El juez Federal, Claudio Bonadío.
Desde la “Patria Contratista” en adelante, la obra pública ha estado en el centro de las sospechas de corrupción. No importa el signo político (radicalismo, peronismo neo-liberal o peronismo populista, y el actual conservadurismo en el gobierno), ni el tipo de sistema (democracia o dictadura). Los grupos empresarios de la obra pública y los industriales concentrados han impuesto sus condiciones al Estado siempre, porque su modelo de desarrollo está asociado a la utilización de los recursos del resto de los sectores económicos y sociales. Por eso resulta fuera de cualquier matriz de análisis que la pro-actividad mayor del hecho de corrupción sea puesta en el sistema político y se ubique al sistema empresarial en un rol subordinado o de víctima de los acontecimientos.
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El caso de los Cuadernos del chofer Oscar Centeno, de ser verdaderos, muestran un nivel de corrupción sistémico descomunal. El problema de ese indicio original, como catalogó el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni a los Cuadernos, es que luego debe reunirse prueba que corrobore esos indicios, y eso es lo que aún no ha sido mostrado. La investigación, por el momento, está direccionada exclusivamente a los funcionarios del anterior gobierno nacional. Es decir, al kirchnerismo.
Con el curso actual de su tarea, el juez Claudio Bonadío consolida la existencia de un sector judicial que podría denominarse “macrista” porque favorece al actual presidente, pero que en realidad parece ir más allá y podría definirse como anti-populista.
Fuera del gobierno populista que estuvo al frente del país entre 2003 y 2015 parece haber sido todo normal, un país ideal, donde las compañías que pagaban al gobierno nacional no hacían lo mismo en las provincias o no lo hicieron antes o después. La discrecionalidad de la investigación es enorme. En ese sentido, los Cuadernos son funcionales a una investigación acotada de lo sucedido con la corrupción. Como se sabe, los escritos de Centeno abarcan el período 2005-2015 y según sus dichos, habría transportado al ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de la Nación, Roberto Baratta, a recaudar unos 60 millones de dólares en sobornos.
El chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.
Los empresarios que fueron declarando y recibiendo el estatus de “imputado colaborador” para recuperar su libertad, dijeron más o menos lo mismo: nos pidieron plata para la campaña y se la dimos. De coimas o sobornos para obtener obras públicas y sobreprecios, hasta ayer lo hicieron tres. En la misma línea de la mayoría lo hizo Juan Manuel Abal Medina, uno de los jefes de Gabinete de la gestión de CFK: dijo que su secretario había recibido plata de empresarios para la campaña electoral y él la había traspasado a los responsables políticos de la campaña electoral de Daniel Scioli y Martín Insaurralde, entre otros. Si siguiera este rumbo, esta línea de la investigación sería un enorme papelón judicial y político, porque desmiente los cuadernos -tanto en contenido como en sumas de dinero recaudadas-. Y en lugar de sobornos, sería un circuito de financiación ilegal de la política, que además deja a todo el sistema empresario como víctima de una extorsión.
La confesión del ex-número 1 de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, agrega un elemento sustancial: que se formó un “Club de la Obra Pública” en 2004, mencionando a todos sus participantes, incluida la empresa IECSA, de la que el actual presidente era accionista en ese momento. El Club determinaba quien iba a ser el ganador de las licitaciones de acuerdo al interés por la obras a realizarse y el volumen de trabajo que demandaban. A cambio -según Wagner- abonaban religiosamente un retorno de alrededor del 10%.
El ingeniero Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
En este punto es donde aparecen dos enormes problemas del expediente: el 10% citado por Wagner en los diez años analizados sería una cifra cercana a los 20 mil millones de dólares. Hasta el día de hoy, “Buitres” mediante, que buscaron “cielo y tierra” para hallar activos de la corrupción, nunca se halló una cuenta con dinero perteneciente a los Kirchner o sus funcionarios y familiares o transferencias o sociedades en paraísos. Y, del otro lado, implica que todos los contratistas de obra pública evadieron al fisco por ese monto o bien lavaron dinero de actividades ilegales para no declarar semejante suma. Probablemente, este segundo plano pudiera dar luz a la denuncia.
Hay enormes problemas en el expediente: el 10% que supuestamente se pagaba en sobornos, en los diez años analizados sería una cifra cercana a los 20 mil millones de dólares. Hasta el día de hoy nunca se encontró una cuenta con dinero perteneciente a los Kirchner o sus funcionarios y familiares o transferencias o sociedades en paraísos fisclaes. Y, del otro lado, implica que todos los contratistas de obra pública evadieron al fisco por ese monto o bien lavaron dinero de actividades ilegales para no declarar semejante suma. Probablemente, este segundo plano pudiera dar luz a la denuncia.
Además de IECSA, Wagner señaló a la empresas Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, entre otras.
En esa línea se agregó esta semana, la declaración de Aldo Roggio, que aceptó haber pagado retornos por el equivalente al 5% de los fondos que recibía para hacer andar a los subtes y trenes de la línea Urquiza; Gabriel Romero (EMEPA); y Carlos De Goycochea (Isolux).
