La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la falta de mérito de dos exdirectivos de la empresa Acindar y ordenó que se emita un nuevo fallo por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976.
Los jueces Mariano Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Gustavo Hornos declararon “inadmisible” el recurso extraordinario federal interpuesto por las defensas de Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo contra un fallo que había anulado las faltas de mérito que había dispuesto la Cámara Federal de Rosario.
En la causa “Acindar” se investigan crímenes de lesa humanidad (homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados y violación de domicilios).
Según la acusación, los crímenes habrían sido cometidos por integrantes del Ejército Argentino y miembros de fuerzas de seguridad (Policía Federal, Prefectura Naval, Policía Bonaerense y Policía de Santa Fe).
Las fuentes explicaron que a pedido de las partes querellantes y el Ministerio Público Fiscal, la Sala IV de Casación anuló las faltas de mérito decretadas respecto de Pellegrini y Torralvo y “reenvió el caso a la instancia anterior para el dictado de un nuevo pronunciamiento que se ajuste a derecho”.
Los denunciantes “atribuyeron responsabilidad penal en los crímenes contra los derechos humanos a los entonces directivos de la empresa metalúrgica Acindar Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo”, se indicó.
También detallaron que “la mitad de los delitos de lesa humanidad investigados en el caso se perpetraron en el gran operativo que tuvo lugar el 20 de marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución (provincia de Santa Fe, a 55 kilómetros de Rosario) y alrededores. Los demás casos tuvieron lugar entre los meses de abril y octubre de ese año 1975, y a principios del año 1976”.
Entre las víctimas estuvieron exdirigentes de la UOM Villa Constitución, como el histórico Alberto Piccinini, Juan Actis y Carlos Ruescas.
Las fuentes dijeron que se acusó a los ex directivos de la empresa de “disponer de espacios físicos de la fábrica Acindar S.A. para el funcionamiento de un centro clandestino de detención y tortura; disponer de espacios para la utilización, el alojamiento y la vivienda de los integrantes de las fuerzas de seguridad que ejecutaron los hechos; aportar vehículos y reparar y cuidar los de la Policía Federal; abonar un sobresueldo al personal de fuerzas de seguridad que prestaban ‘servicio’ en Acindar y franquear el ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros, en momentos en que se encontraban desarrollando sus labores”.
También se les achacó “habilitar el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales, brindar información que resultó primordial a la hora de identificar a las víctimas para privarlas de su libertad, tales como direcciones de los lugares donde se encontraban, fotografías de sus legajos laborales, nombres completos o apodos y confeccionar un listado de las personas a detener”.
La planta de Acindar en Villa Constitución fue señalizada en abril pasado como Sitio de la Memoria, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y organizaciones de derechos humanos.
> Con información de TÉLAM.
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