La Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Genero, en conjunto con la Mesa Nacional Contra la Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad Derechos Humanos y Género, pidieron el apartamiento del jefe de la Departamental San Justo, Mauricio Rantica, y de la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, en el tratamiento de la denuncia de la sargento Mariela Chávez. Las ONGs señalan en su presentación que Rantica “se vanagloria de tener una amistad intima con la presidenta del Tribunal de Conducta desde hace años, manifestando que dicha amistad comenzó en la ciudad de Villa María de donde ambos son originarios y que la misma se fue consolidando con el tiempo”.
La mujer denunció ante el Tribunal de Conducta que sufrió “mobbing” por padecer obesidad y discriminación por su condición de mujer y responsabilizó de las agresiones al número 3 de la departamental, el comisario inspector Rubén Caporali, y al jefe de personal de la Unidad Regional, el comisario, Ariel Figueroa.
El comisario inspector, Rubén Caporali, jefe de operaciones de la Departamental San Justo.
Chávez tiene 34 años, es madre dos hijos y policía desde hace una década. Ingresó a la fuerza policial hace diez años y se desempeña en el Centro de Control Operativo (CCO) de la Unidad Regional Departamental San Justo, en San Francisco.
El “mobbing consiste en una agresión psicológica con una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico, su destrucción psicológica y/o su egreso de la organización empresarial. Se trata de un proceso destructivo sutil que tiende a desacreditar o dañar al trabajador; es un atentado a la dignidad, a la salud física y psicológica del trabajador”, según describe en su denuncia Chávez.
Mariela Chávez, en el escrito que presentó ante el Tribunal de Conducta y al que accedió ENREDACCIÓN, describe dos hechos. En uno Caporali le dice a un empleado municipal que estaba con la mujer, en un control de tránsito para prevenir el acceso de personas de otras localidades a San Francisco, en el marco de la pandemia de coronavirus: “Viste cómo en la Policía las mantenemos bien alimentadas”. Durante la conversación con el trabajador municipal, el comisario inspector habría hecho otras manifestaciones discriminatorias. Y en el otro, cuenta un dialogo del jefe de personal de la Unidad Regional San Justo, el comisario Figueroa, con una cabo, a través del teléfono del 101 –emergencia policiales-: “Decile a la Gorda esa que saque el móvil a la calle”.
El viernes, con la firma de su titular, Adriana Rearte, las dos organizaciones pidieron el pase a “situación pasiva” de Caporali y Figueroa. Esto es, que dejen de prestar funciones operativas y entreguen sus armas hasta tanto se resuelva la investigación administrativa.
“Que habiendo formulado denuncia en contra del Comisario Insp. Rubén Caporali y el Crio Ariel Figueroa, por supuesta infracción a los artículos 15, Inciso 1º, 13º y 27º del Decreto Reglamentario 1753/03 (t.o. 229/04), los mismos no se encuentran apartados de sus cargos preventivamente, como suele hacerse para lograr una acabada y total averiguación sin interferencia de los mismos. Esto nos llama poderosamente la atención, por lo cual solicitamos el inmediato pase a situación pasiva”, dice el escrito firmado por Rearte.
Por otro lado, reclama que sean apartados de la investigación la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra y el jefe de la departamental, el comisario mayor, Mauricio Rantica.
Rearte denuncia además que el comisario Rantica “se vanagloria de tener una amistad intima con la presidenta del Tribunal de Conducta desde hace años, manifestando que dicha amistad comenzó en la ciudad de Villa María de donde ambos son originarios y que la misma se fue consolidando con el tiempo, lo que motivó una suerte de apoyo en la carrera, incluso cuando tuvo serios problemas con el personal policial de la Departamental Villa María, fue la misma Dra. Becerra quien le brindó un halo de protección y salvoconducto para su carrera”.
Sigue diciendo el texto que “esto que manifestamos no es un invento, ni mucho menos, es lo que el mismo jefe de la Unidad Regional Departamental San Justo manifestó al finalizar una reunión”.
Concluye diciendo que “aportamos como dato que teniendo (…) dos denuncias en contra, en menos de un año, nada hizo el Tribunal de Conducta, lo cual llama poderosamente la atención y no da garantías de imparcialidad, máxime cuando, por derivación de la actuación, los primeros relevamientos y testimoniales deberán ser tomadas ante el mismo jefe”.
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