La psicopatología del poder es una enfermedad asociada a la impunidad. De derecha o de izquierda. Hitler o Stalin. Roa Bastos en “Yo el supremo”; Varga Llosas en “La fiesta del chivo” y “Conversaciones en la catedral”; Gabriel Garcia Márquez en “El coronel no tiene quien le escriba”; y Alejo Carpentier en el “El Recurso del método” nos hablan de esta enfermedad en el Realismo Mágico Latinoamericano.
Esta psicopatología se desarrolla con el ejercicio del poder por un tiempo abusivo. El tiempo en el poder genera inevitable impunidad. Ello sucede con el poder político, con el poder económico y, por cierto, con el poder sindical. A mayor tiempo en el poder, mayor impunidad. Y allí aparece la psicopatología del poder. El que manda pierde conciencia de los límites. Piensa que su impunidad es absoluta. Y pierde contacto con la realidad.
Hecha esta precisión de psicología social volvamos al caso de Oscar González, médico inteligente y político profesional. Seria falso creer que esta tragedia termina con su renuncia o con la devolución de los autos de alta gama o con el reintegro de los inmorales pagos por lavado de sus autos. O con su reemplazo. Esto es gatopardismo: “Que algo cambie para que todo siga igual”. El sistema de construcción de poder impregnado de corrupción que aparece detrás de la tragedia es lo que se debe cambiar. Y en ese sistema lo primero a cambiar es el Poder Judicial, garante de la impunidad de los poderes en la Argentina.
Es una burla que el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) nos diga que no tiene la obligación de controlar el uso legal y moral que hace el legislador de estos BMW con origen en delitos como el narcotráfico. En un Estado de Derecho, la Justicia es el poder de control de los otros dos poderes del Estado. La ley, por otra parte, no le ordena al TSJ entregar estos hermosos vehículos de alta gama a legisladores y ministros. Podría y debería haberlos entregado a consorcios camineros o a cooperativas del trabajo o a ONG ambientales.
El Informe de la Comisión de Expertos del Colegio de Abogados de Córdoba del 2018 muestra con fundamento en encuestas de 20 años, que el 82 % de los cordobeses tiene escasa, baja o nula confianza en la Justicia. El gobernador Juan Schiaretti, si quiere representar a la anti-grieta, debería tomar nota del significado profundo de esta tragedia. El poder en Argentina tiene que revisarse a sí mismo. Y el primero debe ser el Judicial.
* Juan Carlos Vega. Abogado (UC Córdoba) y sociólogo (UC Lovaina).
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