La Asamblea Ni Una Menos de Córdoba convocó a una marcha, a partir de las 17:00. Con el lema: “¡Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios! El Estado y los gobiernos nacional, provincial y municipal son responsables. ¡Renuncia de Claudia Martínez ya!”, la movilización partirá desde Colón y Cañada en la capital provincial.
A través de un documento, denuncian que “la escalada de violencia machista ha dejado un total de 61 femicidios en todo el país, y en Córdoba, se ha cobrado la vida de ocho mujeres en lo que va del 2021. Gabriela Lencina, Ivana Juarez, Nilda Peano, Melisa Moyano, Liliana Stefanatto, Emilse Gajes, Miriam Farias e Ivana Módica se suman a la larga lista en nuestra provincia”.
Agregan que “el femicidio de Úrsula, el 8 de febrero, desató la bronca y el dolor en todo el país y subrayó la responsabilidad estatal y gubernamental ante la violencia machista; la sumatoria de dieciocho denuncias previas a Matías Ezequiel Martínez, miembro de la Bonaerense, la falta de respuestas y la impunidad del agresor desencadenó la rabia de familiares, amigxs y vecinxs, quienes además debieron soportar la represión de la policía. En un mismo sentido, en Córdoba las repetidas denuncias de Emilse Gajes a su pareja no le garantizaron ningún tipo de acompañamiento ni protección. Hoy su familia exige esclarecimiento y justicia ante su muerte, mientras el sistema judicial baraja la hipótesis de suicidio en los medios, desconociendo los antecedentes de violencia de género y los testimonios. Mientras Sergio Berni planteaba no entender por qué señalábamos la responsabilidad del aparato represivo del Estado en el caso de Úrsula, “ si la policía no tiene nada que ver”, las estadísticas muestran que el 17% de los femicidios lo cometen un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad. Así lo confirman los casos de Miriam, en Saldán, cuya pareja era miembro de la Federal y recientemente, el de Graciela Noemí Funes en Madariaga, asesinada por un agente de la bonaerense”.
La Asamblea sigue diciendo que “remarcar el rol de la policía y de la justicia patriarcal en perpetuar la impunidad de los agresores, violentos y femicidas no es suficiente. Exigimos la destitución de jueces y funcionarios públicos que reproducen violencia machista y sostenemos que el problema no se soluciona solamente con una mayor perspectiva de género en estas instituciones. Desde aquel primer Ni Una Menos, en el 2015, hemos reclamado la triplicación de presupuesto para la ley 26.485 contra la violencia de género, y exigido que se destine el dinero suficiente para garantizar políticas públicas eficientes”.
Recuerdan luego, que “la ministra Claudia Martínez a cargo del ministerio de la Mujer afirmó que Córdoba es la provincia con mayores recursos e institucionalidad en la temática, que los femicidios bajaron en pandemia y que el alza actual en las cifras se radica en una respuesta patriarcal y conservadora a los avances de la lucha feminista, por parte de varones que no quieren renunciar a sus privilegios. A sus dichos, se le suma el anuncio del (gobernador Juan) Schiaretti sobre destinar 600 millones para programas de violencia de género que permitirían un avance en el funcionamiento del Polo”.
Por último, señalan que “el gobierno de la provincia pretende que quienes están en situación de violencia sobrevivan con becas de entre 8 mil y 12 mil pesos, a las que podrían acceder un total de 5 mil beneficiarias. Estas medidas profundizan una política de precarización y miseria que ya fracasó. Lo cierto es que las denuncias por violencia de género pasaron de 600 en 2019 a 8.000 en 2020, sin que el gobierno destine un solo peso”.
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