El bloque K en la Legislatura provincial: Franco Saillen, Martín Fresneda, , Vilma Chiapello y Carmen Nebreda.
Un llamado telefónico desde Buenos Aires parece haber terminado de convencer al bloque de legisladores kirchneristas de Córdoba de sumar su apoyo a la reforma electoral que propone el gobierno provincial. Las fuentes consultadas no coincidieron en el nombre del interlocutor desde el otro lado del teléfono, pero el planteo habría sido claro: “Planteemos las dudas y observaciones que tengamos, pero sería bueno que acompañemos”. En Córdoba escuchaba uno de los legisladores del bloque, que lo transmitió al resto, fijando posición para la sesión de hoy. Una de las fuentes consultadas señaló incluso que fue la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que transmitió su interés en este tema.
Salvo Liliana Montero, que se expresaría en contra del triple proyecto oficial, los otros cuatro integrantes del bloque votarán a favor en general y con objeciones en particular si es que no se producen nuevas modificaciones en el despacho de comisión. Así se expresarían Martín Fresneda, Franco Saillen, Carmen Nebreda y Vilma Chiapello, según las fuentes del sector que hablaron con este medio.
De este modo, la mayoría peronista de la Legislatura sumaría cuatro adhesiones a las iniciativas que establecen la autorización de las “dobles candidaturas” a gobernador y vice y legisladores; y la nueva ley de financiamiento electoral que eleva, en los hechos, a 300 millones de pesos el monto que los partidos políticos podrían gastar entre aportes estatales y privados. Anoche, las fuentes consultadas por ENREDACCIÓN precisaron que el bloque de Córdoba Podemos votaría en contra la modificación del Código Electoral que establece la fecha del 1 de marzo para convocar a elecciones.
En contra de las reformas votarán el interbloque de Cambiemos (PRO, UCR y Frente Cívico), el vecinalismo y el FIT.
La reforma contiene dos elementos determinantes: la habilitación explicita a que los candidatos a gobernador y vice, puedan también candidatos a legisladores; y la provisión de recursos para poder competir, que según las estimaciones, si se suman los fondos públicos y privados, permitirían un reparto de unos 300 millones de pesos entre todas las fuerzas. Aquí habría además una picardía: se bajaría el porcentaje para acceder al financiamiento en el tramo de reparto proporcional (el 70% de los fondos públicos), de 3 a 1,5%.
La otra modificación central es que ya no será obligatoria comunicar la fecha de la elección el 1 de marzo, con lo que la realización del comicio -a causa de las obligaciones que impone una convocatoria electoral- pasaba necesariamente para el segundo semestre, por los -al menos- 90 días que se necesitan de tiempo entre la convocatoria y la realización del comicio.
Schiaretti y su equipo, estudian distintas fechas que van desde el mes de abril hasta julio de 2019. La eliminación de la obligación de anunciar la fecha de elecciones el 1 de marzo va en ese sentido.
Cuáles son las principales objeciones del kirchnerismo: en la ley de financiamiento, creen que debería ser menor el monto de hasta 200 millones de pesos que podría alcanzar el aporte de personas y empresas; y en las “dobles candidaturas”, que debe respetarse la paridad de género, ya que en la boleta a legislador deben intercalarse obligatoriamente un hombre y una mujer.
El despacho firmado por los legisladores del oficialismo provincial no contempla ninguno de estos planteos, sin embargo, el bloque K igual podría acompañar la iniciativa en general.
Luego de la foto entre la concejal Natalia De la Sota y la diputada nacional Gabriela Estévez, la principal referente de La Campora en Córdoba, si finalmente se concreta, la decisión de acompañar la reforma electoral, sería una de las señales más importantes de encuentro entre los distintos sectores del peronismo cordobés.
LAS CLAVES
-Permite candidaturas dobles, esto es que los integrantes de la fórmula a gobernador y vice también puedan ser candidatos a legisladores provinciales.
-Aumenta el financiamiento electoral: 100 millones de fondos estatales y hasta 200 millones de recursos privados (de personas y empresas).
-Elimina la obligación de convocar a elecciones el 1 de marzo y establece un llamado con 90 días de anticipación.
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