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El legislador de Izquierda Socialista, integrante del FIT, Ezequiel Peressini, reclamó “la separación de la Iglesia del Estado. Es inadmisible que los obispos cobren $46.800 por mes y los docentes en las escuelas tengan salarios por debajo de la línea de la pobreza, o que la educación privada en nuestra provincia se lleve $8.800 millones en desmedro de las escuelas públicas”. En esa línea, presentó un proyecto de Ley para anular el Título Tercero (Artículos 78, 79 y 80) de la Ley Provincial de Educación número 9.870, según la cual “tienen derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos” impidiendo el derecho a la educación laica y científica como así también la plena implementación de la educación sexual integral”
Agrega Peressini que “respetamos las creencias y religiones, pero el Estado no debe financiarlas ni deben educar a nuestros niños, niñas y jóvenes. El Financiamiento a la Iglesia Católica se trata de un negociado millonario que nadie controla, que beneficia a las cúpulas de una institución que apoyó históricamente todos los golpes militares en Argentina y que tiene en sus filas a abusadores de niños como el Padre (Julio César) Grassi y a curas fascistas como (Christian) Von Wernich o en la actualidad busca perpetuar la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo provocando cientos de muertes de mujeres al año”.
También presentó un proyecto de resolución para instar a los diputados y senadores nacionales a anular la Ley 21.950, sancionada por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz en 1979, y la Ley 24.483 aprobada durante la gestión del presidente Carlos Menem. “A través de ellas -dice el comunicado de prensa- se otorga a la jerarquía eclesiástica una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, y eximiciones de impuestos varios sobre Ingresos Brutos, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios, Inmobiliarios y Automotor, etc.”
Por último dice que “a 42 años del golpe de Estado de 1976 presentamos estos proyectos para conquistar la separación del la Iglesia del Estado, una de las tereas pendientes de la democracias que ni radicales ni el peronistas de distintos pelajes quisieron garantizar.”
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