Se considera violencia laboral a toda agresión física, maltrato, acoso sexual y/o acoso moral o psicológico, que se ejerzan sobre una persona en su lugar de trabajo. Sus modalidades son, el acoso sexual, el acoso moral y psicológico y la agresión física, siempre en el ámbito del trabajo.
Varias provincias argentinas tienen leyes locales para prevenir y sancionar la violencia laboral, tales como Buenos Aires (Ley 13168), Entre Ríos (Ley 9671), Santa Fe (Ley 12434), y Tucumán (Ley 7232), entre otras.
Lamentablemente, la provincia de Córdoba aún no cuenta con una ley propia.
Frente a este hecho, en 2016 decidí elaborar un proyecto de ley provincial contra la violencia laboral (proyecto Nro. 18973L16), que se presentó a través del legislador Ezequiel Peressini (FIT) el día 7 de junio de ese año.
Dicha iniciativa legislativa cuenta con el apoyo de más de treinta sindicatos, dos centrales obreras nacionales, organizaciones religiosas, y el Defensor del Pueblo de la provincia, y ha sido declarado de interés general por ocho facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Hasta el día de hoy nunca se trató, ni se me invitó al debate que se necesita hacer en la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que es en donde se encuentra asignado el proyecto de ley.
¿Por qué no lo tratan? ¿Acaso el contundente apoyo que tiene, no es importante para quienes legislan en Córdoba?
En el año 2017, muchos dirigentes políticos y toda la ciudadanía cordobesa expresaron su enorme preocupación, ante un caso extremo de violencia laboral que terminó con la vida de dos trabajadores (caso “Polarcito”).
Lamentablemente, pareciera haber sido una reacción espasmódica, pues sólo duró unos pocos días, donde los medios cordobeses y del resto del país hablaron sobre la gravedad del caso, pero la clase política cordobesa no hizo nada al respecto, especialmente quienes legislan en los concejos deliberantes cordobeses y en la propia legislatura provincial.
Fue el día 7 de agosto de 2019, en la ciudad de Río Ceballos, en donde el Concejo Deliberante local aprobó el primer marco legal en Córdoba, al aprobar una ordenanza contra la violencia laboral (también de mi autoría), que fue presentado por los concejales Martín Rivero, Marcelo Leimgruber, Ana María Alonso y María Elisa Tohme, y que posteriormente fue promulgada el día 9 de Agosto de 2019, por el intendente municipal Omar Albanese.
Son innumerables los casos de violencia laboral en nuestro país, y Córdoba no es la excepción.
Quienes padecen la violencia laboral (según los especialistas en salud), en muchos casos terminan con padecimientos físicos y psíquicos. Asimismo existen casos de suicidios y muertes por esta forma de violencia en el ámbito laboral.
Frente a esta delicada situación, es necesario que los Estados municipal y provincial prevengan y sancionen la violencia laboral por medio de ordenanzas y de una ley provincial que se traten en los correspondientes ámbitos legislativos.
En Río Ceballos, hubo decisión política de los poderes legislativo y ejecutivo municipal.
Es necesario que los poderes legislativo y ejecutivo provincial, lo hagan también.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
