La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) Córdoba reclamó al gobierno provincial que sume al gremio a la paritaria salarial estatal y demandó un aumento salarial de emergencia del 30%, a pagarse en una sola cuota. A su vez, el gremio declaró el martes, en una asamblea, el estado de alerta asamblea y movilización. También cuestionó al resto de los sindicatos del sector público, “tras el vergonzoso acuerdo a la baja” firmado a principios de año.
El acuerdo alcanzado por el SEP, UPCN, UEPC y otros gremios estatales con el gobierno provincial se extendía por un semestre (período febrero-julio), con un incremento del 30%, a pagar en tres cuotas: 15% en febrero; 5% en abril y 10% en julio.
Las organizaciones sindicales que toman parte de la paritaria provincial con el Ejecutivo provincial son la UEPC (docentes), SEP (Sindicato de Empleados Públicos), UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación), Sindicato de Músicos, SELC (Empleados legislativos), Unión de Empleados de Lotería, SIVIALCO (Viales provinciales), ATSA (Sanidad), UPS (Unión de Personal Superior) y ACEC.
Dice ATE sobre ese convenio que “a la luz de los acontecimientos, fue correcta su posición de pedir la reapertura urgente de la Paritaria Provincial reclamando un 60% de aumento salarial en una sola cuota, tras el vergonzoso acuerdo a la baja firmado por el “Unicato Sindical”, que ahora parece darse cuenta que arregló por monedas y solicita la reapertura de la negociación salarial, de la que se excluye a ATE por el solo hecho de ser un Sindicato que no está subordinado al Gobierno”.
Agrega que “los gremios amigos del “Cordobesismo” acordaron un incremento salarial del 30%, pagadero en cómodas cuotas, en una nueva muestra de claudicación y entrega de derechos, cuando casi todas las provincias firmaron aumentos de entre un 45 y 60%”.
Recuerda el gremio que conduce Federico Giuliani, que “el 14 de enero de este año ATE pidió la urgente apertura de la Paritaria del Sector Provincial teniendo en cuenta la profunda crisis económica y la incesante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la Provincia, víctimas de una inflación escalofriante que golpea en el bolsillo de los asalariados”.
Plantea que “el 4 de febrero, el Sindicato reclamó, mediante una nota al gobernador Juan Schiaretti, una respuesta a su pedido de apertura de la Paritaria Provincial, haciendo la reserva de las medidas legales y sindicales correspondientes para confrontar con la conducta ilegal, arbitraria y discriminatoria del Gobierno”.
El gremio explica que el pedido al gobierno de que lo convoque a la paritaria salarial se sostiene “en la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS) N° 255/03, y en la Provincia de Córdoba se encuentra vigente la Resolución N° 708/09 de la cartera laboral que resolvió en favor de ATE un largo conflicto con el Gobierno Provincial, estableciendo de forma expresa “la aptitud que posee la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para coexistir como entidad sindical sin exclusión de su personería gremial, en el ámbito público de la provincia de Córdoba, con las consecuencias positivas que ello tiene en materia de elección de delegados, retención de la cuota sindical, en los términos de la ley 23.551 y 24.462, y ejercicio de la negociación colectiva, entre otros tópicos que fueron objeto de tratamiento en estas actuaciones”.
Agrega que “dicha resolución fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -SALA IV- mediante sentencia de fecha 13 de abril de 2013. Todo ello sin perjuicio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales nacionales y provinciales que establecen la capacidad representativa de ATE y la aptitud para ejercer sus derechos sindicales”.
Finalmente, expresa que “no existen razones para seguir marginando a nuestra organización sindical de la Mesa Paritaria Provincial, objetivo por el que seguiremos luchando en todos los frentes y con todas las herramientas a nuestro alcance acompañados por la mayoría de los trabajadores y trabajadores estatales que se sienten estafados por la sistemática defección de los gremios que dicen ser sus únicos “representantes””.
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