El Gobierno nacional dispuso el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la dictadura. Lo hizo a través de la derogación del Decreto 715/2004.
Esta Unidad, que había sido creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas de Plaza de Mayo en el hallazgo de sus nietos y nietas apropiados por la dictadura cívico-militar.
Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, a través del cual se creaba una UEI dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
El decreto del Ejecutivo argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
Apunta que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
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