Las exportaciones de gas a Chile se hacen a menor precio que las importaciones desde Bolivia. (Foto: Gentileza El Comodorense).
“YPF, que tiene la mayoría accionaria de Metrogas, le vende gas a Chile a 3.86 dólares por millón de BTU (la unidad de medida del gas), mientras en la última adenda del contrato con Bolivia se estableció un precio de importación de 7,14 dólares por millón de BTU. Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, afirmó el defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello. De este modo, puso en cuestión la política tarifaria de servicios públicos del gobierno nacional que, según explicó, en la provincia de Buenos Aires registra incrementos de 2300% para los consumos residenciales.
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Lo hizo en el transcurso de la audiencia pública, donde las empresas transportadoras y distribuidoras de gas, Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Litoral Gas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur pidieron elevar hasta un 35,6 por ciento las tarifas de gas para los usuarios residenciales, comerciales e industriales, para poder garantizar la “sustentabilidad del servicio”.
Metrogas, que brinda el servicio a unos 2,4 millones de usuarios en la zona metropolitana de Buenos Aires, solicitó que las tarifas suban entre un 32 y un 35,6% según las categorías, para recuperar la rentabilidad perdida desde el 1 de octubre a consecuencia de la inflación. En la misma sintonía se expresaron el resto de las compañías.
Lo que está en juego es la aplicación de la metodología de adecuación semestral de la tarifa de acuerdo a los datos de inflación que viene publicando el Indec desde octubre a través de su índice de precios al consumidor (IPC). Al pagar sus facturas, los usuarios residenciales, comerciales e industriales responden a tres componentes: el precio de producción del gas, el costo del transporte desde los yacimientos y el precio de la distribución hasta el domicilio.
La audiencia se desarrolló en el Centro Metropolitano de Diseño, presidida por el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Mauricio Ezequiel Roitman, y el vocal segundo del organismo, Diego Fernando Guichón. “El objetivo es mantener estable en términos constantes las tarifas de gas natural establecidas al inicio del quinquenio que estableció el programa”, explicó Guichón al dar inicio a la audiencia pública.
Todas las empresas aseguraron que están realizando las inversiones con las que se comprometieron en 2016 cuando el entonces ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren puso en marcha el plan quinquenal de reestructuración del sector. El Enargas estableció entonces que el monto de las inversiones no ejecutadas al finalizar cada semestre debe actualizarse utilizando la misma metodología y los mismos índices de precios usados para la adecuación semestral de las tarifas.
En tanto, el jueves 28 habrá otra audiencia en Salta para que se definan los aumentos que competen a las compañías Distribuidora de Gas del Centro (que afecta a la provincia de Córdoba); Gasnor SA; Gas NEA SA; Distribuidora de Gas Cuyana SA; y Transportadora de Gas del Norte SA y Redengas SA.
El Enargas decidió llevar adelante la audiencia en la calle Zuviría 291 de Salta capital, pero habilitará centros de participación virtual en Mendoza, en Córdoba (La Rioja 481) y en Rosario.
LA DENUNCIA DE MARTELLO
El Defensor de Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello alertó sobre el impacto del Impuesto al Cheque que las compañías transfieren a los usuarios: alrededor de $150 millones por año.
A su vez, sostuvo que el marco normativo instituido en los años ’90 también posibilita el traslado de Ingresos Brutos y ello genera, a partir de las diferencias existentes entre jurisdicciones, serias inconsistencias. “Por ejemplo, si tomáramos dos hogares de igual consumo, uno ubicado en el Conurbano y otro en Puerto Madero, el primero paga un cargo variable mayor respecto al usuario que vive que en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.
Reveló además que “mientras se multiplican las utilidades de las empresas distribuidoras, cae el número de usuarios en la Provincia y se incrementa la cantidad de hogares que no acceden a la red”.
“Los incrementos que se vienen aplicando desde hace tres años violan los requisitos de previsibilidad, gradualidad y razonabilidad que en su momento estableció la Corte Suprema de Justicia. A punto tal que si ahora se aprueba el aumento que propone Camuzzi, los precios en algunas categorías de usuarios acumularán una suba de más de 2300% en los últimos tres años. El último balance de Camuzzi Gas Pampeana muestra que, pese a la devaluación, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”, detalló Martello sobre la fenomenal transferencia de ingresos de los usuarios a las prestadoras.
Martello afirmó que “la caída en la entrega de gas a clientes residenciales, en el caso de Metrogas, se encuentra en el nivel más bajo desde 1998. Eso no es todo: los últimos meses del año pasado, según datos del ENARGAS, esta compañía que distribuye gas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires perdió más de 87 mil clientes. Si bien la situación puede deberse a varios factores, uno de los motivos principales de esa reducción sería la imposibilidad de hacer frente a los aumentos de tarifas”.
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