Los legisladores radicales, Dante Rossi y Sebastián Peralta, del Bloque Construyendo Córdoba, presentaron un proyecto de ley para no aumentar impuestos y servicios durante cuatro meses en la provincia, con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis económica.
Para ese fin impulsan conformar “una Comisión de trabajo entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Legislatura de la Provincia, el Ente Regulador de Servicios Públicos y las empresas de servicios públicos, para establecer un “Pacto de Mayo Cordobés”, con el objetivo de no aumentar por el lapso de cuatro meses, impuestos y servicios”.
La iniciativa plantea que “el plazo de conclusión de los trabajos de la Comisión será de quince días” y señala que “el cobro de la energía eléctrica, los peajes, el agua, el transporte interurbano y los impuestos provinciales están regulados en este pacto”.
Rossi y Peralta afirman que “el Ente Regulador de Servicios Públicos –ERSeP- ha dejado desde hace mucho tiempo de defender a los usuarios para proteger a las empresas. El aumento del 314 % en un año de la boleta de aguas cordobesas es una muestra que confirma nuestra aseveración. Incluso, se aumentó el 11 % el transporte interurbano, y está prevista una audiencia pública convocada por el ERSEP para el 15 de mayo, a los efectos de aumentar un 10% más. Los aumentos se aceptan casi sin estudio técnico los aumentos requeridos, y nunca se habla del servicio que prestan”.
En los argumentos de la presentación, dicen que “el gobierno de Córdoba tiene la obligación de mitigar los efectos del ajuste nacional, y no mirar para otro lado”.
Plantean, además, que “llego la hora de pedirle a las empresas un esfuerzo económico para evitar tarifas que ya no se pueden pagar. Ganaron mucha plata y pueden actuar solidariamente por cuatro meses evitando aumentos. No pueden ser sólo los usuarios los que deban soportar todo el peso de la crisis. También lo deben hacer las prestatarias de los servicios públicos”.
Resalta luego que se trata de “esfuerzo compartido por el Estado y las empresas concesionarias de servicios públicos, para defender a los cordobeses”.
Finalmente, el proyecto propone que “para el caso de que existan mayores costos que inexorablemente las empresas no puedan soportar, se autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias de las Agencias, que para este 2024 triplicaron de manera inexplicable sus gastos”.
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