Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insistieron este jueves con el pedido de recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, argumentaron que la magistrada tiene “una filiación política o es tributaria de quienes impulsaron su pliego” para acceder a la Justicia y advirtieron que el Poder Judicial tiene magistrados “esclavos de decisiones políticas que se toman en otros lugares”.
Tras una nueva audiencia en Comodoro Py, los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal explicaron a Télam que parte de la recusación está apoyada en que Capuchetti “cobra un sueldo de una institución ejecutiva” vinculada con el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, a cargo de la Policía de la Ciudad cuando fue cometido el intento de asesinato de la expresidenta.
Además, insistieron con que el expediente en manos de Capuchetti “avanzó en las líneas de lo más superficial, que es a lo único a lo que la jueza le prestó atención”.
“Creemos que hay jueces que son esclavos de decisiones políticas tomadas en otros lados”, afirmó Ubeira y, como ejemplo, mencionó el viaje compartido por funcionarios macristas, empresarios, agentes de inteligencia y jueces a las tierras patagónicas del magnate inglés Joe Lewis, cercano al expresidente Mauricio Macri.
Evaluó que “no está mal que un juez tenga filiación política, pero es horrible pensar que un juez acciona, reacciona o deja de investigar frente a un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional de un país (como el atentado a Cristina Fernández) en función de quien impulsó su pliego o de quién es tributario” y agregó: “Para eso no les pagamos a esta gente con nuestros impuestos”.
Incluso, para Ubeira la situación excede a “un hecho puntual de recusación de un juez”, sino que se trata “del momento de agonía más grande del Poder Judicial de la Argentina desde su conformación”.
Se preguntó ante la prensa “si esto lo hacen con Cristina Fernández, que es la líder más importante de la Argentina, imagínense qué nos puede pasar a nosotros si alguien encamina desde el poder nuestra suerte”.
“Los argumentos básicos de la recusación es que la jueza recibe un estipendio por prestar (servicios) supuestamente como investigadora del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño”, explicaron los abogados y advirtieron que el reglamento establece que los jueces “sólo pueden ser docentes”.
Además, entre algunas de las objeciones que los letrados hicieron al desempeño de Capuchetti mencionaron que “llama poderosamente la atención” que no se haya investigado “la previa del atentado”, período en el cual “la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un papel por lo menos de omisión”.
A esto sumaron un oficio para que declare en este planteo un fiscal que en julio pasado no obtuvo respuesta cuando le pidió a D’Alessandro “que respondiera sobre las medidas de seguridad que iban a ser adoptadas en torno al Instituto Patria”, blanco de escraches y amenazas, al igual que el despacho en el Senado de la Vicepresidenta.
Los abogados argumentaron que Capuchetti podría haberse excusado de intervenir en el expediente, pero, en cambio, la “demora” que le imprimió a la causa provocó la “pérdida” de pruebas, como los teléfonos celulares de las asesoras del exfuncionario macrista Gerardo Millman.
“Venimos a una cantidad de audiencias a la Cámara por cuestiones de mero trámite y que no son apelables; no habría motivo si hubiera una investigación racional”, declaró Ubeira y contrastó el hecho de que, por ejemplo, en la causa abierta sobre Revolución Federal, en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, desde la querella sólo se presentaron 2 escritos.
“No tenemos inconvenientes ni problemas personales con ninguno en particular el tema es que, si no vas a investigar, vamos a tener este problema”, expresó en alusión a Capuchetti.
Aldazabal reflexionó que “todas estas demoras en diferentes pedidos de prueba hacen que siempre terminemos en la superficie y que tengamos que recurrir a la Cámara o a la Cámara de Casación constantemente con cosas que deberían resolverse en 1 o 2 días”.
Más temprano, en declaraciones radiales, Ubeira subrayó que quedó comprobado que Capuchetti “recibía un dinero determinado” por parte del Ministerio de Seguridad porteño, en referencia al cargo que la jueza mantiene en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA.
“Las incompatibilidades son cada vez mayores y la investigación está sumida en un pozo. La jueza no quiere avanzar en determinadas líneas porque van a comprometer a los verdaderos mandantes de los detenidos”, remarcó.
Agregó que aunque “los autores materiales del atentado están detenidos”, los intelectuales no están siendo investigados y recordó que “hasta el día del hoy la jefa del PRO (Patricia Bullrich) todavía no repudió el atentado a Cristina”.
“Es un grupo de neonazis que instigados por el grupo más ultra derechoso del PRO decidieron matar a Cristina. La investigación tendría que ir hacia arriba, pero todo lo que de alguna manera sugiriera vincular al PRO con el atentado no tiene ningún tipo de posibilidad”, remarcó Ubeira.
Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como “irregularidades y arbitrariedades” cometidos por la jueza “desde el primer día” de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.
En aquella primera recusación, rechazada en dos instancias y a estudio del juez Guillermo Yacobucci de la Cámara de Casación Penal, los abogados de la querella le cuestionaban a la jueza Capuchetti no haber profundizado distintas líneas de investigación, entre las que destacaban “la pista Milman”.
> Con información de TÉLAM.
