El bloque de legisladores del Frente Cívico (FC) presentó un proyecto de ley para crear la Fiscalía Ambiental en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF) con el objetivo de “investigar los delitos ambientales” y los relacionados con “el maltrato animal”.
Los legisladores juecistas proponen que este nuevo organismo será el “encargado de investigar en profundidad los incendios y sus culpables, así como todos los delitos ambientales en nuestra Provincia: los de contaminación de ríos, lagos, aire y también aquellos delitos vinculados al maltrato animal”.
Se trata de una iniciativa surgida luego de los dramáticos incendios que está sufriendo la Provincia este año, que ya han afectado a unas 60 mil hectáreas, según estimaciones oficiales. “Por acción u omisión, todos los años nuestra Provincia enfrenta este flagelo ambiental, y el Gobierno siempre llega tarde. Es hora de abordar este tema con la seriedad y la importancia que nuestro ambiente y la sociedad demandan”, reclama el FC.
La iniciativa precisa que “(…) la Fiscalía Ambiental tendrá por misión practicar la correspondiente investigación penal preparatoria en aquellos delitos contemplados en la Ley General de Ambiente Nacional Nº 25.675; los delitos e infracciones dispuestas en la Ley Nº 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre; los vinculados al delito de incendio y otros estragos estipulados en el Código Penal (Arts. 186, 187, 188, 189); aquellos en los que se proteja la salud de las personas vinculados con el resguardo del medio ambiente del Código Penal (Arts. 201, 203 y 207); los vinculados a los delitos de maltrato y crueldad con los animales estipulados en la Ley Nº 14.346; y todas aquellas leyes relacionadas a la protección del ambiente y delitos conexos a la materia”.
También estipula una regla de transparencia, ya que obliga a que se instrumente “un software o mecanismo de interacción y acceso a la información pública, para que todo ciudadano pueda acceder a la misma conforme a lo estipulado por el Acuerdo de Escazú aprobado por Argentina mediante la Ley Nacional Nº 27.566; siempre y cuando la misma no se encuentre enmarcada en los supuestos de excepcionalidad dispuestos por el artículo 62 (acceso a la información) de la Ley Provincial Nº 10.208 (De Política Ambiental de la Provincia) y el artículo 7 (los supuestos en los que no se puede brindar acceso a la información pública) de la Ley nacional Nº 25.831 (de Acceso a la Información Pública)”.
EL FUEGO Y LOS DELITOS
Dice la presentación del FC que “Entre 1987 y 2018, el fuego arrasó casi el 58% de las Sierras de la Provincia de Córdoba” y precisa que “en los últimos 20 años se quemó el equivalente al 10% de la Provincia, esto es, más de 1,6 millones de hectáreas del territorio provincial, siendo las Sierras el sector más afectado”.
Apunta en los fundamentos, que “Córdoba junto a San Luis, son las regiones con mayor riesgo de propagación de incendios rurales del país, y nuestra Provincia se encuentra entre las 10 regiones con mayor riesgo a nivel mundial”.
Más adelante cuestiona que “aun sabiendo que estas épocas del año siempre son de riesgo extremo de incendios, los recursos del Estado siempre llegan tarde a quienes están en línea de fuego, el Gobierno nunca se encuentra preparado, la ayuda que el Gobernador debe pedir a Nación y a otras Provincias siempre está fuera de tiempo, y mientras tanto, el fuego avanza”.
Indica que “a la complejidad de la prevención de incendios, se le suma la dificultad de las investigaciones judiciales para dar con los culpables de los hechos”. En esa línea, resalta que “las penas son irrisorias”, y denuncia que “casi nunca se logra encontrar a los autores materiales, y las condenas nunca llegan a los autores intelectuales”.
Recuerda que “la Provincia de Córdoba sostiene diversas investigaciones, imputaciones y/o condenas por delitos ambientales relevantes además de los incendios, como las del ex Secretario de Ambiente Raúl Costa, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público en el uso de sus funciones al habilitar emprendimientos inmobiliarios en zonas protegidas por la Ley de Bosques; o el del ex Intendente de Dean Funes Germán Darío Facchín y parte de su equipo por envenenamiento de perros; las denuncias e investigaciones por maltrato animal o los amparos presentados contra el zoológico de Córdoba actualmente denominado “Parque de la Biodiversidad”; la imputación por contaminación dolosa ambiental del Río Suquía por la omisión de mantenimiento de la Planta de Bajo Grande; o aún más atrás en el tiempo, la condena en el caso histórico por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó Anexo”.
Luego destaca que “aun así, los casos que denuncian las comunidades, vecinos, organizaciones no gubernamentales e incluso autoridades municipales locales, son muchísimas más que las que consiguen acaparar la atención de los medios de comunicación y de la Justicia Provincial”.
Destaca que “este proyecto pretende dotar de una herramienta específica al Poder Judicial Provincial para la investigación de delitos ambientales, entendiendo su importancia creciente a lo largo de los años, y la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados, formados en la materia, y con la asistencia técnica permanente de las diversas especializaciones conforme a la complejidad que presupone la investigación ante hechos que necesitan la comprobación conjunta por parte de distintas disciplinas y ramas de la ciencia”.
Por último, expresa que “creemos necesario en primera instancia y de manera urgente, la creación de la Fiscalía, que promueva las instancias de investigación preparatoria, pero observando también como una antesala de la creación del Fuero Especializado, compuesto también por vocales, secretarios, cámaras y Jueces. El objetivo es que, en un plazo no mayor de dos años, se promueva la creación del mismo de manera coordinada y concatenada con el trabajo de la Fiscalía”.
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