El gobierno de Bolivia denunció este jueves que la administración de Mauricio Macri apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
Según la información brindada por el Estado boliviano, al menos tres países latinoaméricanos participaron de la operación contra el gobierno de Morales. Uno de ellos fue Argentina y otro Ecuador.
El canciller Rogelio Mayta dio a conocer una carta de un jefe militar boliviano fechada el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García. Allí le agradece el envío de pertrechos anti tumultos.
La misiva fue enviada por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara.
Allí agradece a Álvarez García, “la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del respaldo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.
El texto agradece el “material bélico de agentes químico” que el gobierno de Macri les había remitido.
De acuerdo al detalle que consta allí, fueron enviados 40 mil cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK19; 5 gases lacrimógenos en spray MK4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS; y 52 granadas de gas HC.
Álvarez García es ahora el ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy, que gobierna el radical Gerardo Morales.
La carta enviada por el comandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, al embajador argentino en Bolivia, el 15 de noviembre de 2019.
Mayta apuntó que la carta esta fechada “un día después de que Áñez tomó el poder tras la renuncia del 10 de noviembre del expresidente Evo Morales”. Cabe recordar que Morales enfrentó un motín policial y el planteo militar de que debía renunciar a su cargo de presidente.
“Hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos: que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina, en 2019, también aportó con equipamiento, con material, precisamente, para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar al gobierno -que rompía el orden constitucional- de Jeanine Áñez”, explicó.
Sin embargo, Argentina no fue el único país que aportó a la consolidación del golpe de Estado. De acuerdo a documentos oficiales, se supo también que el gobierno del ex presidente de Ecuador Lenin Moreno hizo algo similar al de Macri. El gobierno de Quito, según la denuncia boliviana, “prestó” a la administración de Áñez 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.
Mayta recordó que, poco después de esa carta de agradecimiento, el 15 y 19 de ese mes de noviembre se registraron las “masacres” de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, El Alto, con la muerte de 20 personas por herida de bala, y una serie de operativos policiales-militares para contener las protestas sociales en defensa de Morales.
“Hoy estamos indignados porque estamos advirtiendo que la conducta de un gobierno extranjero ha colaborado para concretar varias violaciones de los derechos humanos”, cuestionó.
LA CARTA DEL PRESIDENTE FERNÁNDEZ AL PRESIDENTE BOLIVIANO LUIS ARCE
El presidente Alberto Fernández envió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, durante la tarde de este jueves. El texto de la misiva señala que “me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas el 15 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, de la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales”.
Sigue diciendo que “quiero en primer lugar pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contras la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país”.
Fernández adelantó que “estos hechos están siendo analizados por un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
La carta enviada por Alberto Fernández al presidente de Bolivia, Luis Arce.
Por su parte, el presidente boliviano Luis Arce declaró pasadas las 21:00, que “repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, al Golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales”.
Agregó que “ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LAS MASACRES DE SACABA Y SENKATA
El canciller Mayta describió en una conferencia de prensa que “el Gobierno de Macri le dio a las Fuerzas Armadas Bolivianas munición para reprimir las protestas del 2019; días después de este hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata”.
En tanto, medios bolivianos informaron que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este viernes se tomará la declaración informativa a la expresidenta Áñez por las “masacres” de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.
“Dentro de la proposición acusatoria por las víctimas de Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la señora Jeanine Áñez para el día de mañana (por este viernes), que por medidas de bioseguridad se tomará en el penal de Miraflores (de La Paz)”, dijo el fiscal.
Lanchipa agregó que se trasladarán a La Paz dos fiscales superiores, mientras él participará vía Zoom desde la ciudad de Sucre.
La acusación fue hecha el 1 de julio por un grupo de 20 personas entre víctimas y familiares de aquellos episodios.
Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenara la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales.
Los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2019 “cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves”, informó La Razón, de Bolivia.
Recordó que “cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos”.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas.
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