También se sumó el ex titular del OCCOVI -el ente que administraba las concesiones de rutas- Claudio Uberti contó que cobraba coimas de 150 mil dólares por mes por los corredores con peaje. La principal concesión, la de la Panamericana, la tenía el grupo Macri. Según lo que se sabe hasta ahora, pese a recuperar la libertad, Uberti no presentó pruebas de sus dicho, según publica el diario Página/12.
La principal acusada hasta el momento es la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El juez considera que era la jefa de una “asociación ilícita destinada a organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal y enriquecerse ilegítimamente” y que quienes integraron la misma “utilizaron dichos fondos para la comisión de otros delitos”.
El ex titular de IECSA, Angelo Calcaterra.
Los arrepentidos que recuperaron su libertad son, entre otros, Juan Carlos De Goycochea (Ex Isolux), Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa y primo de Mauricio Macri), Jorge Neyra (Electroingeniería), Armando Loson (Albanessi), Carlos Wagner (Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción), Claudio Glazman (Dir. de Soc. Latinoamericana), Javier Sánchez Caballero (ex CEO Iecsa), Héctor Zabaleta (Techint), Aldo Roggio (Roggio SA) y Claudio Uberti (ex-titular del OCCOVI entre 2003 y 2007).
Aquí es dónde comienza a aparecer “la doble vara” judicial, que a cambio de una confesión -real o inventada- libera a quiénes lo hacen, considerándolos casi como víctimas del delito que se investiga. Es cierto que podrían serlo, pero hasta ahora no hay una sola prueba que indique que sólo han sido víctimas. Si el ejemplo fuera el Lava Jato, ninguno de estos empresarios podría haber recuperado su libertad hasta llegar al final de la investigación con juicio incluido.
Si el ejemplo fuera el Lava Jato, ninguno de estos empresarios podría haber recuperado su libertad hasta llegar al final de la investigación con juicio incluido.
La otra diferencia con el Lava Jato es que salvo Wagner, Roggio y ayer De Goycochea, no hubo confesiones de pago ilegales para obtener “beneficios” del Estado. Los brasileños sí lo hicieron, porque no hay corrupción sin un interés lesionado. Es decir, aquel que teme perder un beneficio que ya tiene o quiere obtener uno que no corresponde según la normativa vigente, es el que corrompe. Hay un interés objetivo de por medio. Por eso, el eje de la corrupción está en el sistema económico, al que luego concurren los actores necesarios: la clase política y el sistema judicial.
El eje de la corrupción está en el sistema económico, al que luego concurren los actores necesarios: la clase política y el sistema judicial.
Bonadío lleva adelante la investigación a la inversa: “los malos” son CFK y los suyos o sea los políticos “populistas”; y “los buenos” son los empresarios, o sea las víctimas de “los malos”. Por eso mantiene detenidos a unos, y libera a los otros.
La causa muestra hasta el momento que se está haciendo una simulación de Lava Jato. Es claramente una operación quirúrgica, dirigida a culpar a CFK y sus funcionarios y ensuciar al Club de la Obra Pública sin llevarlo a la cárcel, ni cuestionar su accionar sistémico más allá de lo necesario para conseguir el objetivo principal. Cabe aclarar que esta tesis no implica que la ex presidenta o los funcionarios políticos no sean culpables de haber cometido delitos, ya que si hay un sistema de corrupción necesariamente participan todos los sistemas que lo componen (económico, político y judicial). El punto de cualquier investigación es determinar y probar las responsabilidades particulares.
Esta causa muestra también que hay grupos empresarios más potentes y dinámicos que los viejos varones del Cártel de la Obra Pública a quiénes los están sacando del medio.
Esta causa muestra también que hay grupos empresarios más potentes y dinámicos que los viejos varones del Cártel de la Obra Pública a quiénes los están sacando del medio. Entre “los enemigos” de los muchachos de la obra pública hay que encontrar a las petroleras, las distribuidoras de servicios públicos, al sistema financiero y los grandes productores agropecuarios, esto es, los beneficiados y directores de este modelo económico. El ajuste y el neoliberalismo que impone el FMI necesita de dos víctimas: el populismo y el sector empresario ligado a la obra pública-. La realidad es que más allá de que no terminen presos, implicará el ocaso para la mayoría de ellos y sus compañías. Algunos pocos, quizá los más grandes puedan seguir teniendo un lugar entre la clase empresaria local.
La doble vara judicial (funcionarios kirchnerista presos, y empresarios y familiares del presidente libres o sin ser investigados), las desprolijidades, las escasas pruebas existentes o dadas a conocer y las simulaciones judiciales indican la existencia de una gran operación en curso, cuyo objetivo es terminar con el “populismo” y los sectores económicos que le han dado oxígeno en sus ciclos históricos, no con “los coimeros”. Por lo que se observa hasta ahora, la operación judicial encabezada por Bonadío no parece buscar precisamente “la verdad” o, al menos, lo hace de modo parcial. Ese parece ser también el límite para terminar con la corrupción sistémica.
El Lava Jato “a la Argentina” tiene a su vez un gran problema de origen: el presidente Mauricio Macri es hijo de uno de los padres de la “Patria Contratista”, Franco Macri, y accionista hasta no hace mucho del grupo IECSA, la nave insignia del viejo patriarca y de la familia. Es, definitivamente, una causa envenenada.
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