“La muerte de David Moreno no se dio en un contexto de saqueo. Los vecinos estaban esperando bolsones de comida, nadie tenía piedras, ni palos, ni estaban violentando la propiedad privada, sin embargo la Policía de Córdoba disparó y con balas de plomo”, dice la abogada Adriana Gentile, horas antes de que comience un juicio esperado por más de 15 años.
Hoy, en la Cámara 1° del Crimen, comenzará a ser juzgado un policía por la muerte del adolescente de 13 años, la única víctima fatal en Córdoba de las jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001, la antesala de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Además hay otras dos mujeres de la fuerza acusadas de falso testimonio. En el banquillo, no hay ningún responsable jerárquico de aquel trágico operativo represivo. Para el juicio fueron convocados 120 testigos.
Gentile representa a los padres de David, que ese día salía corriendo cuando la Policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado Minisol, de barrio Villa 9 de Julio, uno de los tantos escenarios donde la gente se movilizó para reclamar alimentos. La autopsia determinó que fue herido con cinco proyectiles, algunos de goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de plomo que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 como las que usaba la Guardia de Infantería.
Para la abogada querellante “será un juicio complicado. Vamos a acusar al Gobierno provincial por haber repartido balas de plomo, son los principales responsables”, dijo a este medio. “La Policía nunca colaboró para esclarecer esto”, agregó. Gentile considera que la prueba material acumulada no es contundente. “Además de David, esa tarde hubo otras tres personas heridas con perdigones de plomo, es imposible que los haya disparado una sola persona” dijo. “Aunque la prueba para completar la responsabilidad material del acusado no es contundente, igual vamos a acusar. Es nuestro rol”.
El acusado de haber efectuado uno de los disparos que dio en el cuerpo de Moreno es el oficial Hugo Cánovas Badra, que por entonces tenía 26 años y permaneció tres detenido hasta que ya no se pudo extender más su prisión preventiva. Está acusado de homicidio simple, lesiones graves y disparo de arma de fuego. Además, están acusadas las policías Daniela Alejandra Adán y Laura Estela Freire, por falso testimonio, referido a la entrega de municiones con postas de plomo.
Quedaron afuera del proceso Luis Omar Farías (comisario Inspector) a cargo del operativo, el Jefe de la Patrulla Preventiva Norte, Juan Antonio Pesci, y el Sub Comisario Pucheta. En 2010, tras pagar una multa de 750 pesos, Farías, el jefe del operativo quedó sobreseído en una causa por “violación de los medios de prueba”, es decir por dañar la escena del crimen.
Badra siempre sostuvo que es inocente y, mientras estuvo detenido, se definió como “un preso político”. Sostiene que los jefes de por entonces lo eligieron “por ser joven y no tener hijos”. Desde un principio, la familia de David afirmó que sólo se centró la investigación en los rangos más bajos de una larga cadena de responsabilidades.
La causa llegó a acumular 19 cuerpos de prueba, aunque nunca se ordenó realizar una pericia balística. El Fiscal Raúl Garzón elevó a juicio el expediente, en 2009, sin ningún responsable jerárquico.
Ése fue el reclamo principal de María Elba Martínez, la abogada de la familia ya fallecida. En el juicio oral, los padres de David serán representados por abogada Adriana Gentile, integrante de la fundación “María Elba Martínez”, con colaboración de la Campaña Nacional Contra la violencia Institucional.
“Lo que se sabe es que la orden de disparar con balas de plomo vino de arriba. Jorge Mario Rodríguez dijo que todos lo sabían. Que hubiera un solo muerto, es un milagro”, dijo Gentile en una conferencia de prensa, realizada esta semana. También enumeró una serie de dilaciones judiciales que hicieron que pasaran más de 15 años sin juicio. En todo este tiempo, no fueron ordenadas pericias balísticas.
Rosa Martínez, madre de David, expresó: “Creo que va a ser muy difícil condenar a los responsables, pero al menos que se reconozca que hubo responsabilidad gravísima del Estado”.
“Creo que va a ser muy difícil condenar a los responsables, pero al menos que se reconozca que hubo responsabilidad gravísima del Estado”.
En diciembre de 2004, la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba resolvió dejar en libertad por falta de pruebas al policía Hugo Ignacio Cánovas Badra. Sin embargo, no lo desvinculó del caso, sino que ordenó que se profundice la pesquisa “indagando en la estructura de la misma policía y en la esfera de la cual depende dicha institución”. Más de una década después de aquella resolución judicial, nunca se avanzó en esa línea.
En distintos distritos judiciales del país, las causas por las muertes ocurridas el 19 y 20 de diciembre se hicieron esperar. En mayo del año pasado se dio a conocer la última sentencia, por cinco muertes y más de un centenar de personas heridas en Plaza de Mayo. Pero en ese caso, las responsabilidades políticas si fueron condenadas. Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad), y tres jefes de la Policía Federal fueron condenados a 4 años y 9 meses de cárcel.
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