El nuevo ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, es amigo del bajo perfil y del diálogo y es respetado por todos los sectores del PJ cordobés. Reemplaza a Alfonso Mosquera que se va incinerado por los problemas de inseguridad y la violencia institucional.
López es un delasotista que demostró capacidad de reacción frente a las situaciones críticas que enfrenta el gobierno de Juan Schiaretti y deberá lidiar con dos frentes complejos de la gestión: Por un lado, la Policía y la creciente inseguridad; y por el otro, los reposicionamientos de los intendentes con vistas a 2023. El mensaje hacia adentro es que nadie tiene nada asegurado.
López fue intendente del pequeño pueblo de Melo hasta diciembre de 2013, cuando fue convocado por José Manuel De la Sota para renovar su gabinete luego del motín policial ocurrido ese año. Su desembarcó fue como ministro de Agricultura.
Pertenece al grupo de dirigentes peronistas jóvenes que viene ganando lugar dentro del sistema de poder del oficialismo. Es contemporáneo del vicegobernador Manuel Calvo y del intendente de Córdoba Capital, Martín Llaryora. Con ambos compartió el gabinete de De la Sota y tiene diálogo fluido.
Dentro del hermético esquema de decisiones del gobierno cordobés, López integra el ala que plantea escuchar los problemas y demandas sociales que alteraron el escenario político este año y desacomodaron al gobierno y la proyección política del propio gobernador. En lugar de ocultar, impulsó la idea de enfrentar las consecuencias de la gestión. Por eso, con el visto bueno de Schiaretti fue el responsable de reunirse con Soledad Laciar, la madre del adolescente Blas Correas, asesinado por la policía en agosto de 2020; y de recibir a madres de bebés fallecidos por causas que investiga la Justicia en el hospital Materno Neonatal de Córdoba.
Sin embargo, López es también quien ha gestionado sin cambios la política del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), protagonista de numerosas denuncias sobre su accionar, incluso con su jefe Juan María Bouvier denunciado por subordinadas por hostigamiento laboral y violencia de género, entre otras cuestiones.
Como ministro de Gobierno tiene, además, otra tarea clave, en la que el aceitado aparato electoral del PJ provincial tiene algunas dificultades, sobre todo luego de la derrota en los comicios de Marcos Juárez: el diálogo y contención de intendentes.
Ya dio una definición central apenas asumió: no habrá re-reelección de los jefes comunales. No hay marco político y social para avanzar en esa línea. Es previsible que este hecho genere reacciones políticas y salidas hacia otras construcciones políticas del peronismo, como la que trabaja, con intendentes del PJ y de otras fuerzas, el intendente de Villa María, Martín Gill.
Justamente, Gill se reunió el viernes pasado con Natalia De la Sota y el viceintendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, en un homenaje al ex gobernador De la Sota. Si bien fue un acto que contó con la participación de todo el peronismo, la foto levantó polvareda en el oficialismo. Entonces, la designación tiene otro mensaje cifrado, en este caso dirigido al delasotismo: Es un sector que sigue siendo parte central de la gestión provincial.
Por cierto, el gobernador tomó nota de que no alcanzan los nombres de siempre y las políticas clásicas en relación a la inseguridad. Hasta ahora, eso implicó “negociar” con la Policía las políticas de seguridad. Señalan las fuentes que consultó este medio, que para cambiar parte de esas pautas, nombró a López, que viene de ser responsable de la política de DD.HH. y del Servicio Penitenciario. El nuevo ministro llega con la misión de controlar a la Policía para salir del tobogán en el que la fuerza de seguridad mete al gobierno todos los días.
También designó a Claudio Stampalija, el impulsor de la Policía Barrial, en este caso para que incorpore nuevas miradas al tema de la seguridad como secretario del área. El tiempo dirá si el viento sopla desde el sur y se lleva la tormenta o es nada más que otro cambio cosmético.
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