El miércoles 3 de enero, en el auditorio Luis Gagliano y luego de un cuarto intermedio, continuó la asamblea del Cuerpo General de Delegados y Delegadas.
El secretario General, Máximo Brizuela, realizó un extenso análisis sobre las últimas medidas adoptadas a nivel provincial y nacional, el posicionamiento del gremio y las gestiones realizadas en los últimos días frente a tal situación.
Participó en esta oportunidad, el asesor legal del gremio, Ignacio Segura para abordar el contenido del DNU y la Ley Ómnibus, que afecta directamente los derechos laborales y la estructura sindical.
Según lo expuesto por Segura, el DNU implica la caída de los Convenios Colectivos de Trabajo. Uno de los aspectos más preocupantes de la Ley Ómnibus es la privatización de las empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado. Es punto pone riesgo las Centrales Nucleares (NASA), afectando a nuestros afiliados y afiliadas.
El otro aspecto importante se centra en la desregulación del mercado eléctrico, con implicancia directa en la EPEC, puesto la empresa cuenta con generación, transporte y distribución. Esta desregulación obliga a competir a nivel nacional, para la venta de la energía generada, sin inversión alguna. Con esta medida, la empresa EPEC se ve vulnerada y da lugar a una posible privatización.
En los últimos minutos de la asamblea, se anunció que tras el amparo judicial presentado por la CGT Nacional el pasado 27 de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala Feria, suspendió cautelarmente el Título IV (aspectos laborales) del Mega decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional.
De esta manera, quedan suspendidas de manera provisoria las medidas de la reforma laboral que implican: flexibilización del trabajo registrado, limitación del derecho a huelga, reducción de la indemnización, desfinanciamiento a organizaciones sindicales, entre otros puntos.
En cuanto al panorama provincial, se encuentran reunidos los tres gremios de Luz y Fuerza de Córdoba para presentar un recurso judicial, frente a las medidas tomadas por el ejecutivo en el recorte al salario de los trabajadores, mediante la ley de suba de aportes a la Caja de Jubilaciones.
Con el mandato otorgado por las bases, el Consejo Directivo continúa en estado de sesión permanente para determinar nuevas acciones y una estrategia colectiva ante el ajuste a la clase trabajadora.
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