Esta madrugada, a los 85 años, murió Rubén Arroyo, presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) y ex integrante de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) creada a instancias del presidente Raúl Alfonsín, que elaboró el informe Nunca Más, donde se detalló el plan sistemático de exterminio orquestado por la dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa de la APDH Córdoba.
Recuerda la APDH que Arroyo comenzó su militancia en favor de los derechos humanos y contra las dictaduras en la década del 60, cuando el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Illia en 1966. En esos años, como abogado del sindicato de Luz y Fuerza, trabó amistad con Agustín Tosco, hasta su muerte en la clandestinidad y perseguido por la Triple A, en noviembre de 1975.
También resalta que cuando el gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano fue derrocado por la Policía cordobesa, en febrero de 1974, Arroyo tuvo una activa participación en defensa de los perseguidos por el golpista Antonio Navarro, el interventor Raúl Lacabanne y las bandas paraestatales del Comando Libertadores de América: “El genocidio no comenzó con la dictadura, no hay que olvidar que a un gobernador constitucional como (Ricardo) Obregón Cano lo derrocaron dos años antes del 24 de marzo del ’76; que el Terrorismo de Estado comenzó en 1974 y que el Comando Libertadores de América operó bajo el amparo del Estado”, solía repetir el titular honorario de la APDH.
Sigue diciendo que en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se dedicó a defender a las víctimas del Terrorismo de Estado y denunciar las violaciones a los derechos humanos; como fue el caso de Alberto Caffaratti, obrero de EPEC y dirigente de Luz y Fuerza muy cercano a Tosco, quien fue secuestrado en enero de 1976 y llevado al centro clandestino de detención Campo de la Ribera. Caffaratti continúa desaparecido. De las 52 desapariciones de personas ocurridas desde marzo de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, 40 se cometieron a partir de diciembre de 1975.
Agrega que luego de iniciada la dictadura cívico militar, Arroyo siguió en su defensa de las víctimas del terrorismo de Estado. En septiembre de 1979, durante la visita al país de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, fue uno de los abogados que presentó testimonios sobre lo que sucedía en Córdoba bajo el mando del genocida Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Con el regreso a la democracia, integró junto al arquitecto Luis Rébora y otros abogados y militantes de organismos defensores de los derechos humanos, el capítulo Córdoba de la CONADEP. También tuvo una activa participación en la Convención de 1994, que reformó la Constitución Nacional.
Ya en 2006, Arroyo y un grupo de abogados presentó una denuncia ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que investigue por genocidio a los integrantes del Comando Libertadores de América, entre los que se destacaban el capitán Héctor Pedro Vergez y el comisario Carlos Yanicelli: “Los hechos aberrantes que denunciamos, de ninguna manera pueden ser tratados como excesos o hechos aislados, son delitos de lesa humanidad que componen la figura del genocidio”, señaló al fundamentar la denuncia.
En 2020, cuando la Policía de Córdoba asesinó a Blas Correas, siguió de cerca el caso y orientó a la familia de la víctima para evitar que el Estado entorpeciera la investigación.
Finalmente, en 2014, Arroyo dio impulso a la reorganización de la APDH Córdoba, que “hoy lo despide con dolor, pero con el orgullo de haber compartido el camino por Memora, Verdad y Justicia y para que Nunca Más el autoritarismo y el terrorismo de Estado imperen en nuestro país”.
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