Un total de 15 detenidos, incluida una enfermera, es el resultado, hasta el momento, de nueve allanamientos en una causa en la que se investiga un millonario fraude con medicamentos en perjuicio de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), la obra social de docentes y empleados públicos de la Provincia. La práctica se llevaba adelante desde 2022 y, en total, habría medio centenar de personas imputadas, incluyendo a las personas aprehendidas.
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal José Bringas y fueron motivados en una denuncia de la Oficina de Prevención de Fraudes de APROSS.
En los operativos se secuestraron medicamentos, entre ellos, insulina y remedios oncológicos, unos $ 13 millones, sellos, troqueles, recetas y documentación apócrifa, además de celulares, computadoras e impresoras.
El dinero secuestrado a la banda que estafaba a la APROSS. (Foto: Policía de Córdoba).
Ahora, la Justicia estudia el rol de los detenidos en la organización, que por el momento fueron imputados de “defraudación calificada”, y si las farmacias que entregaron las drogas participaron o no en esta operatoria. Hasta la fecha, se desconoce el destino final de los fármacos obtenidos fraudulentamente, pero se cree que eran comercializados en el mercado informal. Por otro lado, no trascendió todavía como la banda accedió al padrón de afiliados al APROSS y dentro de ellos, a los pacientes con diabetes.
El secretario de la Fiscalía, Pablo Di Francesca, en declaraciones a Cadena3 detalló que “se realizaron diferentes procedimientos. Hay 15 personas detenidas y una enorme cantidad de material secuestrado vinculado a la investigación que continúa en desarrollo”.
La maniobra denunciada consistió en la confección y utilización de recetas médicas falsas, tanto en formato papel como electrónico, para la prescripción de medicamentos destinados al tratamiento de la diabetes, tales como insulina y tiras reactivas.
Según la información oficial, “estas recetas fueron emitidas a nombre de afiliados de APROSS empadronados con esta patología, quienes desconocen los consumos registrados a su nombre. Las mismas eran presentadas en diversas farmacias de la ciudad de Córdoba, actualmente bajo investigación, por personas que, junto con la receta, entregaban fotocopias de documentos de identidad adulterados, en los que modificaban nombre, apellido, número de documento y dirección, pero mantenían la fotografía original para evitar ser descubiertos”.
Tras la presentación de la receta, los involucrados dejaban un número telefónico de contacto para coordinar el retiro de los medicamentos una vez que estuvieran disponibles en la farmacia.
El comunicado dado a conocer por el gobierno explicó que “la Oficina de Prevención de Fraudes solicitó el registro de prescripciones del médico involucrado, incluyendo la identificación del IP desde el cual fueron generadas. Se constató que una de las recetas fue emitida el día 5 de enero de 2024 a las 22:20:25 desde un dispositivo identificado y se verificó que el paciente a nombre del cual se emitió la prescripción ya había fallecido. Su pareja confirmó que no se habían realizado consultas con el médico en cuestión. Con el fin de esclarecer el fraude, se realizó una auditoría sobre diversas recetas sospechosas, identificándose patrones consistentes entre los médicos prescriptores, las personas que retiraron los medicamentos y las farmacias involucradas”.
Agrega que “además, se analizó el listado de prescripciones y se detectó que en la mayoría de los casos se repetían los mismos profesionales, medicamentos y retiradores”.
La sede central de la APROSS.
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