Pese a la prensa que tuvo el convenio gobierno-aceiteros, la realidad es que no da para “tirar manteca al techo”. Los empresarios cederán sólo 190 de los 5000 millones adicionales que se prevé ingresarán por el incremento de precios internacionales de la soja y con ello evitaran el aumento de retenciones u otro tipo de medidas intervencionistas o de regulación estatal. “Clin, caja”.
El Gobierno difundió que se puso en marcha el acuerdo con la industria aceitera y exportadora de cereales y oleaginosas para garantizar el abastecimiento de aceite comestible en el mercado interno y a precios “accesibles”.
El mecanismo ideado por los sectores público y privado, es un fideicomiso que permite acumular recursos de las ventas externas para subsidiar el consumo en Argentina. Es decir, intenta desenganchar los precios externos de cereales y oleaginonas de los precios internos del aceite puro de girasol y el mezcla de girasol y soja en las góndolas. A cambio, los empresarios del sector no verán aumentadas las retenciones de soja y girasol en todas sus variantes (del poroto a los procesados), para todo el complejo oleaginoso.
Se trata de un acuerdo muy beneficioso para esta cadena productiva. Sólo por el diferencial de precio de la soja entre la cosecha 2019-2021 y la 2020-2021, podrían ingresar alrededor de 5 mil millones de dólares adicionales. Los 190 millones que irán al fondo difuciario para sostener el precio de los aceites comestibles representa apenas el 3,8% de esos ingresos adicionales. De este modo, descontados los 190 millones del fondo fiduciario y el 33% de retenciones (1650 millones de dólares), la crema de la mejora de los precios relativos de la soja, 3160 millones de dólares, será embolsada sin interferencias por el complejo agroexportador.
Córdoba participa con casi el 30% de la producción sojera nacional, por lo que los productores cordobeses se quedarán con casi un tercio del plus de divisas extras que ingresarán al país en esta campaña.
Los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo instrumentaron el mecanismo financiero surgido del acuerdo firmado por los distintos actores del mercado de la soja y el girasol, a través del cual se conformará un fideicomiso para garantizar precios accesibles en el mercado interno.
Lo hicieron a través de la Resolución Conjunta 1/2021 de ambos ministerios, publicada ayer en el Boletín Oficial, que estableció que en los próximos 15 días hábiles los diferentes participantes de la cadena de comercio de la industria aceitera constituirán un fideicomiso privado, que no demandará ninguna erogación estatal.
El precio base de aceites envasados se ajustará de acuerdo a los porcentajes de aumento permitidos por la Secretaría de Comercio Interior para cada período durante la vigencia del fideicomiso.
Este fideicomiso se conformará “con el objetivo de sostener en el mercado interno un precio accesible de los aceites envasados para los consumidores, así como su pleno abastecimiento”.
La medida ratifica el alcance del acta firmada el 30 de diciembre pasado entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
El fideicomiso que se establece estará integrado por las personas humanas y físicas que operen en el mercado de la soja y el girasol, y se encuentren inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).
El mismo “deberá velar por el interés económico general mediante un sistema interno de compensaciones que permitirá estimular la libre competencia, que garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores”.
La norma prevé que los aportes de fondos de cada fiduciante sean calculados según las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de los productos sujetos a aportes, registradas a partir de la fecha de corte, que será el 1 de febrero último. Se estima, que se reunirán unos 190 millones de dólares en este fondo común.
El texto publicado también dispone que el precio base de aceites envasados se ajuste de acuerdo con una fórmula durante la vigencia del fideicomiso.
Asimismo, contempla que la duración del compromiso suscripto se extinga el 31 de enero de 2022 y deja abiertas instancias de revisión periódicas en las que se analizará la continuidad del instrumento posterior al 31 de enero de 2022.
Asimismo, los aportes de fondos deberán cubrir los gastos inherentes para el normal funcionamiento del fideicomiso, incluyendo los gastos administrativos, impuestos, sellos y tasas que fueran necesario abonar, honorarios y gastos del fiduciario y de los asesores y agentes del fideicomiso.
Los productos sujetos a aportes son harina y pellets de girasol; pellets de harina de soja; expellers de soja; habas de soja, incluso quebrantadas; semilla de girasol, incluso quebrantadas, hasta un 15% embolsado; y harina de habas de soja.
Por su parte, los productos sujetos a compensación son los aceites refinados comestibles destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta cinco litros; y los de soja, girasol y sus mezclas.
El volumen de aceites envasados que será objeto de las compensaciones es de 29 millones de litros por mes, en una proporción mínima de 80% de aceite puro de girasol.
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