La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) publicó esta semana documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos que revelan el rol que cumplieron los servicios de inteligencia de Argentina durante el Terrorismo de Estado. En los mismos se puede ver la construcción de un enemigo interno en el marco de la doctrina de seguridad nacional y los intentos que se llevaron a cabo para ocultar los centros clandestinos.
La información es parte de un trabajo de desclasificación llevado a cabo por National Security Archive y la Universidad William & Mary, que firmaron un convenio con la CPM para difundir estos materiales de archivo de las agencias de Estados Unidos que dan cuenta del conocimiento que en los años ’70 tenían sobre la situación de violaciones a los derechos que se cometían en Argentina.
Los materiales, que pueden consultarse en https://www.comisionporlamemoria.org/project/los-documentos-desclasificados-por-eeuu-que-revelan-el-rol-de-los-servicios-de-inteligencia-durante-el-terrorismo-de-estado, dan cuanta de cómo los distintos organismos de inteligencia de Argentina colaboraron entre sí para la persecución, secuestro y desaparición o asesinato de personas identificadas como “amenazas”.
DOCUMENTOS
Un material de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos sobre Argentina, fechado el 21 de mayo de 1983, da cuenta de la participación de agentes del Batallón 601 del Ejército en los asesinatos de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi.
Ambos eran militantes del Movimiento Intransigencia y Movilización Peronista que fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983 en el Bar Magnum de Rosario en pleno día y a la vista de testigos. Varias horas después, sus cuerpos aparecieron en un camino vecinal de la localidad de Lima, en el norte bonaerense.
“Ambas detenciones fueron realizadas por personal del destacamento de Paraná del Batallón 601, actuando bajo las órdenes del cuartel general del Batallón 601 de Buenos Aires. Luego de que ambos hombres fueran interrogados, el Batallón 601 solicitó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que montara la muerte de ambos en un incidente falso en la Provincia de Buenos Aires. Esto fue hecho por la Policía de Buenos Aires como fue solicitado”, sostiene el material desclasificado.
El 19 de noviembre de 1976, casi ocho meses después del golpe de Estado, un reporte de cuatro páginas de la CIA describe el papel de la Central Nacional de Inteligencia (la exSIDE) en el marco de la campaña “antisubversiva”.
“El principal objetivo es desarrollar y consolidar información sobre los distintos grupos terroristas de izquierda. La tarea es desarrollada primordialmente a través del análisis de documentos confiscados e información provista por subversivos detenidos”, se afirmaba en el documento.
Otro material permite entender de qué manera las agencias de inteligencia participaron de la construcción del “enemigo interno” a partir del cual se desarrolló la doctrina de seguridad nacional que adoptaron los países de Latinoamérica entre los años ’60 y ’70.
Se trata de un cable del 27 de octubre de 1978, redactado por el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y dirigido al director del FBI, en ocasión de las gestiones diplomáticas de más alto nivel para la liberación y partida hacia Estados Unidos de las hermanas María Susana Panero y Marta Alicia Panero.
La información que transmite el agregado legal Calvin Clegg fue suministrada por el entonces agente de la Policía Federal y luego oficial de la SIDE y del Batallón 601, Arturo H. Poire, descrito como “una fuente confidencial cuya identidad debe protegerse”.
En el cable, el agregado legal Calvin Clegg trascribe la información: “De acuerdo con el Servicio de Inteligencia de la prisión donde Marta fue detenida, antes de su partida voluntaria a los Estados Unidos, su comportamiento había sido muy malo y era considerada una presa peligrosa. No se ofrecieron más explicaciones al respecto. La Policía de Córdoba transmitió oralmente que Marta era una activista de Montoneros, una agrupación marxista, involucrada en ataques terroristas en Argentina”.
María Susana fue detenida el 26 de agosto de 1976 por el Ejército y la Fuerza Aérea y Marta fue apresada por la sección de informaciones de la Policía de Córdoba el 3 de septiembre de 1976, mientras buscaba a su hermana. Ambas fueron llevadas a prisión a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, una vez liberadas, opcionadas a salir del país hacia Estados Unidos: Marta en febrero de 1978 y Susana en enero de 1979.
Durante su cautiverio, las hermanas fueron visitadas por funcionarios diplomáticos de Estados Unidos. Incluso, el embajador estadounidense Raúl Castro discutió el tema personalmente con el general Roberto Viola, entonces jefe del Ejército.
La carta de Poire es ilustrativa del modo en que los organismos de inteligencia asignaban un nivel de peligrosidad a tareas asociadas a la participación política, en este caso, repartir material partidario, la sospecha de estar involucrada en ataques adjudicados a Montoneros o incluso a la búsqueda de familiares detenidos.
PREOCUPACIÓN POR “LOS EXCESOS”
En los últimos meses de la dictadura cívico-militar, otro cable de la CIA describe la creciente “preocupación” al interior de los servicios de seguridad por las revelaciones en torno a los “excesos cometidos durante la campaña antisubversiva”.
Específicamente, se menciona la “gran preocupación” dentro de la SIDE por la revelación de la existencia de “centros clandestinos de detención y tortura”. En ese mensaje, el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, le transmite al director del FBI información de inteligencia sobre el gabinete del entonces presidente Raúl Alfonsín y otros miembros de su gobierno.
Sobre la continuidad de esas prácticas en las agencias de inteligencia, el archivo de la DIPPBA aporta una gran cantidad de información. De un modo que desechaba la normativa vigente así como los consensos básicos sobre los que se asienta la vida democrática de nuestro país, la DIPPBA continuó operando bajo una concepción heredada de la dictadura militar, según la cual la protesta social, la participación política, social, gremial y de toda otra índole eran visualizados como objetos de control y seguimiento de parte del Estado.
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