El presidente Alberto Fernández dijo este martes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió una condena “en un juicio simulado en el que no se cuidaron las formas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, en referencia a la causa Vialidad, y pidió a la justicia que “profundice” la investigación del intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre pasado.
En la Asamblea Legislativa de apertura del 141° período de sesiones ordinarias, Fernández cuestionó el accionar de parte del Poder Judicial y, en especial, el funcionamiento de la Corte Suprema, al recordar que “hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición”.
En ese sentido, señaló que “en varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”.
Fernández, acompañado en el estrado por la Vicepresidenta y por la titular de la Cámara baja Cecilia Moreau, aseguró que esa estructura de jueces, medios, dirigentes opositores y agentes de inteligencia “coronó su actuación hace unos meses con una condena en primera instancia”, en referencia al veredicto dictado en primera instancia contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Y en esa línea continuó: “Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”.
“Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal”, enfatizó.
Fernández, quien es profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió que “cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones”, desarrolló.
Y agregó que “los Tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”.
“No importan las cercanías o afinidades políticas, se trata de reponer el Estado de Derecho y hacer valer nuestra Constitución”, sentenció.
Ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado además señaló: “Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política”.
En otro pasaje de su discurso de más de dos horas de duración, Fernández también se refirió al intento de magnicidio que sufrió la expresidenta el pasado 1 de septiembre del pasado año al ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.
“Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia, que hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos cuarenta años como fue el intento de asesinato de nuestra Vicepresidenta”, advirtió.
En ese sentido, el Presidente pidió a la Justicia que “profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”.
“Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Sé que expreso el sentir de todos los argentinos y todas las argentinas. La salud de nuestra democracia también lo demanda”, exigió.
En cuanto al veredicto en la causa Vialidad, los planteos jurídicos del Presidente para cuestionar el fallo resonaron en la Asamblea Legislativa una semana antes de que los jueces que integran el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 den a conocer los fundamentos del fallo.
La lectura completa de la fundamentación de las condenas que firmaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se concretará el jueves 9 de marzo próximo; luego -durante diez días- se iniciará el plazo para presentar apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.
El veredicto del Tribunal será apelado y no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema aunque sin plazos para resolver, una de las prerrogativas discutibles con las que cuenta el máximo tribunal.
Tras dar a conocer su decisión del 6 de diciembre pasado, Gorini, Giménez Uriburu y Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a la Vicepresidenta a 6 años de prisión más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
A partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones, que deberán estar presentadas en el plazo de 10 días hábiles tras la difusión de los fundamentos.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En los primeros días del año, la Vicepresidenta volvió a denunciar la resistencia de los tribunales de Comodoro Py a investigar el intento de magnicidio en su contra, en un mensaje por Twitter al que adjuntó una nota de Página 12 publicada bajo el título “La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de (Horacio) Rosatti, con el atentado a CFK”.
Robles, colaborador estrecho de Rosatti, aparece en varios chats filtrados a través de varios medios conversando con el ministro de Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro, a quien recomienda estrategias procesales para la controversia por la reasignación de fondos de la CABA al igual que en la polémica por la conformación del Consejo de la Magistratura.
Además, la exmandataria pidió a través de sus abogados que se aparte a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación del atentado contra su vida, al advertir que la magistrada -en tanto docente del Instituto Superior de Seguridad Pública- “recibe un estipendio” de un organismo que depende del Gobierno porteño.
> Con información de TÉLAM.
