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Para gobernadores como Juan Schiaretti o Juan Manuel Urtubey, no hay nada peor que quedar en la misma vereda que Cristina Fernández. Mauricio Macri les enrostró ayer que allí están, siguiéndola, con la propuesta para retrotraer los tarifazos a noviembre de 2017 e indexar las tarifas con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en vez del dólar. En el círculo rojo de Olivos no entienden como, por un lado adhieren al modelo neoliberal en curso algunos de los peronistas dialoguistas, y por otro dejan que la ley salga muy campante, aprobada en el Senado. Si bien todo indica que habría veto presidencial, en el gobierno evalúan ahora hacer una presentación de inconstitucionalidad, porque aducen, el Congreso no puede fijar tarifas.
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En parte es cierto. Pero carece de la otra parte del análisis: lo que está sucediendo es que las instituciones y el sistema político no sobreviven o terminan maltrechos con los ajustes económicos. Esto sucede en los países de la periferia como el nuestro.
El peronismo en el Congreso, más que voluntad de co-gobernar, tomó debida nota de los costos que tuvo, en política, la reforma laboral de diciembre. Fue tan intenso el desgaste, que el presidente se quedó sólo con su base electoral y sin el suplemento social de los amplios sectores que lo apoyaron en 2015 y 2017 para derrotar al kirchnerismo. Ese escenario, les hizo ver a los gobernadores que había alguna posibilidad en 2019, algo que hasta hace algunos meses era impensado. Si bien todos piensan con pragmatismo en conservar sus gobernaciones, para lo cual imaginan adelantar las elecciones locales, ninguno quiere quedar preso del repudio de la sociedad por hacer una política en sintonía con la administración nacional. Ninguna encuesta muestra que rinda esta estrategia. Resultado: nadie quiere seguirla. De esa convicción nació el proyecto para cambiar la política tarifaria.
Macri apuntó con su virulento discurso a la ley anti-Tarifazos y también al acuerdo con el FMI. El organismo internacional no va a brindar ninguna ayuda financiera si el gobierno no suma al ala neoliberal del peronismo dialoguista al duro ajuste que llegará con Christine Lagarde. El presidente cree que puede lograrlo, pero ya sabe que no le alcanza con palabras entre cuatro paredes.
A los dos gobernadores señalados, sus operaciones creen poder sumar al entrerriano Gustavo Bordet, el misionero Hugo Passalacqua, el chubutense, Mariano Arcioni, y la gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, una aliada de Urtubey. Cuenta además que los mandatarios de los partidos provinciales de Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro se subirán al mismo tren. Del otro lado quedarían menos de una decena de gobernaciones peronistas, con algunas de ellas, como la del chaqueño Domingo Peppo, que aún no han tomado una posición definitiva.
Con su discurso, el presidente Macri mostró también las debilidades políticas de la restauración neoliberal. Su carencia, es la falta de una fuerza política que le dé sustentabilidad al ajuste. Esto implica que necesita sumar a otros sectores políticos en términos orgánicos y vencer en la batalla de la opinión pública, para evitar que se instale un relato opositor y lo que sería peor, un candidato con posibilidades de victoria. Por ahora, los gobernadores dialoguistas le han servido para taponar alguna aparición estelar, pero en los meses por venir, el ajuste abrirá el escenario. Y como señala el consultor Jaime Durán Barba: “No es disparatado pensar en un regreso de Cristina Fernández en 2019 si Macri fracasa con su programa económico”.
QUÉ DIJO MACRI
Macri le pidió al peronismo dialoguista que “sea responsable con el futuro de los argentinos y no voten una ley inconstitucional”. Recordó que viene manteniendo reuniones con mandatarios provinciales con quienes coincide en la necesidad de reducir el déficit fiscal, pero aseguró que ninguno le acercó una propuesta que vaya en esa línea. “Las leyes mágicas claro que suenan bien, pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían?, ¿de dónde sale el dinero para poder taparlo? Porque no tenemos ese dinero”.
Agregó que “varios gobernadores peronistas dijeron públicamente que el Congreso no debe legislar sobre las tarifas y se han manifestado en contra del proyecto. Le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable. Que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional porque la etapa del despilfarro se terminó”.
LOS PROYECTOS EN EL SENADO
-La iniciativa opositora consiste en retrotraer las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 (previo a la última readecuación tarifaria), restringir futuros incrementos al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y devolver, en 60 días, los aumentos por encima de ese cálculo que se produjeron en los últimos meses. El aumento de abril, según las regiones del país, en el caso del gas superó el 40%. Se excluyen de estos beneficios a los usuarios de categorías superiores de luz y gas, no se rebajará el IVA como se había planteado en un principio y se incorporaron definiciones precisas para definir a los usuarios de tarifa social, incluyendo en esa categoría a los clubes de barrio. En lo básico, rompe el programa oficial de dolarizar las tarifas y las liga al precio del salario, desconectando la manguera que transfiere recursos desde los usuarios, comercios e industrial a petroleras, generadoras de electricidad y distribuidoras de luz y gas.
-El planteo del macrismo es rebajar a la mitad el IVA en los consumos residenciales y con tarifa social (de 21 a 10,5%) y de las PyMES (de 27 a 21%) en los consumos de luz y gas. Es una copia de la iniciativa de Schiaretti y Urtubey.
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