El 12 de diciembre de 1955, Pedro Eugenio Aramburu dictó el decreto ley 4.362, sobre las Academias Nacionales. En sus fundamentos se sostiene: “en su seno se reúnen los hombres que, tras largos estudios y una valorada obra personal, han adquirido el caudal de una experiencia decantada y diversa” y agrega, “dan ocasión a que se disciernan a los ciudadanos merecedores de la gratitud de la patria la recompensa de un honor más apreciable que cualquier retribución material”. La norma dispone a su vez, que “el título de académico es vitalicio y constituye el honor que se discierne a quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito”, (art. 1).
Después, el presidente Carlos Menem, por el decreto 1.879, de fecha 16 de octubre de 1992, incluyó a la Academia Argentina de Periodismo en el régimen de las Academias Nacionales aprobado por el decreto-ley 4.362/55. El gestor del decreto presidencial fue el ministro de Educación, Antonio Salonia, estrechamente vinculado al Grupo Clarín.
En su estatuto la Academia Nacional de Periodismo determinó, como uno de sus fines básicos: “Postular que el ejercicio del periodismo se realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad, de la expresión de un pensamiento ecuánime para juzgar los actos individuales o sociales”, (art. 2 inc. c).
Asimismo, en el Estatuto de la Academia se dispuso que, “los candidatos a académicos de número y correspondientes deben ser propuestos por escrito cuando menos por tres académicos de número… Dichas propuestas serán analizadas por una comisión integrada al menos por tres académicos de número designados por la Mesa Directiva”, (art. 19). “La propuesta del candidato o candidatos deberá hacerse en sesión privada” y “la votación se realizará en la sesión privada siguiente, será secreta… Para ser elegido es preciso reunir los dos tercios de votos de los académicos de número presentes en la sesión, la que deberá contar con la asistencia de la mitad más uno de los miembros de número”, (art. 20).
De lo referido surge, claramente, que la integración de los miembros de la Academia de manera vitalicia opera como un núcleo cerrado, en el que no se puede ingresar sino por una serie de compromisos internos, tanto ante los que proponen él o la candidato/a y ante los o las que aceptan la propuesta. Y todo ello, con lógicas de un tipo de club cerrado, en el que existen verdaderas bolillas negras para acceder o no, decidido en sesiones privadas y secretas.
Actualmente, con el referido mecanismo, casi el 80% de los integrantes y directivos de la Academia pertenecen o se desempeñaron en los medios del grupo Clarín y La Nación. No se da una representación amplia del periodismo en general y tampoco se respeta la paridad de género.
En la dinámica referida las universidades, los gremios periodísticos, el Estado y la sociedad no pueden proponer académico/a alguno/a. De esa forma, de ninguna manera se responde integralmente, al objetivo de las Academias de reconocer libremente, sin acuerdos secretos y vínculos con medios de difusión determinados, “a quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito en el ejercicio del periodismo” y merecer la gratitud de la patria.
A su vez, esa estructura cerrada, con sede en la Biblioteca Nacional, se sostiene con fondos del presupuesto del Estado Nacional. El presidente de dicha academia, el periodista Joaquín Morales Solá, en una nota del diario Infobae, del 3 de marzo de 2021, reclamaba más dineros para el funcionamiento de la Academia y decía: “Estamos en una situación muy extrema económicamente, al punto que, en el último mes tuvimos que recurrir a fondos de contingencia que tiene la Academia, pero eso se puede terminar en cualquier momento si no hay una actualización del Estado de las sumas que se nos destinan… El aporte histórico que hace el Estado a las academias, que no tienen forma de financiación, anduvo bien hasta mediados del año pasado 2020”.
Hay que agregar también que, gran parte de los/as periodistas de la Academia, siguiendo la perspectiva política de los sectores mediáticos a los que pertenecen, por lo general, en sus comentarios, se ensañan con los más débiles, criticando los gastos públicos destinados a los subsidios que se les otorga, los que consideran innecesarios y deficitarios. Pero no analizan que la “Academia-club de Clarín y Nación” que los nuclea, recibe dineros del Estado, cuando en los hechos, no se cumple con los requisitos que la justifican.
Tampoco la Academia se ha ocupado de trabajar un código de principios éticos, como lo refiere el estatuto, que rija el “ejercicio del periodismo” para que el oficio “se realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad”.
Al respecto, hay que referir, a manera de ejemplo que, el jueves 6 de abril de 2023, la periodista Laura Di Marco, en diálogo con la periodista Viviana Canosa en el programa “+ Viviana”, emitido por el canal LN+, se refirió respecto de la hija de la vicepresidenta y dijo que padecía “una anorexia nerviosa galopante”, que eso se da por “falta de madre, falta de nutrición materna”.
Las inaceptables afirmaciones de las referidas periodistas, fueron repudiadas por muchos sectores sociales y políticos. Así, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), organización de periodistas de ingreso amplio, mantenida por fondos aportados por los integrantes, presencia federal y elección de las autoridades democráticamente emitió un comunicado, en rechazo a los dichos estigmatizantes y discriminatorios que formularon Viviana Canosa y Laura Di Marco sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hija, Florencia Kirchner. En el mismo sostuvieron, que “Nuestro Código de Ética es muy claro al afirmar, en su artículo 34, que ‘los periodistas deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas´, la libertad de expresión conlleva el cumplimiento de normas éticas y el respeto de las buenas prácticas profesionales”.
Sin embargo, en la situación no se pronunció la Academia Nacional de Periodismo. ¿Será porque su presidente Joaquín Morales Solá es periodista estrella del diario La Nación y del canal LN+; canal este último en el que se produjo la grave falta ética?
¿Se justifica seguir destinando fondos públicos, para sostener un grupo de periodistas como miembros/as vitalicios/as, que conforman un espacio cerrado, circunscripto a los pertenecientes a medios hegemónicos o vinculados a ellos, que se eligen entre sí, responden a los intereses de dichos medios, no han fijado principios éticos para el ejercicio del periodismo, ni se han manifestado ante un accionar éticamente reprochable?
Habrá que repensar el tema y actuar en consecuencia.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión.
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