El ministro de Comunicaciones del gobierno nacional, Oscar Aguad, durante su exposición en Diputados, el 21 de febrero.
Cuando el 21 de febrero de este año el ministro de Comunicaciones se presentó en una comisión del Congreso, aseguró en varias ocasiones que el acuerdo logrado con la empresa de los Macri había sido positivo ya que se trataba de un “deudor insolvente”.
Repitió entonces lo que ya había repetido ante todos los micrófonos de la prensa, al declarar sin titubeos que se trataba de una empresa “sin recursos económicos”.
Es precisamente por aquellas afirmaciones ante los diputados, que el juez federal Ariel Lijo está investigando la responsabilidad del cordobés Oscar Aguad, bajo la presunción de que haya incurrido en “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Por tal razón, la semana pasada Lijo envió un oficio a Diputados pidiendo que le remitan los “registros fílmicos y taquigráficos” de la exposición del cordobés.
“Están todas documentadas las explicaciones que fueron dando los diversos funcionarios, entre ellos Aguad, y eso es lo que estamos recopilando e investigando”, confirmó Lijo al ser consultado por ENREDACCIÓN.
La encendida defensa que hizo en ese momento Aguad fue luego de que trascendiera el primer dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, quien había considerado abusivo” para el Estado Argentino el acuerdo logrado, el cual le permitía a las empresas Sideco y Socma, del grupo Macri, un ahorro estimado de 70 mil millones de pesos.
El escándalo derivó luego en una conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri, en la que anunciaba que había dado la orden de que se volviera a “fojas cero” el beneficioso acuerdo para su clan familiar.
NO TAN INSOLVENTES
La alegada “insolvencia” de la empresa de los Macri no resultó ser tal, según lo señaló la propia fiscal Boquín al corrérsele vista, en un informe fechado el 28 de abril. Allí Boquín documenta que al momento de iniciar el proceso de quiebra, la empresa de la familia del presidente tenía depósitos bancarios en el extranjero por 14 millones de dólares (Lehman Brother y BNP). Desde 2003 a la fecha, valiéndose de argucias procesales, la firma fue transfiriendo de manera fraudulenta esos fondos hacia las empresas del grupo -Socma y Sideco- con el fin de vaciar la empresa y esquivar responsabilidades ante acreedores, aunque manteniendo una estructura residual y haciendo inversiones para evitar la desvalorización del capital inmovilizado.
El presidente Mauricio Macri y el ministro Aguad. Ambos tuvieron que dar explicaciones por un acuerdo muy polémico.
De ser acertado el dictamen de la fiscal Boquín, de ninguna manera ello podría haber sido desconocido por el ministro Aguad al momento de sus declaraciones ante el Congreso.
“No sabemos si hubo una orden de beneficiar a una empresa. Es lo que estamos investigando”, dijo el juez Lijo ante la consulta de este medio. “Aguad es un ministro y como tal tiene que tratar de llegar a un acuerdo en ese problema. Pero otra cosa es si lo hizo defendiendo determinado interés ajeno a la administración pública. Y todo eso es lo que tratamos de determinar”, respondió.
En un tono prudente, el magistrado abrió la posibilidad de que “haya sido un error esa negociación y no un acto delictivo”, pero aclaró que ésa es una evaluación que se podrá realizar una vez que se haya reunido todo el material probatorio, “para saber si lo que se intentó acordar fue en conveniencia del Estado, o para conveniencia de otros”.
Ante la supuesta insolvencia del ex concesionario de servicios de correo, Aguad les explicó a los diputados que no era “conveniente pedir la quiebra de la empresa porque no había activos para liquidar”.
¿Comete delito un ministro que a sabiendas le miente a otro poder del Estado en un caso tan delicado y que se inscribe en el conflicto de intereses?
Para Lijo, eso podrá ser determinado luego de analizar el expediente. “Puede que la interpretación de Boquín haya sido errónea y que el Correo no haya tenido ningún bien. O puede que no”, explicó.
Lo cierto es que hay una posibilidad concreta que Aguad deba dar explicaciones ante el juzgado de Lijo, para ratificar o no su percepción de que el Grupo Macri es un deudor sin dinero. Y en ese marco, hay una posibilidad concreta de que Aguad sea llamado a indagatoria.
CRONOLOGÍA DEL CASO CORREO ARGENTINO
- El 26 de Agosto de 1997 se celebró el Contrato que otorgaba al consorcio liderado por Socma S.A. la concesión de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados con anterioridad por la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA).
- El 1 de septiembre de ese año, la firma del grupo Macri se hizo cargo de los servicios postales: el Correo Argentino contaba con 20.400 empleados y no tenía pasivos financieros. En el contrato firmado para la concesión se establecía que el grupo debía pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos.
- Sólo seis años más tarde, Socma recibió una intimación de la AFIP al deber 508 millones de pesos en contribuciones patronales.
- El 19 de noviembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, firmó un decreto por el cual rescindía el contrato de concesión que tenía SOCMA con el Correo Argentino, “por incumplimiento del pago del canon” y ante la amenaza del grupo de despedir a 3000 trabajadores.
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