acciones optimizadoras de la gestión de recursos a cargo de la Administración Tributaria”.
Sigue diciendo el Ejecutivo que “a todo esto se suma que la empresa contratista ha presentado y recibido la aprobación a su Plan de Trabajo e Inversión, a ejecutar en el periodo de prórroga en el que se contemplan las circunstancias planteadas por la pandemia ya que “acelera la necesidad de una gestión tributaria digital en su totalidad, describiendo detalladamente las tareas a desarrollar para alcanzar los objetivos previstos, como la mejora de los registros digitales, la atención ciento por ciento (100%) remota, el mejoramiento de la velocidad de respuesta, entre otros”.
Kolektor inició sus actividades en 2005, con el ex gobernador (José Manuel) De la Sota. La argumentación del fallecido mandatario provincial fue que Kolektor asistiría y ayudaría “en la mejora de la recaudación, ya que en la crisis del 2001 los ingresos provinciales habían caído cerca de un 28% en términos reales”.
Recuerda sobre ese punto el ahora concejal Juan Pablo Quinteros, que “en ese entonces, la empresa solamente se llevaba un porcentaje de la mejora en los ingresos”. Lo cierto es que en la actualidad, luego de la obtención del nuevo convenio, tiene asegurado un piso de ingresos, que crece con la evolución de la recaudación, que en general no es atribuible a un incremento de la eficiencia administrativa, sino al propio aumento de la actividad económica. Por ejemplo, los efectos de la pandemia, en 2020, produjeron una contracción de los ingresos fiscales, tanto nacionales, como provinciales, pero en la actualidad existe una recuperación como consecuencia de la normalización de distintas actividades económicas. Así, en julio 2021, el crecimiento de la recaudación tributaria provincial fue de 9% en términos reales (descontada inflación) sobre julio 2020.
Quinteros, principal crítico del contrato en 2018, expresó en aquel momento que “desde un primer momento dijimos que el contrato con Servicios y Consultorías S.A. era una estafa a los cordobeses, no sólo porque direccionaron la licitación para que Kolektor siga en el negocio, sino porque no requerían un mínimo de mejora en la recaudación para justificar las grandes sumas de dinero que se están llevando”.
Según la información oficial disponible, Kolektor estaba conformada “por la firma SYC (Servicios y Consultoría SA) y la CGAF (Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA) con presencia operativa en Córdoba desde enero de 2005, luego de ganar la licitación pública nacional e internacional que promovió el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba para reformar y fortalecer la Dirección General de Rentas”. La primera, propiedad las familias Karsten y Ferracioli; y la segunda, de la familia Álvarez.
La UTE titular del contrato actual es la misma: SYC (Servicios y Consultoría SA) y la CGAF (Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA).
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