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Van a juicio por estafar desde la cárcel de Villa María

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Una banda que operaba desde la cárcel de Villa María será enjuiciada por los delitos de “asociación ilícita” y “estafa reiterada”. Se dedicaban a engañar a personas, diciéndoles por teléfono que habían ganado un auto cero kilómetro y les pedían que giraran dinero que era cobrado por mujeres que formaban parte de la organización de delictiva.

El juicio comenzará el próximo 6 de diciembre, en la Cámara 8 del Crimen y a cargo de la acusación estará el fiscal Hugo Almirón. La banda fue desbaratada en noviembre del año pasado tras una investigación llevada adelante por el fiscal Enrique Gavier.

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La banda estaba integrada por 11 personas. Según la acusación, tres de ellos eran quienes iniciaban las estafas a través de la modalidad de “premios virtuales” mediante llamados telefónicos. Las víctimas, agradecidas, caían en la trampa y enviaban dinero para pagar los gastos administrativos y hacerse del vehículo.

Los montos eran girados a través de transferencias a Western Union o una cuenta del Banco de la Nación Argentina. El resto de los integrantes se encargaban de que las transferencias se hicieran efectivas para la banda.

Los tres principales implicados son Roberto Carlos Arnaudo, Marcelo Ramón Fernández y Pablo Alejandro Maldonado. El grupo de cobradores estaba integrado, principalmente, por mujeres: Micaela Bini Rosales, María Soledad Ceballos, Camila Shirley Mónaco, Cristian Diego Palacios, Jesica Gisela Presidente, Melisa Yohana Presidente; además de Federico Leandro Otaiza y Jorge Alberto Sanduey.

Muchas de las mujeres acordaron juicio abreviado, por lo que no estarán en la sala de audiencias el 6 de diciembre. Todos deben responder por los delitos de “asociación ilícita” y “estafa reiterada”.

Los tres primeros organizaban y ejecutaban los hechos desde el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María. Se contactaban  por teléfono o mensajes de texto con diferentes personas de distintos puntos del país. También habrían tomado participación otros reclusos de las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje.

Una vez que convencían a las víctimas de que habían ganado un auto, les solicitaban depósitos  destinado supuestamente a afrontar gastos administrativos tales como patentamiento, traslados o tributos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Una vez que convencían a las víctimas de que habían ganado un auto, les solicitaban depósitos  destinado supuestamente a afrontar gastos administrativos tales como patentamiento, traslados o tributos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

La banda hacía girar a sus víctimas montos inferiores a los 20 mil pesos, de manera que quien se presentaba a cobrar no dejara huella impositiva. A varios de los estafados les solicitaron más de un giro.

Para que todo funcionara, era clave el rol que jugaba Federico Otaiza, titular de un local de Pago Fácil. A través de su comercio, que también se dedicaba a la venta y reparación de celulares, se encargó de recaudar los giros efectuados por las víctimas. También proveía celulares y chips a los integrantes de la banda que estaban detenidos,  con los cuales ejecutaban las estafas.

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